Prima de congresistas: Así fue la evolución de los beneficios salariales de los legisladores en Colombia
Un recorrido por tres décadas: desde la creación de las primas de salud en 1992 hasta el decreto de 2025 que busca eliminarlas
La remuneración de los congresistas en Colombia ha vuelto al ojo del huracán tras la divulgación de Minuto 60, en primicia, de un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda que busca eliminar la Prima Especial de Servicios.
Este beneficio, que actualmente representa una parte sustancial del ingreso mensual de los legisladores, es el resultado de una compleja evolución jurídica que comenzó hace más de 30 años y que hoy se enfrenta a un desmantelamiento administrativo bajo el Gobierno de Gustavo Petro y en pleno cierre de año prelectoral.
El sistema salarial actual de la rama legislativa se cimentó con la Ley 4 de 1992. Esta norma le permitió al Gobierno Nacional establecer primas de salud, localización, vivienda y transporte para los congresistas, siempre que las circunstancias lo justificaran y en un contexto donde la violencia del narcotráfico tenía en jaque a las instituciones del país.
Bajo este amparo, se expidió el Decreto 801 de 1992, que materializó estos pagos como rubros mensuales fijos destinados a compensar los gastos médicos y de manutención de los parlamentarios en Bogotá.
Durante dos décadas, estos beneficios fueron percibidos de manera automática. Sin embargo, en 1999, la Corte Constitucional, en Sentencia C-608, aclaró que estas primas no eran mandatos obligatorios de la ley, sino "pautas" que el Ejecutivo podía o no otorgar según la necesidad real.
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El sismo judicial de 2013 y la nulidad de salud y localización
El punto de quiebre ocurrió en 2013, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Tras una demanda ciudadana, el Consejo de Estado declaró la nulidad de las primas de salud y localización creadas en 1992. El tribunal determinó que el pago de estos rubros era ilegal porque se realizaba por el simple transcurso del tiempo, sin que existiera una justificación fáctica o un requisito de gasto real por parte del congresista.
Esta decisión judicial amenazaba con reducir el ingreso de los legisladores en más de un 30% de forma inmediata. El entonces Presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, salió en medios a expresar el rechazo de los parlamentarios a la reducción abrupta de sus ingresos. "Los congresistas no están contentos con la baja del salario… decir que están felices no es ajustado a la realidad", señaló en su momento el también exministro del Interior de Santos y Petro.
El caos fue tal que desde el Congreso se implementó una suerte de plan tortuga. Así lo explicaba, en 2013, el hoy candidato presidencial, Iván Cepeda: "Es una relación de chantajes y sobornos que le quita independencia a los poderes e impide hacer un control político real. Cuando los congresistas ven en peligro sus salarios, apelan a la operación tortuga para quitarle dinámica a las iniciativas".
El Decreto 2170 de 2013: El "salvavidas" de la prima especial
Para evitar la drástica caída salarial y un 'colapso' en los acuerdos entre el legislativo y el ejecutivo, el gobierno de Santos expidió el Decreto 2170 de 2013. Este acto administrativo no restauró las primas anuladas, sino que creó una nueva figura: la Prima Especial de Servicios.
Con un monto inicial de casi 8 millones de pesos (que para 2025 ya supera los 16 millones), esta prima fue diseñada para "mantener el valor de la remuneración" y garantizar la estabilidad salarial de la alta burocracia estatal. Desde entonces, este beneficio ha sido objeto de múltiples críticas, ya que se percibe como una forma de eludir los fallos judiciales que pedían mayor austeridad.
El borrador de decreto del Gobierno Petro
El actual Gobierno Nacional ha preparado un borrador de decreto legislativo que busca dar un giro histórico al derogar expresamente el Decreto 2170 de 2013. La justificación del documento revelado por Minuto 60 es contundente: la remuneración actual resulta "desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población" y hace "imposible el cierre de brechas propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo".
Este movimiento de Petro se conoce apenas horas después del polémico anuncio del aumento del salario mínimo de un 23 por ciento para el 2026, lo que también se ha interpretado como una jugada política calculada por el Presidente para afianzar sus bases de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.
Según el articulado propuesto, los puntos clave son:
Derogatoria total: Se elimina la prima especial de servicios y cualquier beneficio derivado de la norma de 2013.
Aplicación a futuro: La medida entraría en vigor para los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026. Esto se hace para evitar demandas por vulneración de derechos adquiridos de los legisladores actuales.
Impacto fiscal: Se estima que la eliminación de este rubro restará entre 11 y 16 millones de pesos de la asignación mensual bruta de cada parlamentario, la cual se proyecta superará los 52 millones de pesos para 2026.
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Este ajuste administrativo representa el intento más serio en décadas por reducir el costo del Congreso, una medida que ha fracasado sistemáticamente cuando se intenta tramitar mediante leyes dentro del propio legislativo.
De firmarse, el decreto marcaría un precedente en la política de austeridad del país, aunque se anticipan fuertes batallas jurídicas en el Consejo de Estado por parte de quienes consideran que estos beneficios ya forman parte de su patrimonio laboral.
