La Carrera Séptima y el costo de no decidir

Durante más de dos décadas, la Carrera Séptima ha permanecido en el centro de uno de los debates urbanos más importantes de Bogotá. Estudios, diseños, acciones judiciales, discusiones técnicas y controversias políticas han retrasado una intervención que la ciudad lleva esperando demasiado tiempo.

Sin embargo, el verdadero problema ya no es únicamente la Carrera Séptima. Lo que este proyecto pone en evidencia es una dificultad mayor: la incapacidad que hemos tenido como ciudad para construir consensos estables que permitan planear, ejecutar y culminar las obras públicas, sin empezar de nuevo cada cuatro años.

Las obras públicas no deberían quedarse indefinidamente en estudios y diseños. Su propósito es convertirse en espacios que mejoren la vida de las personas. Cuando un proyecto permanece años sin ejecutarse, la ciudad pierde tiempo, recursos públicos, oportunidades de desarrollo y, sobre todo, confianza en sus instituciones.

Las obras públicas no deberían quedarse indefinidamente en estudios y diseños.

En la última década se diseñó una troncal durante la segunda administración de Enrique Peñalosa, posteriormente, Claudia López, con base en esos diseños propuso un corredor verde, que en mi concepto mejoró la propuesta de troncal, específicamente en el diseño de espacio público. Hoy por fin se está ejecutando parte de este proyecto, pero una de mis preocupaciones es que la administración del alcalde Galán ejecute los diseños del corredor verde o si es el caso los mejore; pero que sobre todo la intervención incluya una movilidad sostenible, con prioridad al transporte público eléctrico, peatones y bicicletas; es decir transformación urbana integral y no solo una obra vial, sino un mejoramiento sustancial del espacio público.

En conclusión una Séptima concebida como espacio de vida urbana, más que como un corredor para mover vehículos. Y de esta forma podamos disfrutar el corredor que nos merecemos los bogotanos. Eso incluye, no solo construir el tramo en ejecución en este momento que va de la calle 99 a la 200 sino el restante, ya diseñado de la calle 99 a la calle 24 y que conectaría con la peatonalización del mismo corredor hasta la Plaza de Bolivar.

Pero esta reflexión trasciende la Séptima. Situaciones similares las hemos vivido con el Metro de Bogotá, diferentes troncales de TransMilenio y otras obras de infraestructura. Cada cambio de administración suele abrir nuevamente discusiones que parecían superadas, generando nuevos estudios, mayores costos y retrasos que finalmente terminamos pagando todos los ciudadanos.

La pregunta entonces no es únicamente cómo construir una obra. La verdadera pregunta es cómo construir acuerdos que permitan ejecutar los proyectos con continuidad, incorporando las mejoras necesarias sin reiniciar permanentemente el proceso.

La verdadera pregunta es cómo construir acuerdos que permitan ejecutar los proyectos con continuidad

Ahí es donde cobra importancia un concepto que considero fundamental para el futuro de nuestras ciudades: la gobernanza urbana.

La gobernanza urbana en términos de infraestructura implica entender que una obra pública no depende únicamente de buenos diseños o de suficientes recursos financieros. Requiere instituciones coordinadas, empresas comprometidas, universidades aportando conocimiento y una ciudadanía informada y participante. Significa reconocer que el relacionamiento con la ciudadanía no puede verse como un simple trámite administrativo, sino como un componente técnico tan importante como la ingeniería o el urbanismo.

La Constitución de 1991 y la Ley 388 de 1997 nos entregó amplias herramientas para promover la participación ciudadana en el ordenamiento territorial. Sin embargo, el reto ya no parece ser la existencia de estos mecanismos, sino su efectividad. La más reciente Encuesta Bienal de Cultura Ciudadana reveló que solo el 19% de los bogotanos asiste a espacios de participación, de los cuales el 75,2 % considera que participar en los espacios promovidos por el Distrito es poco o nada efectivo. 

Estas cifras deberían invitarnos a una reflexión: no basta con abrir espacios de participación; es indispensable que generen confianza, permitan construir acuerdos y contribuyan a tomar decisiones oportunas. Participar no puede convertirse en sinónimo de paralizar las obras, sino en una oportunidad para hacerlas mejores y más legítimas.

Durante mi experiencia en proyectos urbanos he podido comprobar que las obras más exitosas no son necesariamente las más grandes ni las más costosas. Son aquellas donde las comunidades comprenden su propósito, participan activamente, se apropian del espacio transformado y terminan cuidándolo. Experiencias como TransMiCable en Ciudad Bolivar demostraron que cuando la infraestructura se acompaña de cultura ciudadana, pedagogía y participación; los beneficios trascienden ampliamente la movilidad y generan transformaciones duraderas en la calidad de vida.

Por ello, debemos evaluar las obras públicas con nuevos indicadores. Además de medir kilómetros construidos, cronogramas o presupuestos ejecutados, deberíamos preguntarnos cuánto aumentó la confianza ciudadana, qué tanto mejoró la apropiación del espacio público, cómo evolucionó la convivencia, cuál fue el impacto sobre la calidad de vida y qué tan sostenible será esa transformación dentro de diez o veinte años. Estos fueron algunos de los temas que los lectores de mi primera columna también me recomendaron.

(...) debemos evaluar las obras públicas con nuevos indicadores (...)

En otras palabras, debemos dejar de entender la infraestructura únicamente como concreto. La verdadera infraestructura es aquella que fortalece las relaciones entre las personas y su ciudad.También es momento de recuperar una idea sencilla, pero transformadora: “construir sobre lo construido”. Ninguna administración es dueña de Bogotá, cada gobierno recibe una ciudad que otros comenzaron a construir y tiene la responsabilidad de mejorarla. Reconocer los avances de quienes precedieron una administración no disminuye los méritos propios; por el contrario, fortalece la confianza institucional y permite que los proyectos evolucionen con rapidez y calidad.

La Carrera Séptima puede convertirse en el mejor ejemplo de ese aprendizaje. No porque finalmente se construya una obra determinada, sino porque logremos demostrar que Bogotá es capaz de planear con visión de largo plazo, escuchar a la ciudadanía, tomar decisiones oportunas y ejecutar proyectos que trasciendan los períodos de gobierno.

El mayor costo para Bogotá no es construir la Carrera Séptima; es seguir aplazando las decisiones que nos permitirían construir una ciudad con visión de largo plazo.

Los invito a continuar esta conversación. ¿Qué creen que necesita Bogotá para dejar de aplazar sus grandes proyectos y a construir ciudad con visión de largo plazo?