
Hace un par de semanas participé en un conversatorio sobre cultura viva comunitaria. La conversación giró, más o menos, alrededor de tres preguntas: ¿qué es la cultura viva comunitaria?, ¿qué es la gestión cultural comunitaria? y ¿cuál es hoy su principal desafío?
En medio de la conversación, con desarrollos y matices muy interesantes, varios participantes sostuvieron que ya no tenía sentido hablar de cultura viva comunitaria porque, en realidad, toda cultura es comunitaria. Que tampoco existía una gestión cultural comunitaria, porque toda gestión cultural debería serlo y la separación entre ambas era más bien jerarquizante y excluyente.
Entendí el espíritu de esas afirmaciones. Durante décadas hemos trabajado para ampliar nuestra comprensión de la cultura, para dejar de reducirla a las bellas artes, a la programación de eventos o a los grandes monumentos y equipamientos culturales. La cultura viva comunitaria amplió ese horizonte al enseñarnos que la cultura atraviesa la vida cotidiana, los territorios, las memorias, los vínculos y las formas de organización social. También amplió nuestra idea de infraestructura cultural. Nos mostró que esta no se reduce a museos, teatros, bibliotecas o casas de la cultura. Existe otra infraestructura, menos visible y quizá más decisiva: las redes de confianza, los liderazgos barriales, las organizaciones comunitarias, las fiestas, los saberes compartidos y las relaciones que sostienen la vida colectiva. Esa infraestructura no se inaugura con una placa. Se construye durante años y es, probablemente, una de las formas más valiosas de patrimonio que puede producir una sociedad.
Sin embargo, mientras escuchaba aquella conversación, pensaba que podíamos estar cruzando una frontera peligrosa, porque algunas ideas desaparecen cuando se las persigue o combate. Pero otras empiezan a desaparecer cuando dejan de distinguirse. Cuando se diluyen. Cuando triunfan porque terminan incorporándose al concepto y al discurso dominante.
La cultura viva comunitaria nació para corregir un punto ciego de las políticas culturales. Nos obligó a mirar donde antes no mirábamos. Nos enseñó que los barrios, las veredas, las bibliotecas populares, los colectivos juveniles, las comparsas, las organizaciones de mujeres, las escuelas comunitarias, las comunidades locales y tantos otros procesos no eran simples destinatarios de la política cultural. Eran productores de cultura.
La cultura viva comunitaria nació para corregir un punto ciego de las políticas culturales.
Ese cambio de mirada transformó profundamente la gestión cultural. Su mayor aporte no fue crear una nueva etiqueta, sino ampliar nuestra manera de entender la cultura.
Ya no se trataba de llevar cultura a los territorios, sino de reconocer que los territorios ya la producían; de entender que la gestión cultural no se limita a administrar actividades, sino que también consiste en fortalecer capacidades, cuidar procesos y crear condiciones para que las comunidades ejerzan plenamente sus derechos culturales con autonomía. Esa fue, quizá, su mayor revolución. Y también una de las transformaciones que hicieron posible una de las reflexiones más fecundas del pensamiento cultural contemporáneo: el tránsito de la democratización de la cultura a la democracia cultural, una discusión en la que América Latina ha hecho algunas de las contribuciones más originales, junto con el desarrollo del patrimonio cultural inmaterial.
Y precisamente porque la cultura viva comunitaria transformó la manera de entender la cultura, podría parecer que hoy ya no hace falta nombrarla.
Creo que ocurre exactamente lo contrario.
La semana pasada asistí al segundo Encuentro Iberoamericano de Cultura organizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá y la OEI. En medio de tantas voces interesantes, hubo una que fue, para mí, un verdadero regalo: la del filósofo portugués Paulo Pires do Vale. En su luminosa reflexión abordó uno de los cambios más importantes de las últimas décadas: el paso de la democratización de la cultura a la democracia cultural.
La diferencia parece apenas un matiz, pero no lo es.
La democratización de la cultura buscaba acercar a todos una idea previamente definida de lo que era la cultura. La democracia cultural parte de otra premisa: no existe una única cultura, sino múltiples formas legítimas de crearla, vivirla y transmitirla. No existe una cultura, sino muchas culturas. No existe una ciudad, sino muchas ciudades que conviven en una misma ciudad.
Mientras lo escuchaba comprendí mejor la inquietud con la que había salido del conversatorio sobre cultura viva comunitaria. La democracia cultural consistió en ampliar el horizonte. Pero ampliar el horizonte no debe significar borrar los caminos que permitieron llegar hasta él.
Curiosamente, durante esas mismas jornadas volví a encontrar la misma paradoja. Esta vez ya no sobre la cultura viva comunitaria, sino sobre la propia cultura. En varias intervenciones se insistió, con razón, en que la cultura atraviesa la educación, la salud, el ambiente, la economía, la ciencia, el urbanismo y prácticamente todas las dimensiones de la vida social. En ciertas formulaciones, sin embargo, esa idea parecía estirarse hasta conducir a una conclusión distinta: que, precisamente por ello, todo es cultura.
Y es verdad que la cultura dialoga con todos esos campos. Los transforma y, a su vez, es transformada por ellos. Pero dialogar con todo no significa ser todo. De ahí la importancia de explicar con cuidado qué significa, y qué no significa, afirmar que la cultura es transversal. Cuando un concepto termina identificándose con todo, también corre el riesgo de vaciarse de contenido. Pierde capacidad para delimitar un ámbito específico, construir conocimiento propio y, finalmente, orientar políticas públicas.
En ambos casos, la paradoja es la misma.
Si toda cultura es cultura viva comunitaria, la cultura viva comunitaria deja de existir como tradición específica y corre el riesgo de ser borrada en tiempos en que el valor económico de la cultura impida reconocer su valor social y simbólico. Esa fue, justamente, mi respuesta a la tercera pregunta con la que comenzó aquel conversatorio: ¿cuál es hoy el principal desafío de la cultura viva comunitaria? No ser borrada.
En el mismo sentido, si todo es cultura, la cultura también termina perdiendo su especificidad, su complejidad y el amplio acervo de conocimientos, enfoques y herramientas que el campo ha construido durante décadas.
Y el problema no es solamente conceptual. Tiene también consecuencias muy concretas. Durante años celebramos que la cultura, en el diálogo necesario con otros sectores, pudiera acceder a nuevas fuentes de financiación y cooperación. Hoy empezamos a observar el movimiento inverso: proyectos cuya naturaleza ya no es propiamente cultural buscan ser financiados con recursos destinados a la cultura aprovechando que las fronteras conceptuales se han vuelto cada vez más difusas.
El riesgo es el mismo: que el esfuerzo por ampliar los conceptos termine disolviendo aquello que precisamente buscábamos reconocer.
Hace unos días, mientras trabajábamos en la evaluación de la política cultural de Bello, Jairo Adolfo Castrillón reconstruía la historia de ese movimiento en el municipio. En medio de esa generosa conversación, explicó algo que me llamó la atención. A diferencia de otras experiencias latinoamericanas, en Bello y Medellín ha predominado la idea de que lo comunitario no tiene que construirse contra el Estado ni contra el sector privado. La apuesta ha sido otra: lograr que tanto el Estado como la empresa privada fortalezcan agendas construidas por las propias comunidades, sin sustituirlas ni apropiarse de ellas.
Quizá uno de los mejores símbolos de esa visión sea el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, en Medellín —donde tuvo lugar mi conversatorio—, que transformó un barrio levantado sobre una antigua montaña de basura en un lugar de vitalidad cultural incomparable. Fue construido gracias a la donación de un privado, diseñado por Rogelio Salmona, apropiado por la comunidad y sostenido mediante alianzas entre organizaciones sociales e instituciones públicas. No representa la victoria del Estado o del sector privado sobre la comunidad, ni de la comunidad sobre ellos, sino la posibilidad de construir alianzas que fortalezcan los procesos comunitarios sin desplazar a las comunidades del lugar que les corresponde: el centro del proyecto cultural.
No representa la victoria del Estado o del sector privado sobre la comunidad, ni de la comunidad sobre ellos, sino la posibilidad de construir alianzas (...)
Todo esto adquiere una relevancia especial en el momento político que vivimos. Cuando cobran fuerza visiones que tienden a medir la cultura por su rentabilidad económica o miran con desconfianza muchas expresiones asociadas con la participación comunitaria, la diversidad y los derechos culturales, resulta especialmente importante conservar las categorías que nos permiten reconocer aquello que esas miradas suelen dejar fuera.
Sería una paradoja que, justo cuando esos discursos reaparecen, quienes durante décadas hemos defendido una concepción amplia de la cultura termináramos borrando algunas de las categorías que hicieron posible esa ampliación o invisibilizando los rasgos propios del campo cultural.
Tal vez esa sea una de las lecciones más profundas de la democracia cultural: las sociedades democráticas necesitan categorías capaces de distinguir y abrazar la diversidad de miradas culturales propia de las sociedades plurales. Por eso, la cultura viva comunitaria no necesita asimilarse al concepto general de cultura para justificar su existencia. Le basta con seguir recordándonos algo que cambió para siempre la política cultural: que las comunidades no son el lugar donde llega la cultura. Son uno de los lugares donde la cultura nace, se cuida, se transforma y se proyecta.
Nombrar importa porque permite hacer visibles realidades que, de otro modo, volverían a quedar ocultas. Aquello que una sociedad deja de nombrar acaba, tarde o temprano, por volverse más difícil de proteger. El primer paso para cuidar una realidad es seguir siendo capaces de verla.
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