En Colombia tenemos una fe casi religiosa en la cantidad. Creemos que si algo abunda, funciona. Por eso tenemos 296 congresistas y una representación ciudadana que cabe en un suspiro. El Congreso colombiano no es un órgano legislativo: es un bufé de curules, abundante en número, escaso en contenido, donde todos comen y casi nadie sirve, para la muestra un botón: En este Congreso sobredimensionado, que no logra ponerse de acuerdo para enfrentar la desigualdad, la informalidad o la corrupción estructural, aparece una proeza, una hazaña, una epopeya legislativa digna de aplauso contenido: la Ley Colombia sin Colillas. Con 296 congresistas, el país aún no consigue una reforma política decente, pero sí un consenso admirable para decidir dónde debe morir una colilla de cigarrillo. Las colillas tendrán trazabilidad, responsables y destino final; la democracia, en cambio, seguirá abandonada en la acera, aplastada, pisoteada y sin colillero que la recoja.

Las colillas tendrán trazabilidad, responsables y destino final; la democracia, en cambio, seguirá abandonada en la acera, aplastada, pisoteada y sin colillero que la recoja.

Hagamos cuentas, que a los discursos les incomodan. Colombia tiene 108 senadores y 188 representantes a la Cámara, para un total de 296 almas con fuero, salario y micrófono. Eso significa, más o menos, 169.000 ciudadanos por cada senador. En Estados Unidos, ese país que tanto se cita cuando conviene, el Congreso tiene 535 miembros con voto para más de 330 millones de habitantes, unos 636.000 ciudadanos por senador. Allá legislan menos personas para más gente. Aquí, muchos más para representar bastante menos.

Pero el problema no es matemático, es político. En Colombia, la multiplicación de curules no multiplica la representación, multiplica la burocracia. El Senado, que debería encarnar a la Nación, terminó convertido en la cámara de los cálculos, las vendettas y las alianzas tácticas. Allí no se legisla pensando en el país, sino en cómo bloquear al adversario, salvar al aliado o pagar favores de campaña.

La Cámara de Representantes, esa que en teoría, debería ser la voz de las regiones, suele ser apenas el eco de los caciques electorales y de los lobistas de corbata fina que recorren los pasillos con la partitura bajo el brazo. Porque si algo funciona con precisión suiza en el Congreso colombiano, no es la deliberación democrática, sino el lobby empresarial.

Y el pueblo… bueno, el pueblo cumple un rol fundamental: actor de reparto. En este teatro legislativo, el ciudadano aparece solo para aplaudir en campaña o protestar en la calle. Nunca tiene líneas de diálogo. No decide el guion, no elige el final y, por supuesto, no recibe regalías.

En este teatro legislativo, el ciudadano aparece solo para aplaudir en campaña o protestar en la calle. Nunca tiene líneas de diálogo.

El Congreso funciona como un escenario perfectamente ensayado. Cada partido interpreta su papel con disciplina actoral: si el proyecto viene del opositor, se hunde por principios; si viene del aliado, se aprueba por convicción súbita. El contenido es lo de menos. Lo importante es quién firma, no qué dice. Mientras tanto, en los camerinos, también llamados pasillos, los lobistas afinan violines y negocian exenciones tributarias, contratos jugosos y beneficios sectoriales, la captura del Estado no se detiene. El pueblo observa desde la platea, pagando la entrada más cara: su esperanza.

Con 108 senadores podríamos llenar un auditorio pequeño, pero no logramos llenar de confianza a la ciudadanía. Con 188 representantes tenemos un ejército de micrófonos, pero rara vez amplifican la voz de los campesinos, los trabajadores, los maestros, los médicos o las regiones periféricas. La ironía es brutal: a más congresistas, más invisibles las regiones.

Así, el Congreso colombiano se parece menos a un parlamento y más a un circo estable. Hay demasiados payasos, (también disculpas a los payasos), disputándose el foco y muy pocos malabaristas de la justicia sosteniendo el equilibrio. Los empresarios ríen desde el palco, los lobistas se sirven a manos llenas y el pueblo sigue esperando que, entre función y función, alguien legisle pensando realmente en él.

Tal vez por eso no sorprende que, con 296 curules, la democracia siga sentada… pero en la silla equivocada.

Así, el Congreso colombiano se parece menos a un parlamento y más a un circo estable. Hay demasiados payasos, (también disculpas a los payasos), disputándose el foco y muy pocos malabaristas de la justicia sosteniendo el equilibrio.

Más no es mejor. Más congresistas no significan más democracia, así como más micrófonos no garantizan que alguien diga algo útil. El Congreso colombiano es la prueba viva de que la abundancia sin propósito solo produce ruido. Con 296 curules, el país no legisla mejor: legisla más lento, más caro y más lejos de la gente. La representación se volvió un asunto cuantitativo, no cualitativo, y el resultado es un parlamento inflado que confunde actividad con eficacia y presencia con responsabilidad.

Pero este espectáculo no tendría continuidad, sin la pasividad ciudadana que lo permite. Mientras el Congreso actúa, la ciudadanía observa; mientras legislan para pocos, la mayoría guarda silencio. Hemos normalizado el absurdo: votar cada cuatro años y delegar la indignación al resto del tiempo. Así, el circo sigue en pie, no porque funcione, sino porque nadie se levanta de la silla. Y mientras el pueblo no reclame su lugar en el guion, la democracia seguirá siendo un espectáculo caro, ajeno y profundamente mediocre.