¿Más casos como el de Juliana Guerrero? 24 funcionarios del Estado tendrían títulos inválidos
La representante Catherine Juvinao denunció casos similares al de Juliana Guerrero, lo que considera es un "cartel de diplomas".

Este lunes, la representante a la Cámara y candidata a la misma corporación, Catherine Juvinao, denunció un presunto cartel de diplomas expedidos por la Fundación Universitaria San José. Se trata de 24 funcionarios, que incluyen contratistas en 16 entidades de orden nacional, quienes recibieron contratos entre 2023 y 2025.
Según la congresista son dos irregularidades las que se detectaron. Por un lado, personas que tienen el diploma pero que no reportan la presentación de la Prueba Saber Pro en "ninguna fecha verificable". Es decir, un caso muy similar al de Juliana Guerrero, quien no había presentado las pruebas. Como ese caso, habría seis más.
Por el otro lado, hay casos de personas que sí presentaron las pruebas Saber Pro, pero después de obtener los títulos universitarios, lo cual no es el procedimiento legal. Y tienen registros de 18 casos con este patrón.
"Esto constituiría una ilegalidad al tenor de la Ley 1324 de 2009 art. 7 y el Decreto 4216 de 2009, que determinan que la presentación de la Prueba Saber Pro es un requisito previo y obligatorio a la obtención de un título profesional en Colombia", informó.
¿Qué ejemplos presentó la congresista?
Aunque no dio nombres específicos, la representante dio a conocer los casos, algunos de los cuales se describieron así:
De los que no presentaron las pruebas Saber Pro:
Caso 1: mujer, obtuvo el título de “ingeniería industrial” con fecha de grado el 1 de diciembre de 2023. Ha sido contratista del SENA seccional Boyacá entre 2023 y 2025 con dos contratos por más de 81 millones de pesos aproximadamente. Para acceder a uno de los contratos era requisito contar con un título profesional.
Caso 5: mujer, obtuvo los títulos de tecnólogo en Marketing digital y los títulos profesionales de “ingeniería industrial” y “marketing internacional” el 12 de diciembre de 2021. Registra la Prueba Saber TyT para el tecnólogo, no cuenta con Prueba Saber Pro para los títulos profesionales. Ha sido contratista de MinTransporte entre 2024 y 2025 con dos contratos para los cuales es requisito tener un título profesional. Dichos contratos ascienden a 126 millones de pesos aproximadamente.
Caso 6: hombre, obtuvo 4 títulos profesionales de “administración de empresas”, “contaduría”, “ingeniería industrial” y “marketing internacional”, todos con fecha de grado del 5 de julio de 2024. Cuenta con un único Saber Pro, aunque la ley determina que una prueba podrá ser utilizada para máximo dos carreras, no para cuatro pregrados. Actualmente, está vinculado a la DIAN como analista II, código 202, grado 02 desde octubre de 2023, fecha anterior a los cuatro títulos. Tiene una asignación mensual aproximada de 4 millones 600 mil pesos.
De los que presentaron pruebas después del título:
Caso 8: hombre, obtuvo el título de “ingeniería de sistemas” el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro al día siguiente, el 6 de julio de 2024. Fue contratista del SENA seccional Meta entre 2024 y 2025 con dos contratos que ascienden a 53 millones de pesos aproximadamente. También reporta un tecnólogo en telecomunicaciones.
Caso 10: hombre, obtuvo el título de “administración de empresas” el 17 de abril de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro tres meses después, el 7 de julio de 2024. Fue contratista en el SENA seccional Antioquia durante 2025 con un contrato como instructor que asciende a 48 millones de pesos. Para acceder a este contrato se exige o un título profesional o un tecnólogo. La persona aplicó con la opción de título profesional.
Caso 17: mujer, obtuvo los títulos de “administración de empresas” e “ingeniería industrial” el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro nueve días después, el 14 de julio de 2024. Desde el 7 de septiembre del 2022 es funcionaria del DAPRE con un contrato mensual de aproximadamente 4 millones de pesos.
¿Qué entidades están involucradas?
Hay varias entidades con diferente número de casos. Sin embargo, hay personas con reportes de contratos en más de una entidad:
SENA: 10 casos
Unidad Nacional de Protección: 2 casos
Invima: 2 casos
Ministerio de Transporte: 1 caso
DIAN: 1 caso
DANE: 2 casos
Superintendencia de Servicios: 1 caso
DAPRE: 1 caso
Corporación Aeronáutica Colombiana: 1 caso
Aerocivil: 2 casos
Ministerio de Salud: 1 caso
Agencia Nacional de Seguridad Vial: 1 caso
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¿El caso de Juliana Guerrero era la punta del iceberg?
La investigación sugiere que el caso de Juliana Guerrero "era apenas la punta del iceberg" y la congresista formuló varios interrogantes, entre ellos, qué pasará con las personas beneficiadas de los contratos y qué pasará con los recursos públicos que se les pagaron, que juntos suman $1.102.094.108.
Igualmente, "¿cuáles serían la consecuencias para las oficinas jurídicas de las entidades públicas que están involucradas que al parecer ni siquiera revisaron la veracidad de la documentación que presentaron estas personas antes de ser contratadas?".
🛑EN VIVO: El cartel de diplomas irregulares en el Gobierno Petro. Revelamos en exclusiva 24 casos con títulos de la Fundación Universitaria San José vinculados a 16 entidades. ¡Más de mil millones de pesos pagados en un presunto detrimento patrimonial!🆘 https://t.co/zvfbX5ONAm
— Cathy Juvinao #VERDE101 🌻💚 Cámara Bogotá (@CathyJuvinao) January 19, 2026
Y agregó: "Aquí, al parecer, hay una estrategia, no solamente para que puedan cumplir requisitos para ser contratados sino además, muchas de estas personas están apuntando a tener títulos irregulares para tener un mayor puntaje en los cargos en los que ya venían contratados y que ahora les paguen más. Entonces son títulos irregulares para que les permitan entrar en el gobierno de Gustavo Petro, pero que a quienes ya están adentro les permite aplicar a un mayor salario", dijo.
La representante hizo un llamado a las entidades de control para iniciar las investigaciones correspondientes, incluyendo al Ministerio de Educación para que ponga las sanciones que eventualmente se puedan interponer contra la Fundación Universitaria San José.
