Abrir el mundo, no reducirlo

Antonio Nariño entendió muy temprano que el poder no estaba solamente en las armas ni en las instituciones, sino también en la circulación de las ideas. No por casualidad la traducción y publicación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano terminaron convirtiéndose en un problema político. La imprenta era peligrosa porque abría ventanas y permitía que las personas accedieran a pensamientos, debates y visiones del mundo que hasta entonces estaban restringidos.

Dos siglos después, cuando las tecnologías digitales han expandido radicalmente las posibilidades de acceso al conocimiento universal y Colombia, aun con profundas precariedades pendientes por resolver, ha logrado consolidar una red bibliotecaria relativamente robusta para el contexto regional, resulta inquietante que el proyecto de reforma a la Ley General de Cultura aprobado en Cámara condicione el acceso de las bibliotecas a apoyos públicos al cumplimiento de una cuota mínima del 50 % de obras y editoriales colombianas en sus colecciones. ¡Del 50 %!

He defendido siempre la necesidad de corregir desigualdades históricas, fortalecer sectores culturales y comunidades históricamente excluidas.

Aclaro algo de entrada: esta no es una crítica a la producción editorial colombiana ni tampoco a las acciones afirmativas o a los enfoques diferenciales que buscan ampliar la representación de comunidades históricamente excluidas en los campos de la escritura y del libro. He defendido siempre la necesidad de corregir desigualdades históricas, fortalecer sectores culturales y comunidades históricamente excluidas, y permitir que la sociedad en su conjunto amplíe sus imaginarios accediendo a múltiples relatos y maneras de narrarse.

El proyecto aprobado en Cámara establece que “los programas, ferias, bibliotecas y librerías públicas que reciban recursos del Estado deberán garantizar una cuota mínima del 50 % de los títulos y ejemplares provenientes de autores y editoriales colombianas, priorizando producciones regionales, independientes y de comunidades étnicas”.

La intención es buena: garantizar la circulación de autores y contenidos locales, independientes y de comunidades históricamente excluidas y fortalecer la industria editorial nacional en un contexto de preocupación por la reducción de ventas físicas, el crecimiento de audiolibros, la expansión de plataformas digitales y una competencia global cada vez más intensa.

El problema no es la existencia de una cuota, sino aplicar una misma lógica a actores y espacios culturales que cumplen funciones muy distintas dentro del ecosistema del libro y la lectura.

El problema no es la existencia de una cuota, sino aplicar una misma lógica a actores y espacios culturales que cumplen funciones muy distintas dentro del ecosistema del libro y la lectura.

Mientras las ferias, ciertos programas y agendas culturales, o incluso algunas estrategias de circulación editorial, tienen como propósito principal promover autores, editoriales y contenidos específicos, las bibliotecas cumplen una función pública mucho más amplia: garantizar la libre circulación de ideas y tradiciones culturales diversas como condición necesaria para el ejercicio de la libertad de pensamiento y la formación de ciudadanías críticas. En ese sentido, las bibliotecas —a través de los libros— son espacios que promueven la empatía, el encuentro, la convivencia y la ampliación de horizontes culturales.

Alberto Manguel es uno de los grandes ensayistas contemporáneos sobre lectura, bibliotecas, memoria y circulación del conocimiento. En su obra, que desarrolla la pregunta de cómo los seres humanos construyen sentido a través de los libros, nos recuerda que las bibliotecas son mucho más que depósitos de libros: son espacios de libertad intelectual, conversación entre culturas y defensa contra el control del conocimiento. En ellas conviven voces, épocas y formas de pensamiento distintas. Y justamente por eso las sociedades democráticas necesitan garantizar que las personas puedan acceder libremente a múltiples tradiciones culturales e intelectuales, porque leer implica siempre entrar en contacto con mundos distintos al propio.

En otras palabras, el problema de fondo es que la reforma se concentra en proteger al escritor y al editor debilitando la función democrática más profunda de las bibliotecas. ¿Dónde quedan los lectores?, ¿las comunidades?

Ellos deben seguir siendo el fin esencial y el centro de las políticas públicas de fomento de las bibliotecas, los archivos y los procesos de lectura, escritura y oralidad. Desafortunadamente, en estos escenarios legislativos, los intereses de los lectores, las comunidades y los usuarios de las bibliotecas corren el riesgo de quedar subordinados a agendas sectoriales con una representación mucho más organizada y visible.

Vale la pena resaltar que la legislación vigente en materia de bibliotecas expresa una visión equilibrada: reconoce que las colecciones deben construirse de acuerdo con las necesidades de las comunidades a las que sirven y, al mismo tiempo, promueve una perspectiva territorial que incentiva la presencia de obras de autores locales en los acervos bibliográficos.

Por eso, el cambio que hoy se le propone al país obliga a detenernos en una pregunta fundamental: ¿es un avance o un retroceso reemplazar un criterio que busca equilibrar las necesidades específicas de las comunidades y la circulación de ciertos autores, por otro que prioriza únicamente este último objetivo?

Por otro lado, la medida parte de una comprensión extraordinariamente homogénea del ecosistema bibliotecario colombiano. No es lo mismo una biblioteca comunitaria rural que una biblioteca universitaria especializada; una biblioteca infantil que una científica; una biblioteca pública municipal que una biblioteca de caja de compensación o una biblioteca privada de acceso público, especializada en alguna materia. Cada una responde a comunidades, necesidades y contextos distintos.

La cuota propuesta parece desconocer esa diversidad y abre preguntas inevitables: ¿qué ocurriría con bibliotecas especializadas en ciencias, tecnología, astronomía, filosofía, arqueología o lenguas extranjeras? ¿Cómo funcionaría esta obligación en bibliotecas universitarias o en bibliotecas cuya razón de ser depende precisamente de acceder a circuitos internacionales de conocimiento? ¿Quedarían impedidas para acceder a apoyos públicos? Y, sobre todo, ¿cómo garantizar el acceso suficiente a materiales sobre temas que no tienen amplia producción en el país, como ciencia, tecnología, filosofía, literatura universal o culturas contemporáneas?

Yendo a un plano todavía más operativo, la realidad material de las bibliotecas colombianas plantea otros interrogantes de cara a la propuesta de norma.

Muchas sobreviven con enormes dificultades presupuestales. Municipios que no invierten en renovación de colecciones. Bibliotecas con déficit de personal profesional y recursos limitados para programas de mediación y fomento a la lectura. Infraestructura deteriorada. Problemas básicos de mantenimiento. Colecciones construidas durante décadas a partir de donaciones y esfuerzos quijotescos. Bibliotecarios haciendo milagros cotidianos para sostener espacios públicos fundamentales.

¿Cómo puede el Estado imponer una obligación tan rígida sobre colecciones que ni siquiera financia de manera suficiente? ¿Cómo podrían muchas bibliotecas renovar aceleradamente sus colecciones para cumplir una cuota legal que les permita acceder a apoyos públicos cuando apenas logran sostener su operación básica? ¿Dónde están los estudios de impacto presupuestal? ¿Dónde están las líneas base sobre composición actual de colecciones? ¿Cuántas bibliotecas podrían cumplir hoy ese requisito? ¿Cuántas no? ¿Cuánto les costaría cumplirlo? ¿En cuánto tiempo lo podrían hacer?

Con relación a las comunidades étnicas, también deberíamos comprender mejor cómo funcionan sus formas de producción y circulación de conocimiento para entender que las preocupaciones en torno a la protección y promoción de sus saberes no pasan únicamente por cuántos libros de su autoría hay en una estantería.

Con relación a las comunidades étnicas, también deberíamos comprender mejor cómo funcionan sus formas de producción y circulación de conocimiento para entender que las preocupaciones en torno a la protección y promoción de sus saberes no pasan únicamente por cuántos libros de su autoría hay en una estantería. Pasan, por ejemplo, por reconocer que muchos pueblos indígenas transmiten sus conocimientos de forma oral y no escrita. Pasan por abrir debates sobre preservación lingüística, oralidad, memorias colectivas y sistemas propios de transmisión del conocimiento que no encajan dentro de los modelos clásicos de sistematización del conocimiento o de protección de la propiedad intelectual.

Ahí existe un vacío y un reto enorme.

También persiste la necesidad de fortalecer la creación y circulación de autores colombianos, locales, independientes y pertenecientes a comunidades étnicas, cuyas barreras históricas han sido reales. A todos nos conviene acceder a sus ideas, relatos y creaciones.

Como se ha señalado antes, acciones afirmativas similares a la contenida en el proyecto de ley pueden resultar pertinentes en programas de estímulos a la creación, ferias y estrategias orientadas a la promoción editorial y la circulación de autores nacionales.

Pero, en lo que se refiere a las bibliotecas, que cumplen una función pública tan relevante, la medida parece generar un daño cultural mayor que el beneficio esperado, pues debilita exactamente aquello que debería proteger: el derecho de las comunidades a pensar, imaginar y leer en libertad.

Las bibliotecas existen para abrir el mundo, no para reducirlo.

Las bibliotecas existen para abrir el mundo, no para reducirlo.