La película completa

La decisión del Ministerio de las Culturas de no continuar este año con los premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos acapara titulares e interacciones en redes sociales. Y claro que es una pésima noticia para el sector. 

No se trata, conviene precisarlo, de la suspensión de todo el Programa: las becas, residencias y pasantías siguieron su curso y sus ganadores comenzaron a ser designados desde junio. Lo que se interrumpe son las modalidades de premios y reconocimientos. En ellas, 1.308 propuestas que habían superado la verificación documental no serán evaluadas: 351 correspondientes a premios nacionales y 957 a reconocimientos. 

La preocupación es comprensible. Pero una cosa es reconocer la gravedad de lo que está ocurriendo y otra determinar cómo llegamos hasta aquí.

La conclusión fácil es que el nuevo gobierno llegó a desmantelar el sector. La pregunta difícil es si la crisis del sector empezó el 7 de agosto.

La pregunta difícil es si la crisis del sector empezó el 7 de agosto.

La nueva ministra de las Culturas, Paola Holguín, reportó la semana pasada, durante un debate de control político en el Congreso, $185.482 millones en pagos pendientes por falta de PAC, que afectan a 4.162 beneficiarios. De ese monto, $75.436 millones corresponden a Estímulos y Concertación; $22.116 millones a Artes para la Paz; $21.983 millones a Patrimonio y Memoria; y casi $20.000 millones a Educación y Formación Artística y Cultural. Según informó, los primeros incumplimientos vienen desde febrero y existen además compromisos pendientes de las vigencias 2024 y 2025.

De esto deberíamos ser conscientes quienes hacemos seguimiento al Ministerio porque los reclamos de muchos formadores, artistas y creadores por la falta o la demora en los pagos vienen de meses atrás.

Y hay más datos que ayudan a entender el panorama que recibió el nuevo gobierno. El presupuesto asignado del Ministerio alcanzó en 2024 los $1,335 billones, su nivel más alto en toda la historia, pero comenzó a reducirse desde entonces: pasó a $998.223 millones en 2025 y a $1,020 billones en 2026. Para 2027, el proyecto radicado en julio, todavía bajo la administración anterior, contemplaba una apropiación de $746.556 millones. Es decir, el gobierno anterior recibió un Ministerio con un presupuesto cercano a $637.000 millones en 2022, lo llevó a un máximo histórico en 2024, pero lo entregó con una proyección de $746.556 millones para 2027.

La reformulación presentada en agosto por el nuevo gobierno redujo nuevamente esa cifra, hasta $706.196 millones. Hay, por tanto, una disminución adicional que corresponde explicar, pero sería impreciso atribuir al nuevo gobierno una reducción que, en su mayor parte, ya estaba incorporada en el proyecto de presupuesto que recibió. En cualquier caso, el sector merece explicaciones precisas.

Conviene hacer la siguiente distinción: una cosa es tener recursos apropiados en el presupuesto, otra comprometerlos y otra disponer del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), que es la disponibilidad efectiva de caja que permite al Estado realizar los pagos de obligaciones ya adquiridas. La disponibilidad de PAC no depende exclusivamente del Ministerio, sino de las decisiones de programación y disponibilidad de caja del Gobierno nacional. Lo que sí le corresponde al Ministerio es definir prioridades y adoptar oportunamente medidas de austeridad frente a un escenario de restricción. Precisamente por eso el diagnóstico no admite explicaciones de una sola línea.

Entre abril y julio, la proporción del PAC solicitado por el Ministerio de las Culturas que Hacienda habilitó cayó de 70,9 % a 15,1 %: 59,1 % en mayo y 49,5 % en junio. Al corte de agosto había, además, $28.430 millones certificados pero pendientes de pago en convocatorias, Estímulos y Artes para la Paz. Y del total certificado y pendiente de obligar por falta de PAC, $41.130 millones, el 37 %, correspondían a compromisos de las vigencias 2024 y 2025.

El gobierno anterior deja logros importantes: el Plan Nacional de Cultura 2024–2038, del que resalto especialmente el capítulo concertado con los Pueblos Indígenas; el impulso a la educación artística y cultural como eje de política pública; la profundización de un enfoque territorial, poblacional e interseccional; y la continuidad de los principales instrumentos de fomento económico, incentivos tributarios y financiación desarrollados en gobiernos anteriores, algunos incluso fortalecidos, demostrando que es posible cambiar enfoques y prioridades sin desmontar herramientas que han probado su utilidad para el sector.

Pero también deja una situación administrativa y financiera muy compleja. 

Durante los pasados cuatro años celebramos presupuestos históricos para la cultura, mientras la ejecución medida por obligaciones fue bastante mediocre. En 2024, precisamente el año del mayor presupuesto, la ejecución total del sector Cultura cerró en 64,5 % y la del presupuesto de inversión, en apenas 54,8 %. Para 2026, al corte del 30 de junio, la ejecución presupuestal reportada era del 33 %. Cifras difíciles de defender, que solo pueden ser desmontadas con números.

Durante los pasados cuatro años celebramos presupuestos históricos para la cultura, mientras la ejecución medida por obligaciones fue bastante mediocre.

La infraestructura muestra, sin embargo, por qué también hay que desconfiar del uso que se hace de las cifras, en especial cuando aterrizan en un carrusel de Instagram. Los informes del gobierno saliente muestran proyectos valiosos y una apuesta por infraestructuras con enfoques territoriales y poblacionales. El balance de la nueva administración, por su parte, señala que al momento del cambio de gobierno 18 de 30 proyectos registraban alguna condición de riesgo: 11 estaban suspendidos, abandonados o con solicitudes de suspensión o prórroga, y otros 7 presentaban avances físicos inferiores al 20 %.

En la comunicación pública es frecuente el cherry picking: seleccionar, dentro de un universo más amplio de información, los datos que mejor respaldan la historia que se quiere contar. Y puede hacerse en ambas direcciones: escoger solo las obras terminadas para mostrar una gestión exitosa o solo los proyectos problemáticos para describir una gestión fallida.

Los datos pueden ser ciertos y, aun así, contar una historia incompleta. Por eso, más que escoger entre el relato optimista del gobierno que entrega y el crítico del que recibe, conviene mirar el panorama completo y conservar cierto escepticismo crítico.

¿Qué le corresponde ahora al nuevo gobierno? 

Un gobierno hereda problemas, pero desde el momento en que asume adquiere la responsabilidad de administrarlos y empieza también a responder por sus propias decisiones. La Resolución 1887 es una decisión de esta administración.

El nuevo Ministerio sostiene que las restricciones presupuestales y de disponibilidad de PAC impiden continuar con los premios y reconocimientos. También invoca la falta de capacidad técnica y de personal especializado para adelantar la evaluación. Son explicaciones que deben ser examinadas en detalle.

La primera justificación resulta razonable. La crisis fiscal y de caja que recibió el nuevo gobierno es muy real, y el terremoto sumó nuevas y urgentes prioridades de gasto a un escenario que ya exigía decisiones difíciles. Seguir adelante con un proceso de convocatoria que requeriría alrededor de $9.900 millones adicionales, cuando existen compromisos anteriores pendientes de pago, no parece responsable. Implicaría ampliar una cuenta por pagar que el Estado todavía no tiene cómo cubrir y, además, anunciarle a alguien que es ganador de un recurso que, de antemano, se sabe que no está disponible.

La segunda justificación que invoca el Ministerio es la falta de capacidad técnica y de personal especializado para adelantar la evaluación. Esa razón resulta poco convincente porque justamente el Ministerio tiene la obligación de garantizar la capacidad necesaria para cumplir sus funciones, ya sea con sus equipos o mediante mecanismos de apoyo con universidades, fondos mixtos u otras entidades que cuenten con la idoneidad requerida.

Pero es necesario establecer por qué esa capacidad no estaba disponible en este caso y dónde se produjo la falla. El cronograma vigente, que venía de la administración anterior, establecía el 15 de septiembre como fecha máxima para publicar los ganadores de premios y reconocimientos. Para entonces debían haberse evaluado 1.308 postulaciones. Un proceso de esa magnitud no se organiza en un par de semanas.

Las preguntas, entonces, son varias. ¿En qué estado dejó la administración saliente el proceso de evaluación? ¿Los jurados ya habían sido seleccionados y solo faltaba formalizar su designación? ¿Existían recursos y trámites adelantados para vincularlos? ¿O llegó el 7 de agosto sin que estuviera preparada una etapa indispensable para cumplir un cronograma que fijaba los resultados apenas 39 días después? Y, a partir de ahí, ¿qué ocurrió bajo la nueva administración? ¿Se interrumpieron procesos que ya estaban en marcha? ¿La falta de capacidad técnica obedece a restricciones presupuestales, a la atención del terremoto, a cambios en el personal o a una combinación de estos factores? Solo con esa información será posible establecer qué falló y a quién corresponde cada responsabilidad.

En cualquier caso, a todo esto se suma un problema que empezó a pasar factura desde el momento mismo del sismo y que este episodio vuelve a poner en evidencia: la falta de empalme entre los dos gobiernos. Un empalme no es una cortesía entre administraciones ni supone afinidad entre quienes entregan y quienes reciben el poder. Es un mecanismo de continuidad del Estado, especialmente importante para identificar obligaciones pendientes, procesos en curso, riesgos presupuestales, equipos indispensables y decisiones urgentes.

Es un mecanismo de continuidad del Estado, especialmente importante para identificar obligaciones pendientes, procesos en curso, riesgos presupuestales, equipos indispensables y decisiones urgentes.

Habría sido conveniente que la confrontación política ocurriera arriba mientras, abajo, los equipos hacían su trabajo.

¿Y el terremoto?

Aquí también conviene resistirse a las explicaciones fáciles.

El terremoto produjo una emergencia cultural de proporciones mayúsculas.  Se han identificado afectaciones en 53 Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, en 12 de los 15 centros históricos de los departamentos afectados y en 41 centros urbanos dentro del Paisaje Cultural Cafetero. Esas afectaciones no son paredes: son techo, hogar, trabajo, modos de vida. Más de 1.500 portadores de saberes resultaron damnificados, principalmente por daños en sus viviendas y lugares de trabajo. 

Destinar recursos a esa emergencia también es política cultural y, desafortunadamente, como sabemos quienes hemos pasado por la gestión pública, el presupuesto disponible no crece en los árboles. Mucho menos en este momento con una disponibilidad presupuestal y de caja ya restringida y con una proyección presupuestal a la baja.  Hay que priorizar, y en una emergencia resulta razonable hacerlo en favor de quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, afectación o necesidad. Entre atender a quien perdió su vivienda o su lugar de trabajo y otorgar un premio o reconocimiento, no debería haber demasiadas dudas sobre qué atender primero.

Entender la magnitud del problema que enfrenta el Ministerio no significa otorgarle un cheque en blanco. Una emergencia puede justificar decisiones extraordinarias, pero no automáticamente cualquier retroceso. La ministra Paola Holguín debe explicar en detalle las razones y el alcance de esta decisión y de todas las que impliquen redistribución presupuestal.

Hasta ahora ha dicho que los premios y reconocimientos no serán desmontados y que la suspensión corresponde únicamente a esta vigencia. También ha señalado que su prioridad inmediata es pagar los compromisos ya adquiridos con artistas y creadores, para lo cual ya se gestionaron $40.000 millones adicionales de PAC. Si efectivamente se trata de una suspensión excepcional y estas modalidades regresan en 2027, estaremos ante una situación muy distinta a su desmonte. Grave, pero no catastrófica. 

En cualquier caso, será indispensable que el Ministerio mantenga una comunicación completa y permanente sobre estas decisiones. Los derechos culturales son derechos humanos y, como tales, están sometidos a los principios de progresividad y no regresividad. La Observación General n.º 21 establece que cualquier medida deliberadamente regresiva respecto del derecho a participar en la vida cultural exige el más cuidadoso examen y debe justificarse plenamente. La jurisprudencia constitucional colombiana también ha reconocido, en términos generales, la prohibición de regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales y la carga de justificación que recae sobre las medidas que disminuyen niveles de protección previamente alcanzados.

Ese estándar resulta especialmente pertinente aquí. La crisis fiscal y el terremoto pueden constituir razones poderosas para reorganizar prioridades; pero precisamente por eso corresponde explicar en detalle qué alternativas se estudiaron, por qué se escogió esta, cuál es su alcance y duración y cómo se evitará que una medida excepcional termine convirtiéndose en una pérdida permanente de capacidades para el ejercicio de los derechos culturales.

Es importante la alerta que se ha generado alrededor del Programa Nacional de Estímulos en tanto es un termómetro de su importancia: a través de él, el Ministerio distribuye democráticamente recursos públicos que hacen posibles miles de proyectos e iniciativas y sostienen buena parte de la vida cultural del país.

Conviene reconocer un avance de la administración anterior: en 2026 puso en marcha el Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales (SINAC), que reúne en un mismo lugar los distintos portafolios y convocatorias del Ministerio, entre ellos Estímulos y Concertación. Ordenar la oferta para facilitar su consulta y hacer más comprensible el acceso a los recursos públicos sin duda contribuye a democratizarlos. Pero una mejor puerta de entrada no resuelve todos los problemas de fondo. Hay todavía muchas oportunidades de mejora y preguntas sobre las cuales vale la pena reflexionar.

La primera tiene que ver con los criterios. Soy una defensora de los enfoques diferenciales, pero soy igualmente consciente del cuidado que exige su aplicación. Hay que evitar que su necesaria incorporación termine produciendo nuevas exclusiones: proyectos culturales que no responden a determinados criterios poblacionales o territoriales pueden tener un enorme valor para sus comunidades y enfrentar, también, inmensas necesidades. El desafío está en reconocer las desigualdades y responder a ellas sin convertir las categorías diferenciales en nuevas barreras de acceso para otros. 

La segunda tiene que ver con una decisión que se ha vuelto frecuente: ampliar la cobertura distribuyendo los recursos entre más beneficiarios, pero asignando montos inferiores –a veces muy inferiores– a los solicitados. ¿Cómo renunciar, después de todo el trabajo invertido en formularlo, a un recurso que permite al menos ponerlo en marcha? Ese es el razonamiento de casi todos los beneficiarios. El problema es que reducir el alcance de un proyecto no siempre es posible y sacrificar su calidad tampoco debería ser la salida. Muchas organizaciones terminan haciendo lo que no debería exigir una política pública de fomento: pagando mal a sus equipos, poniendo recursos propios que no tienen o incluso endeudándose para lograr que las cuentas cierren. Ampliar cobertura es deseable; hacerlo trasladando al beneficiario el costo de cerrar la brecha entre lo formulado y lo financiado merece una discusión.

El problema es que reducir el alcance de un proyecto no siempre es posible y sacrificar su calidad tampoco debería ser la salida.

La tercera tiene que ver con los tiempos. Los tiempos administrativos del Estado deben adecuarse mucho mejor a los tiempos de la actividad cultural.  Ante algunos cronogramas, a quien evalúa casi le toca cerrar los ojos y confiar en que el beneficiario no se reviente intentando cumplir. Esto no solo pasa en el nivel nacional, sino también en el departamental y municipal, y es necesario corregirlo.

Pero volvamos al problema que detonó esta discusión. La información conocida hasta ahora sugiere que, para entender la decisión sobre los premios y reconocimientos, conviene no confundir varias cosas. La restricción de caja y los pagos pendientes venían de antes del 7 de agosto; el terremoto agravó una situación que ya era difícil y añadió nuevas prioridades de gasto; la falta de empalme dificultó aún más la transición; y todavía no es posible establecer si los cambios de personal adelantados por el nuevo gobierno incidieron en la falta de capacidad técnica para realizar las evaluaciones ya que persisten preguntas que deben ser respondidas. También es necesario recordar que la decisión afecta los premios y reconocimientos, no las becas, pasantías y residencias, que siguieron su curso, aunque sobre ellas se mantiene la preocupación por los pagos.

Es justamente esa complejidad la que no deberíamos reducir a una nueva batalla entre petristas y abelardistas. Hay artistas y organizaciones esperando pagos desde hace meses.  Hay 1.308 propuestas que hicieron el esfuerzo de presentarse a una convocatoria pública, cumplieron los requisitos y no serán evaluadas. Y hay una institucionalidad cultural sometida a tensiones fiscales, administrativas y políticas que debemos cuidar.

Si los problemas vienen del gobierno anterior, hay que decirlo. Y si las decisiones del nuevo gobierno llegan a agravarlos, habrá que decirlo también. Reconocer la situación que recibió no significa otorgarle un cheque en blanco; significa exigir a cada gobierno que responda por aquello que efectivamente le corresponde.

La defensa de la cultura no puede cambiar cada cuatro años según afinidades políticas.

Mi lugar, al menos, está en otro lado: en la defensa de los derechos culturales y en el esfuerzo por mirar siempre la película completa.