Un comité de los inmóviles por vocación: el deporte y la recreación bogotana

Bogotá está a punto de alcanzar su techo demográfico: 7,94 millones de habitantes hacinados en una densidad de 192 personas por hectárea, según el DANE. Una ciudad que, además, envejece aceleradamente: el 14,9 % de su población ya supera los 60 años. En este escenario, los parques, la actividad física y el deporte no son un lujo: son salud pública, cohesión social y prevención del conflicto... O deberían serlo.

En teoría, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, es el corazón que oxigena la ciudad. Su misión promete "potenciar el bienestar integral de la ciudadanía" mediante actividad física, recreación, deporte y sostenibilidad de parques. El Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024–2027 refuerza la promesa con cifras grandilocuentes: 52 programas anuales, 366 laboratorios barriales, 47 parques intervenidos, 146 escenarios mantenidos y $ 383.000 millones invertidos en 2024.

En la práctica, el IDRD se ha convertido en un comité administrativo del sedentarismo institucional.

Dos años de gobierno: distancia, confrontación y desinterés

A mitad del mandato, el alcalde ha dejado claro su estilo: distancia con la ciudadanía, poca escucha y predilección por la confrontación. Tan marcada es esta inclinación que ni siquiera evita el choque público con su propio hermano, al punto de advertir que una eventual candidatura presidencial de Juan Manuel Galán “no es conveniente ni ética”.

Si así trata al hermano, no cuesta imaginar cómo percibe al ciudadano que ejerce control social.

El mensaje político es claro: el que pregunte incomodará; quien vigile estorbará.

El problema no es el plan: es quién lo ejecuta

Una revisión de los perfiles del Comité Directivo y el Comité Asesor del IDRD (noviembre de 2025) revela una paradoja grotesca: el 95 % de sus directivos no tiene formación ni experiencia en deporte, recreación o actividad física, (las normas no se negocian dicen el alcalde).

Gobernar el movimiento humano desde el desconocimiento técnico es como dirigir un hospital sin médicos.

Los perfiles:

• Dirección General: politólogo y abogado, con trayectoria administrativa. Buena retórica, poca musculatura técnica para una ciudad con más de 5.000 parques.

• Secretaría General: abogado experto en trámite. Útil para sellos y memorandos, irrelevante para políticas de recreación masiva.

• Subdirección Administrativa y Financiera: economista en inteligencia de negocios. Excelente para balances, incapaz de leer cuerpos, ciclos de vida o necesidades poblacionales.

• Subdirección Técnica de Recreación y Deporte: relaciones internacionales con MBA en psicología del consumidor. Ninguna formación en educación física, recreación o deporte. Este es el cargo que define la política de actividad física de Bogotá.

• Subdirección de Construcciones: gestión urbana. Sabe de planos, no de cuerpos en movimiento.

• Subdirección de Parques: ingeniero ambiental. Pertinente a medias para una ciudad de casi ocho millones, con profundo desconocimiento de lo que es UN PARQUE.

El equipo asesor, el "parche técnico", apenas aporta tres perfiles con alguna relación con la misión, sin capacidad real de decisión. En síntesis: abogados y economistas gobernando el deporte, como si el músculo se activara por decreto.

PROGRAMAS QUE CUMPLEN EN EL PAPEL Y FALLAN EN EL BARRIO

Los 52 programas existen, sí, pero funcionan como listas de chequeo: eventos sueltos, sin seguimiento ni efecto real. La recreación se volvió una cifra, no una política. Se cumple el indicador; no se transforma la vida, se cuentan PAX.

PARQUES CONVERTIDOS EN FOCOS DE CONFLICTO

Barrios como Salitre El Greco, Pablo VI, La Esmeralda o Quirinal reportan:

• Ruido nocturno superior a 65 decibeles,

• Aumento del 15 % en robos tras eventos masivos,

• Basura, ventas informales desbordadas,

• Adultos mayores desplazados de su propio espacio.

El IDRD y la Secretaría de Ambiente autorizan eventos, pero carecen de personal con capacidad técnica para medir efectos sociales y ambientales; violan, claramente, la ley contra el ruido (2450 del 2025), violentando e ignorando la población adulta del vecindario, algo acorde con un alcalde distante que frecuentemente dice que LAS NORMAS NO SE NEGOCIAN.

Gobernar el deporte sin conocerlo no es torpeza: es desprecio

Adulto mayor: el gran ausente

Con casi el 15 % de la población envejecida, no existe una política seria de envejecimiento activo. Ningún directivo clave tiene formación en fisiología del ejercicio, salud pública o gerontología.

El ODS 3: salud y bienestar, no figura en la agenda real del alcalde.

Participar es sospechoso

La Constitución protege la participación ciudadana (arts. 2, 40, 103 y 270). En la práctica, quien ejerce control es visto como enemigo, expuesto y, cuando es posible, sancionado. La crítica no se responde: se castiga.

Ley 909: mérito en pausa

La Ley 909 exige mérito, experiencia y pertinencia. En el IDRD abundan:

• Encargos

• Nombramientos sin concurso

• Perfiles no sectoriales

• Homologaciones forzadas

No es error administrativo: es decisión política. LAS NORMAS NO SE NEGOCIAN DICE EL ALCALDE.

Tercerización sin control

Escuelas deportivas, parques y escenarios se entregan a operadores privados. La Corte ha sido clara: DELEGAR NO ES RENUNCIAR AL CONTROL. Aquí se hace lo segundo. EL BALANCE: OSTRACISMO DEPORTIVO.

Bogotá envejece, se densifica y se tensiona, mientras el deporte queda relegado. El IDRD dejó de ser motor de bienestar y se volvió oficina de eventos y contratos.

Epílogo electoral

Todo indica que 2026 será año de fichas políticas: mover estructuras, asegurar votos al Senado, preparar el salto presidencial. El último año de gobierno, como ya es costumbre, servirá para inaugurar obras ajenas, posar para la foto y sacar pecho por proyectos que no se diseñaron, no se contrataron y no se gerenciaron desde esta administración. Bogotá merece algo mejor. PORQUE GOBERNAR EL DEPORTE SIN CONOCERLO NO ES TORPEZA: ES DESPRECIO.

Esta administración no amerita más palabras: ya se explicó sola, tropezando con la misma piedra, mirando desde lejos y tratando al ciudadano como estorbo persistente. Solo resta esperar que termine el contrato del “celador” de las obras heredadas.