El precio de no tener un plan fiscal… ya!

En su columna de hace unas semanas titulada “El milagro económico”, Ana Bejarano señalaba que el presupuesto de 2027 revelaba una farsa: al ser mayor que el que dejó la administración Petro, sería un “milagro” fallido, una farsa contable donde el gobierno “encontró” la plata que decía no tener. Ahí se confunden dos cosas: un presupuesto más grande no es lo mismo que uno peor, y sincerar cuentas no es despilfarrar. Conviene separarlas, porque la confusión se está volviendo lugar común.

El problema es que el candidato De la Espriella prometió en campaña reducir el Estado y el gasto público, y el primer presupuesto del presidente De la Espriella muestra lo contrario. No se puede hablar de incumplimiento, pero sí de una promesa que muchos esperaban ver empezar a cumplirse en la discusión presupuestal. 

En estas semanas, además, los hechos volvieron la discusión más urgente. El mercado ya empezó a cobrar, en tasas de interés, la factura de un problema que ni Bejarano ni el gobierno están nombrando bien: no es el tamaño del presupuesto, es la ausencia de una ruta creíble para ordenarlo.

Démosle a Bejarano lo que le corresponde y quitémosle lo que no. Que los presupuestos de Petro subestimaban gastos y sobrestimaban ingresos no es invento del "abelardismo": lo advirtieron, durante ese gobierno, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (que en marzo de 2026 habló de “sobrestimación de ingresos y subestimación de gastos”, y lo repitió en junio) y el Observatorio Fiscal de la Javeriana. Y el aumento del presupuesto no es “plata que apareció”: según un Informe del Observatorio Fiscal, del incremento de $59,3 billones frente al proyecto de Petro, el servicio de la deuda explica $37,4 billones (cerca de dos terceras partes) y el funcionamiento otros $24,9 billones, sobre todo por transferencias a pensiones, salud, subsidios de combustible y personal. Sincerar cuánto cuesta el Estado fue un acto de honestidad que los analistas venían exigiendo.

Que los presupuestos de Petro subestimaban gastos y sobrestimaban ingresos no es invento del "abelardismo"

Pero reconocer el hueco no equivale a tener un plan para cerrarlo. Y es esa distinción la que el mercado empezó a castigar. El EMBI, que mide la prima de riesgo que exigen los inversionistas para prestarle al país, venía cayendo de forma sostenida y tocó su mínimo histórico el 17 de junio, en 1,79 puntos: una percepción de riesgo excepcionalmente favorable justo antes de la discusión presupuestal. Tras la radicación del nuevo presupuesto, repuntó hasta cerca de 2,00 puntos a inicios de septiembre. El propio Observatorio lo explica con una frase: “los cambios en las perspectivas fiscales se reflejan en la percepción de riesgo incluso antes de materializarse en las cuentas fiscales”.

Lo más revelador está en cómo se financia el presupuesto. El mayor gasto no se respalda con más recaudo, sino con más deuda. Los ingresos corrientes (lo que el Estado recauda de forma estable) caen del 58,6% al 47,1% del presupuesto, mientras los recursos de capital, que incluyen el crédito, suben del 32% al 44,3%. Por primera vez, el país dependería casi por igual de lo que recauda y de lo que pide prestado. Y el dato que lo resume todo: el recaudo tributario caería al 14% del PIB, el mínimo desde 2019. Un Estado que sincera lo que gasta pero no fortalece lo que recauda no resolvió su problema fiscal: lo trasladó al mercado de deuda.

Ahí es donde la crítica de fondo quedó eclipsada por la discusión sobre el tamaño. El problema del presupuesto 2027 no es que crezca, sino su composición. El servicio de la deuda se lleva el 24% del total ($152,4 billones), su mayor peso desde 2019, y supera con creces lo que se destina a educación ($93 billones) o a salud ($79,6 billones). La inversión, sobre la que he insistido antes, cae al 13,7% del presupuesto. Un Estado que cada vez gasta más en pagar lo que debe, menos en construir lo que necesita, y que se financia con crédito creciente, es un Estado que los inversionistas siguen financiando, pero a un precio que sube.

Es justo reconocer que el gobierno anunció una salida: una Ley de Rescate Económico que recortaría cerca de $45 billones y, de aprobarse, bajaría el déficit de 2027 del 9,4% al 7,2% del PIB. Pero un anuncio no es una ruta. El propio Observatorio subraya que toda la mejora depende de que esas medidas se aprueben en el Congreso, se ejecuten y produzcan los efectos esperados. Y el mercado no le paga a las intenciones. Anunciar además que la ley “no busca aumentar impuestos”, mientras se dejan intactos los beneficios tributarios de los que está plagado el estatuto, es una declaración que atenta contra una senda fiscal creíble y contra el retorno de la regla fiscal.

(...) una Ley de Rescate Económico que recortaría cerca de $45 billones y, de aprobarse, bajaría el déficit de 2027 del 9,4% al 7,2% del PIB.

Según el Observatorio Fiscal, con datos del CIAT, el gasto tributario ascendió en 2023 al 8,6% del PIB, el más alto de América Latina frente a un promedio regional del 3,6%: más de seis veces el recorte anunciado y cerca de la cuarta parte de todo el presupuesto. Se otorga y se renueva sin que medie, casi nunca, un análisis costo-beneficio. No se trata de eliminarlo en bloque, pues buena parte protege a los más pobres, sino de auditarlo con rigor. Un Estado que renuncia a cerca de ocho puntos y medio del PIB sin evaluar qué recibe a cambio no tiene un problema de tamaño: tiene un problema de rigor.

Y si de verdad vamos a hablar de reformas estructurales, hay dos debates que evitamos por miedo. Uno es el del IVA: la exención de algunos bienes de la canasta es, contra la intuición, regresiva, porque el grueso del beneficio se lo lleva el decil más rico; la alternativa progresiva es un IVA más amplio con devolución robusta a los hogares de bajos ingresos (una política que Colombia implementó en 2019), no una ampliación de la base sin un mecanismo de compensación. El otro es la base de renta, tan estrecha que descarga el recaudo sobre las empresas, con tasas que asfixian la inversión. Ambos son políticamente explosivos. Pero las reformas costosas se hacen al comienzo de un mandato, cuando el capital político es máximo, o no se hacen. Si no es empezando un gobierno, ¿cuándo?

En síntesis: Bejarano acierta al notar que el gobierno no ha planteado el inicio de la reducción del Estado, pero se equivoca al confundir el sinceramiento con un fraude. El verdadero problema es otro, y ya tiene precio. El mercado no castiga que Colombia haya dicho la verdad sobre cuánto cuesta su Estado; castiga que no haya mostrado una ruta creíble para pagarla. La credibilidad fiscal dejó de ser una virtud reputacional para volverse, literalmente, el costo del financiamiento: cada punto que sube la prima de riesgo es la factura de un plan que no termina de concretarse. Sincerar el presupuesto fue empezar la frase. El país, y los mercados, esperan que el gobierno la termine. Y cada semana de silencio se cobra en la tasa.