Cuando el escándalo estalla, el problema ya llevaba años ahí

En Colombia, las denuncias recientes de acoso y violencia sexual ya no pueden mirarse como episodios aislados ni como simples crisis de reputación. Lo que se ha conocido en las últimas semanas muestra un patrón más incómodo, y es que en distintos sectores, desde los medios de comunicación hasta el deporte y la administración pública, siguen apareciendo relatos de conductas abusivas, silencios prolongados y respuestas institucionales tardías y, en varios de esos casos, la denuncia pública fue el punto de quiebre, no el punto de inicio del problema.

El ejemplo más visible hoy lo encontramos en el periodismo, pues tras las denuncias conocidas en un canal nacional de televisión, la empresa informó la activación de protocolos internos y la desvinculación de dos de sus periodistas, mientras la Fiscalía General de la Nación inició actuaciones y habilitó un canal especial para recibir denuncias de acoso en medios de comunicación. Después de eso, otras periodistas comenzaron a relatar experiencias similares bajo etiquetas como #YoTeCreoColega y #MeTooColombia, lo que sugiere que no se trataba de un hecho puntual, sino de un entorno en el que varias mujeres habían callado por no confiar plenamente en la institución.

Pero ese caso no quedó solo, pues en el sistema público de medios (RTVC) volvió a tomar fuerza una denuncia conocida desde años atrás contra su actual director, mientras la Fiscalía anunció que revisaría el expediente con enfoque de género y congresistas del mismo sector político pidieron la salida del directivo cuestionado. En paralelo, también se hizo pública una denuncia por presunto acoso sexual dentro del Ministerio de la Igualdad, relacionada con el envío no consentido de una imagen íntima a una funcionaria, episodio que terminó con la renuncia del funcionario de un alto cargo. En ambos escenarios, la discusión pública no giró solamente alrededor del hecho denunciado, sino de la forma en que las instituciones reaccionaron, protegieron o no a la denunciante y administraron el riesgo reputacional.

Algo similar ocurrió en el deporte profesional. Un club de fútbol de primera división suspendió a uno de sus jugadores luego de una denuncia por violencia sexual presentada por una joven, mientras avanzan las investigaciones. El club rechazó cualquier conducta que atente contra la dignidad humana, pero el caso volvió a poner sobre la mesa una pregunta que Colombia sigue respondiendo tarde: ¿por qué tantas instituciones solo parecen actuar con contundencia cuando la denuncia ya es pública y el costo de ignorarla se vuelve demasiado alto?

¿Por qué tantas instituciones solo parecen actuar con contundencia cuando la denuncia ya es pública y el costo de ignorarla se vuelve demasiado alto?

Ahora bien, la dimensión de género sigue siendo clave en este debate, pues las mujeres continúan siendo las principales afectadas por este tipo de violencias, en especial en contextos atravesados por jerarquías, dependencia económica, exposición pública o temor a represalias profesionales. En el caso del periodismo, como lo documentó la investigación Violencias machistas contra periodistas y comunicadoras (Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género y Fundación Karisma, 2021)¹, el 67 % de las mujeres periodistas en Colombia ha sufrido acoso sexual en el ejercicio de su trabajo, y que una parte importante de los agresores son colegas hombres o jefes. Ese dato no solo describe una estadística; revela una estructura de poder que hace más difícil denunciar, probar y permanecer.

Pero sería un error convertir esta conversación en un asunto exclusivamente femenino, pues afecta especialmente a las mujeres, sí, pero no únicamente a ellas. Ahora bien, que el fenómeno afecte a hombres también, no borra una verdad incómoda, y es que el impacto sigue siendo desproporcionado sobre las mujeres, y eso exige mantener un enfoque de género serio y no meramente decorativo.

Que el fenómeno afecte a hombres también, no borra una verdad incómoda, y es que el impacto sigue siendo desproporcionado sobre las mujeres, y eso exige mantener un enfoque de género serio y no meramente decorativo.

La Sentencia T-140 de 2021 de la Corte Constitucional marcó un hecho importante en Colombia al dejar claro que, frente a la violencia de género en el trabajo, no solo importa la conducta del agresor, sino también la respuesta del empleador protegiendo a una periodista y concluyendo que el medio vulneró sus derechos no solo por la agresión denunciada, sino por la falta de una ruta adecuada de atención, la revictimización y la ausencia de medidas que le permitieran seguir trabajando en condiciones dignas.

La decisión reafirmó que estos hechos no pueden tratarse como asuntos “privados” cuando afectan el entorno laboral, la seguridad y la permanencia de la víctima en su empleo. En especial en los medios de comunicación, la responsabilidad es mayor, porque no solo son empleadores, sino actores con una función social vinculada a la libertad de expresión y al debate público.

Además, la Corte advirtió que preguntas o enfoques centrados en la conducta de la víctima reflejan estereotipos de género que agravan el daño y contaminan la respuesta institucional, dejando una lección muy significativa, y es que la neutralidad o la mala reacción del empleador también puede convertirse en una forma de violencia.

Esa línea fue reforzada por la Ley 2365 de 2024, la que en su artículo 11 impone a los empleadores el deber de prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual en el contexto laboral, y exige crear políticas internas reflejadas en reglamentos, contratos, protocolos y rutas de atención. Además, el marco normativo posterior ha seguido desarrollando medidas de protección frente a represalias y despidos asociados a este tipo de quejas. Jurídicamente, entonces, ya no es defendible que una organización alegue sorpresa, vacío normativo o falta de herramientas.

Jurídicamente, entonces, ya no es defendible que una organización alegue sorpresa, vacío normativo o falta de herramientas.

Por eso, el verdadero debate no debería agotarse en los nombres propios ni en la indignación de coyuntura. La pregunta de fondo es otra: ¿cuántas empresas, redacciones, entidades públicas, clubes, universidades y organizaciones siguen teniendo protocolos solo en el papel?, ya que los canales de denuncia no generan confianza y los lideres de las organizaciones reaccionan mejor ante la prensa que ante la víctima. Cuando el escándalo estalla, por lo general el problema no acaba de nacer, lo que ocurre es que dejó de ser posible esconderlo.

[1] https://www.redperiodistasgenero.org/pdf/Informe.pdf