La constituyente que no constituye

En el último año, he visitado la Universidad Nacional, sede Bogotá, dos veces. El año pasado fui invitado a un desayuno de egresados de economía y este año asistí a un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el auditorio León de Greiff. Es inevitable ir al campus y no sentir nostalgia y agradecimiento por lo vivido allí durante mi paso por el pregrado y la maestría. Y aunque el espíritu contestatario aún se respira, estas visitas me dejaron una sensación distinta que se ve en los edificios.

En mi época de estudiante los grafitis decían "USA te usa", "Yankees go home", y alguno que otro mensaje sobre una visita presidencial a Estados Unidos, a la ONU o algo por el estilo. Esta vez, los mensajes eran distintos. Vi muchos grafitis a favor y en contra de algo llamado "constituyente universitaria". Y por primera vez sentí ―como egresado, no como observador― que la universidad que me formó está enredada en una discusión que confunde lo esencial.

Por primera vez sentí ―como egresado, no como observador― que la universidad que me formó está enredada en una discusión que confunde lo esencial.

La Mesa Constituyente Universitaria (Mecun), instalada en noviembre de 2025, radicó recientemente su documento final ante el Consejo Superior Universitario. La propuesta busca, entre otras cosas, elegir directivos, como rector, vicerrector, decanos, por mecanismos democráticos vinculantes, crear un nuevo órgano colegiado con poder de revocatoria, y financiar agrupaciones internas con el presupuesto. Todo envuelto en el lenguaje de la "democratización".

Permítanme, como egresado que le debe casi todo a esa universidad, plantear por qué me parece un error.

Empiezo por lo más obvio. Una constituyente que no constituye a casi nadie no merece su nombre. Según las cifras de la propia universidad, la participación se resume así: 6,66 % en pregrado, 1,05 % en posgrado, 0,63 % en egresados, 8,12 % en docentes no pertenecientes a carrera profesoral y 25,40 % en docentes de carrera. Son porcentajes insuficientes para legitimar un proceso de semejante magnitud. Francisco Cajiao ya lo dijo con razón: "hablar de constituyente universitaria es un contrasentido". El uso del término es, en el mejor de los casos, una metáfora ambiciosa; en el peor, un mimetismo con la agenda política nacional.

Pero el problema de fondo es otro. La discusión sobre cómo gobernar una universidad parte casi siempre de una analogía equivocada: la analogía política. Como si la UN fuera una pequeña república a la que le faltara sufragio universal. No lo es. Una ciudad, un país, un sindicato son instituciones políticas: agregan preferencias, distribuyen recursos, y su legitimidad nace del voto. Una universidad es una institución académica. Produce conocimiento, certifica saber, forma criterios. Su legitimidad no nace del voto sino del rigor académico y del juicio de pares. Por eso las decisiones que la definen (qué se publica, a quién se le otorga titularidad, qué currículo se enseña, qué línea de investigación se financia) no se toman por mayoría, sino por evaluación experta.

La discusión sobre cómo gobernar una universidad parte casi siempre de una analogía equivocada: la analogía política.

Cuando se traslada el modelo electoral a una institución académica, no hay exceso de democracia: hay categoría equivocada. La universidad necesita más democracia deliberativa (claustros, debates abiertos, transparencia, rendición de cuentas), pero no democracia electoral plebiscitaria. Son cosas distintas, y la Mecun las trata como sinónimos.

Y no estoy interpretando con mala fe. Basta leer el sitio oficial del proceso para ver que la propia Mecun adopta el lenguaje de la política constituyente. El sitio incluso plantea "impulsar una transformación legislativa de largo alcance" que modifique la composición del CSU y la estructura tripartita. Una cosa es ejercer la autonomía que la ley permite; otra es usar el proceso interno como ariete contra el marco legal.

Detrás de esto hay un argumento de horizonte temporal que conviene nombrar. Un rector electo bajo lógica de campaña tiene incentivos para prometer lo consumible en un período: más cupos, menos exigencia, más visibilidad inmediata. Las decisiones académicas estratégicas, sostener una facultad poco demandada pero esencial, invertir en investigación básica cuyos frutos llegan muchos años después, exigir más rigor aun a costa de la deserción, son por naturaleza temas poco atractivos para “los votantes”. Y no es asunto solo del voto estudiantil. Los profesores también tienen intereses corporativos legítimos: más salario, menos carga, más estabilidad. Una gobernanza académica seria está pensada justamente para proteger lo que ningún grupo interno, por sí solo, tiene incentivos para defender.

Una gobernanza académica seria está pensada justamente para proteger lo que ningún grupo interno, por sí solo, tiene incentivos para defender.

Tampoco es casual que ninguna universidad de élite global use el modelo que la Mecun propone. Harvard, Yale, Stanford, Oxford o Cambridge no eligen a sus presidentes por voto comunitario: los designan corporaciones que combinan académicos, egresados y administradores con horizontes de largo plazo. No es conspiración ni casualidad: es un aprendizaje institucional sobre qué tipo de gobierno funciona en una institución de conocimiento.

Concedo lo que hay que conceder. La UN tiene problemas reales de gobernanza. La crisis del nombramiento del rector en 2024, con el fallo del Consejo de Estado, los desnudó. El CSU, con mayoría de externos, decide sobre una comunidad que no se siente representada; el 30 % del profesorado sigue siendo ocasional. Eso hay que arreglarlo. Pero la vía no es disfrazar de constituyente una reforma estatutaria, ni destinar miles de millones a logística política mientras hay aulas sin mantenimiento. La vía pasa por reformar integralmente la Ley 30 en el Congreso*, fortalecer los claustros como espacios deliberativos vinculantes, y profesionalizar la administración académica.

Mi diploma de la UN no pierde valor por la inflación. Pierde valor cuando la institución que me lo entregó se convierte en un campo de batalla político. Me uno al llamado de Moisés Wasserman, exrector de la Universidad, que en columna reciente fue tajante: "…se debería terminar el experimento". Como egresado, digo lo mismo: no a esta constituyente.

Mi diploma de la UN no pierde valor por la inflación. Pierde valor cuando la institución que me lo entregó se convierte en un campo de batalla político.

[*] La reforma reciente se ocupó de la financiación.