El hundimiento de la reforma tributaria les salió caro a los congresistas
El ministro de Hacienda reveló que planea varios recortes al presupuesto del próximo año, entre ellos al ingreso de los congresistas.
La emergencia económica que declaró el gobierno del presidente Petro para sus últimos meses a cargo no llegó únicamente con impuestos debajo del brazo. Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, eso solo cubrirá una parte del hueco en las finanzas públicas.
La otra parte, inevitablemente, quedará a cargo del recorte al presupuesto del próximo año. Por ejemplo, el ministro Ávila confirma que el gobierno está evaluando la posibilidad de materializar el borrador de decreto revelado por Minuto60 que le quitaría una de las primas especiales a los congresistas.
Estamos trabajando en suprimir una de las primas especiales que se aprobaron desde 2013.
El ministro Ávila explicó que la prima se estableció en 2013 como un apoyo económico para los senadores y representantes a la Cámara que no vivían en Bogotá, para que pudieran establecerse en la capital para sus actividades legislativas. Sin embargo, el incentivo se convirtió en una constante y se amplió a todos los congresistas, lo que solo en 2025 representó $ 11 millones adicionales mensuales por cada uno.
Según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, “la prima especial de servicios para los congresistas tuvo la intención de atender una necesidad de costos de instalación de los congresistas que vivían fuera de Bogotá, pero luego se transformó en un beneficio generalizado para todos y eso condujo a un costo recurrente por más de 12 años que además se indexa por el mínimo y hoy está en cerca de $ 11 millones”.
Y ante la necesidad de recortar gastos, “el Congreso debe hacer un esfuerzo especial” según el ministro Ávila, ya que se negó a aprobar el proyecto de ley de financiamiento con el que el gobierno pretendía recaudar $ 16 billones adicionales para financiar el presupuesto nacional del próximo año.
Además, el gobierno también evalúa la posibilidad de desvincular del salario mínimo a un gasto más: el de las unidades de trabajo legislativo (UTL) a las que tiene derecho cada congresista.
Cada legislador recibe mensualmente 50 salarios mínimos de asignación que puede distribuir entre la cantidad de profesionales que considere necesaria para apoyarle en su trabajo legislativo. Dado que en 2026 el incremento sería de 23,7 %, el gobierno evalúa la posibilidad de que en años siguientes ese costo se modifique siguiendo algún otro indicador.
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