Pobreza y falta de movilidad social: Enemigos de la conservación

En sus primeras entrevistas como ministro designado de Ambiente, Fabio Arjona señalaba que "el primer enemigo de la conservación es la pobreza". Esto puede ser cierto y la pobreza sí empuja a la deforestación, a la minería ilegal y a la pesca insostenible. Pero es un diagnóstico que solo se completa si entendemos la pobreza no como un problema de ingresos que se resuelve extrayendo más, sino como un problema de movilidad social bloqueada.

A esta conclusión llegué escuchando una charla de Juan Camilo Cárdenas y Leopoldo Fergusson, profesores de la Universidad de los Andes. Su argumento es que América Latina vive atrapada en una meritocracia sin movilidad en la que la gente cree que el esfuerzo individual determina el éxito, al mismo tiempo que la región tiene la desigualdad más alta del mundo y las tasas de movilidad social más bajas. Esa paradoja se sostiene sobre tres fenómenos que se refuerzan entre sí: alta informalidad, criminalidad crónica y una desconfianza profunda en lo público, que lleva a que quienes pueden pagar soluciones privadas (educación, seguridad) las prefieran y dejen de exigirle al Estado que mejore lo público. El resultado es que el ingenio y el esfuerzo sí existen, pero terminan canalizados hacia la informalidad o la ilegalidad.

Este diagnóstico resulta fundamental para un país como Colombia, donde las regiones más biodiversas y con mayor riqueza natural (el Pacífico y la Amazonía) son sistemáticamente las de mayor pobreza, menor movilidad y mayor violencia.

Para dimensionar el problema conviene distinguir dos formas de medir la pobreza. La pobreza monetaria describe si el ingreso de un hogar alcanza para cubrir lo básico (comida, vivienda, transporte), mientras que la pobreza multidimensional no mira el bolsillo sino el acceso real a lo esencial, como la educación, salud, vivienda digna, servicios públicos y trabajo formal. Un hogar puede tener algo de ingreso y aun así carecer de agua potable o de un colegio cercano, por lo que para medir la pobreza ambas miradas importan, y en las regiones más biodiversas del país cuentan la misma historia.

En pobreza monetaria, por ejemplo, Quibdó encabezó la lista de ciudades en 2024 con un 59,6% de su población en esa condición, cifra que aumentó a 61,7% en 2025. Este nivel es más del doble del promedio nacional de 2025 (28,0%) y 3,5 veces la tasa de Bogotá (17,8%). En pobreza multidimensional, según las cifras más recientes del DANE (2025), Vichada (55,2%), Guainía (51,8%), Vaupés (41,7%) y Chocó (30,8%) encabezan el listado, mientras Bogotá y Cundinamarca (4,1%) tienen los niveles más bajos del país.

En seguridad ocurre algo parecido. Putumayo, Cauca y Chocó aparecen de forma recurrente entre los departamentos con mayores tasas de homicidio y mayor presencia de economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal). Esto no es casualidad ya que en los territorios donde el Estado tiene menor presencia, las economías ilícitas terminan ocupando el vacío institucional, degradando los ecosistemas y reforzando los círculos de violencia y control territorial ilegal.

Cárdenas y Fergusson describen lo anterior como una trampa en la cual, cuando las instituciones formales no ofrecen una vía de ascenso creíble, el rebusque (incluida la economía ilegal que degrada los ecosistemas) se convierte en la forma de movilidad disponible. En ese sentido, los expertos proponen que para romper este círculo vicioso es indispensable fortalecer lo colectivo y transformar las creencias normativas mediante políticas que fomenten la confianza y la cooperación.

En una columna anterior analicé, desde una perspectiva económica, el programa ambiental del gobierno electo (la Agenda ABC - Agua, Biodiversidad, Comunidades), en parte porque este plan descansa en gran medida en instrumentos de mercado. Luego de escuchar a los profesores de los Andes quedé convencido de que el peso que se le da al desarrollo económico en estas regiones debe estar acompañado de un peso igual o mayor al componente social, precisamente la C que se refiere a las comunidades. 

La pobreza sí es enemiga de la conservación, pero el enemigo de fondo puede ser la falta de movilidad social. El Pacífico y la Amazonía no necesariamente son pobres por falta de actividad económica sino por falta de movilidad social real: educación de calidad, formalización, seguridad, infraestructura, acceso a mercados. 

Una idea que resume bien esta discusión, y que suelo asociar con Juan Camilo Cárdenas, es que para desarrollarnos es necesario balancear la mano invisible del mercado con el puño firme del Estado y el apretón de manos con las comunidades. Si queremos seguir abrazando los árboles que afortunadamente tenemos en este país, esta relación entre el mercado, la regulación del Estado y la participación social cada vez cobra más vigencia.