En Colombia, cada cuatro años escuchamos que la elección presidencial “es la más importante de la historia”. En 2026 se repite el cliché y, aun así, en esta columna sostengo que esta elección sí es crucial para el futuro del país.

Cuando un país elige presidente, escoge a quien liderará el equipo encargado de ejecutar el plan de gobierno, traducido en un Plan Nacional de Desarrollo debatido y aprobado por el Congreso. Ese equipo, alineado con el presidente, debe tener las más altas calidades personales y profesionales.

Además, el presidente interviene en la elección o nominación de funcionarios de otras ramas del poder público, incluida la judicial, y en el Banco de la República. En justicia, el presidente estructura la terna para que la Corte Suprema de Justicia elija a quien liderará la Fiscalía General de la Nación. También postula ternas para reemplazos en la Corte Constitucional; la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado presentan las suyas, y el Senado elige a las y los magistrados.

Ni siquiera los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos escogieron a todos los codirectores.

Actualmente, hay una magistrada y dos magistrados elegidos de una terna presentada por el presidente; el periodo de la doctora Paola Meneses vence en el 2029. Entre 2026-2030 habrá cuatro vencimientos: una magistrada y un magistrado, cuyos reemplazos serán postulados en ternas por el Consejo de Estado; una magistrada postulada en terna por el presidente; y un magistrado postulado en terna por la Corte Suprema de Justicia.

El hecho de que haya magistrados ternados ya sea por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia que sean vistos como cercanos al presidente, hace que la elección presidencial sea muy importante para definir la composición de la Corte Constitucional.

Otra institución clave en donde el presidente interviene es el Banco de la República. Los cinco codirectores son nombrados por el presidente de la República para un periodo de cuatro años, los cuales se pueden renovar hasta por otros dos periodos de igual duración. Cada presidente debe elegir dos en la mitad del periodo, y en caso de renuncia o vacancia debe elegir su reemplazo.

Salvo en 1990-1994, cuando el entonces presidente César Gaviria eligió a todos los miembros de la Junta Directiva (JD), solo el expresidente Iván Duque volvió a tener esa oportunidad. Ni siquiera los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos escogieron a todos los codirectores, pese a su reelección.

El presidente Gustavo Petro ha elegido tres miembros de la JD: uno de ellos por invalidez de su elección por parte del Consejo de Estado (Alberto Carrasquilla, reemplazado por Olga Lucía Acosta), y dos en la mitad del periodo (Laura Moisá y César Giraldo). Aunque los votos son secretos, es razonable inferir que la codirectora Moisá y el codirector Giraldo han votado sistemáticamente, junto con el ministro de Hacienda y Crédito Público, a favor de reducciones de tasa de interés. Sospecho que ha sido por instrucción del presidente.

El Congreso de la República no aprobó una ley de financiamiento, en mi opinión inconveniente sin un ajuste del gasto público.

El candidato Iván Cepeda ha sido muy claro en decir que su propuesta es darle continuidad a la orientación económica actual: sin ajustes significativos al gasto público ni cambios en la estrategia fiscal de deuda. Planteadas así las ideas macroeconómicas del candidato continuista, el riesgo de pérdida de independencia de la JD y del Banco de la República es latente. A mi juicio, se trata de una amenaza a la estabilidad macroeconómica que es un activo construido por décadas y que podría deteriorarse en dos periodos presidenciales.

Pablo Manrique ha planteado en La Silla Vacía que el presidente Petro deja un Banrep fracturado y politizado, aunque esto último no necesariamente es así. La reciente suspensión de los decretos de emergencia económica y de los impuestos decretados en el marco de la misma reactivó una arremetida de parte del presidente de la República contra magistrados de la Corte Constitucional, también sin antecedentes desde la proclamación de la Constitución de 1991. Con la reelección del proyecto petrista, esa tendencia podría profundizarse.

Este periodo presidencial se ha caracterizado por el poco respeto por las instituciones y la división de poderes por parte del presidente Petro. Descalificaciones públicas personales contra la primera codirectora elegida por el presidente y contra magistrados de la Corte Constitucional ilustran un talante poco democrático. Otro ejemplo es la misma declaración inoportuna de una emergencia económica, en respuesta a que el Congreso de la República no aprobó una ley de financiamiento, en mi opinión inconveniente sin un ajuste del gasto público.

Podría alegarse que la polarización, y no el talante presidencial, explica estos choques. Sin embargo, los desencuentros de gobiernos anteriores con el Banco o con la Corte nunca habían pasado de un desacuerdo público y abierto. La descalificación personal de los miembros de esas instituciones es algo relativamente nuevo. Y un mal precedente democrático.

El ataque a dos de las instituciones resultantes del último gran acuerdo que como sociedad alcanzamos, la Constitución Política de 1991, podría agudizarse con un presidente de la misma línea del actual, que además defiende una asamblea constituyente para reformar la constitución.

Solo esto último debería bastar para advertirnos del camino que no conviene recorrer. Si además a esto le sumamos el riesgo de que dos de las instituciones más importantes sean objeto de ataque desde la cabeza de la rama ejecutiva, nos debería obligar a reflexionar por las consecuencias del voto de cada ciudadano. Este debe ejercerse siempre con responsabilidad, pero la elección de este año es realmente crucial para el mediano y largo plazo de nuestro país.