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“Emergencia económica de Petro no cumple la Constitución”: Francisco Bernate cuestiona el Decreto 1390

El penalista advirtió que la declaratoria de emergencia económica y social no responde a un hecho sobreviniente, como exige la Carta de 1991.

“Emergencia económica de Petro no cumple la Constitución”: Francisco Bernate cuestiona el Decreto 1390
El presidente Gustavo Petro asegura que la emergencia económica es necesaria para el país. - Crédito: Colprensa

La declaratoria de emergencia económica y social en todo el país, decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro mediante el Decreto 1390, sigue generando un intenso debate jurídico y político. 

A las críticas de sectores económicos y de la oposición se sumó ahora la voz del abogado penalista Francisco Bernate, quien en diálogo con Minuto60, cuestionó abiertamente la constitucionalidad de la medida y advirtió que no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de 1991.

De acuerdo con Bernate, el decreto no se ajusta a uno de los principios esenciales que habilitan al Ejecutivo para declarar un estado de emergencia: la existencia de un hecho sobreviniente, imprevisible y grave que altere de manera sustancial el orden económico, social o ecológico del país. 

El abogado explicó que la Corte Constitucional ha sido clara en su jurisprudencia al exigir que las emergencias económicas no pueden utilizarse como un mecanismo para suplir la falta de consensos políticos o legislativos. En ese sentido, Bernate sostuvo que la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno no es un evento repentino, sino una consecuencia previsible del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.

Precisamente, uno de los objetivos centrales del Decreto 1390 es abrir la puerta a la expedición de medidas extraordinarias con fuerza de ley para recaudar más de 16 billones de pesos, recursos que el Ejecutivo considera indispensables para garantizar la financiación de programas sociales, el funcionamiento del Estado y el cumplimiento de compromisos presupuestales. Tras el fracaso de la reforma tributaria en el Legislativo, el Gobierno optó por acudir a la figura de la emergencia económica como alternativa para obtener esos ingresos.

La revisión de la Corte Constitucional

No obstante, el penalista hizo una advertencia adicional que ha generado inquietud en distintos sectores: pese a las debilidades jurídicas que, a su juicio, tiene el decreto, existe una alta probabilidad de que supere el control automático de constitucionalidad que debe realizar la Corte Constitucional. Según Bernate, el actual equilibrio de fuerzas dentro del alto tribunal favorece al Gobierno.

“Hoy el Gobierno cuenta con una mayoría afín en la Corte Constitucional, y eso podría derivar en que el decreto sea avalado, aun cuando no cumpla estrictamente con los requisitos constitucionales”, sostuvo el abogado, al tiempo que recordó que será la Corte la que tenga la última palabra sobre la validez del estado de emergencia.

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El Decreto 1390 faculta al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley durante el término de la emergencia, lo que incluye la posibilidad de crear o modificar tributos, reorientar partidas presupuestales y adoptar medidas económicas excepcionales. Esto ha encendido las alarmas entre expertos en derecho constitucional, quienes temen que se siente un precedente que debilite el principio de separación de poderes.

Mientras tanto, el Gobierno defiende la declaratoria argumentando que el país enfrenta una situación fiscal crítica que pone en riesgo la estabilidad económica y la financiación de políticas sociales prioritarias. En los próximos días la Corte Constitucional deberá analizar si estos argumentos son suficientes para justificar la emergencia o si, como advierte Bernate, se trata de un uso indebido de una figura excepcional prevista en la Constitución.


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