Gestionar la velocidad es cuidar la vida

¿Cómo lograr que las personas reduzcan la velocidad porque comprenden que así protegen su vida y la de los demás, y no solamente por temor a una sanción?

Reducir la velocidad no debería ser una decisión motivada exclusivamente por el temor a una multa. Debería ser, ante todo, una decisión consciente de cuidar la propia vida y la de quienes comparten las vías.

La regulación, los controles y las sanciones son herramientas indispensables para prevenir los siniestros viales. Sin embargo, el desafío va más allá de lograr que los conductores cumplan los límites establecidos: también necesitamos comprender por qué toman determinadas decisiones, cómo perciben el riesgo y qué condiciones influyen en sus comportamientos.

Esto exige ampliar nuestra manera de entender la gestión de la movilidad. No basta con intervenir la infraestructura, establecer límites de velocidad o mitigar los impactos del deterioro de la malla vial. Necesitamos procesos pedagógicos que ayuden a reconocer los riesgos, anticipar las consecuencias de las decisiones y comprender que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Gestionar la velocidad también significa construir Cultura Ciudadana.

Necesitamos procesos pedagógicos que ayuden a reconocer los riesgos, anticipar las consecuencias de las decisiones y comprender que la seguridad vial es una responsabilidad compartida.

En Colombia, los motociclistas representan una proporción muy significativa de las víctimas mortales de los siniestros viales. Comprender esta realidad exige analizar no solo los comportamientos individuales, sino también las condiciones de movilidad, las motivaciones para elegir este medio de transporte y las políticas públicas necesarias para responder a su creciente presencia en las vías.

En una entrevista con Mauricio Reina publicada en El Tiempo el 18 de octubre, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional, señaló que actualmente el número de motocicletas duplica al de vehículos de cuatro ruedas. Para algunas personas, la motocicleta favorece la prosperidad y la autonomía económica, especialmente entre la población de ingresos bajos y medios bajos. Otras advierten que su crecimiento también plantea desafíos colectivos, como la congestión y la siniestralidad, y evidencia que la política integral de transporte del país no ha respondido suficientemente a este fenómeno.

En esa misma conversación se afirma que cerca del 60 % de las muertes viales en Colombia involucran a motociclistas, frente a un promedio mundial cercano al 20 %. También se reportan más de 5.000 motociclistas fallecidos al año. Muchos de ellos son jóvenes de entre 18 y 30 años, en plena edad productiva.

Por ello, es urgente una política pública integral que permita usar la motocicleta de manera responsable y reducir los siniestros viales. En ese propósito, el Congreso debe retomar el debate sobre el Sistema de Sanción por Puntos y de Licenciamiento Gradual y articularlo con el fortalecimiento de la educación vial en los colegios. No se trata solo de enseñar las normas de tránsito, sino de formar ciudadanos capaces de reconocer los riesgos, comprender las consecuencias de sus decisiones y asumir el cuidado de la vida propia y ajena como un principio de convivencia.

(...) es urgente una política pública integral que permita usar la motocicleta de manera responsable y reducir los siniestros viales.

No existe un único perfil de motociclista ni una sola explicación para los comportamientos riesgosos. Las motivaciones, las experiencias, las condiciones de circulación y la percepción del peligro varían de una persona a otra. Reconocer esta diversidad no significa justificar el exceso de velocidad ni desconocer la responsabilidad individual. También es necesario examinar el papel de algunas empresas cuando sus prácticas promueven, consciente o inconscientemente, conductas riesgosas en la vía. Si queremos transformar los comportamientos, primero debemos comprender las circunstancias en las que se producen.

¿De qué sirve repetir mensajes sobre los riesgos de conducir a alta velocidad si no logramos que las personas los reconozcan en sus propias decisiones? ¿Cómo promover la autorregulación si desconocemos las creencias, los hábitos y las presiones que pueden llevar a alguien a conducir más rápido de lo permitido?

La Cultura Ciudadana nos invita a formular estas preguntas y a diseñar respuestas que partan de la realidad de las personas, sin perder de vista la evidencia técnica ni la responsabilidad de las instituciones.

En la formulación e implementación de los Planes de Gestión de la Velocidad, esta perspectiva es fundamental. Por ello su componente de gestión social no debería entenderse únicamente como una herramienta para mitigar los impactos de las intervenciones o atender las quejas que éstas generan. Puede convertirse en una oportunidad para desarrollar procesos de cultura ciudadana orientados a transformar comportamientos.

Esto exige superar las intervenciones aisladas y las campañas que desaparecen después de unos meses. Se necesitan procesos sostenidos, adaptados a las características de cada territorio y de los distintos actores viales, que permitan aprender, dialogar, revisar prácticas y evaluar los cambios alcanzados.

Mi experiencia de cerca de 26 años en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), liderando procesos de relacionamiento y servicio a la ciudadanía, me ha permitido comprender que las intervenciones urbanas no pueden limitarse a resolver asuntos técnicos. También deben considerar las experiencias, las expectativas y las prácticas de las personas que viven y se movilizan en los territorios.

En la gestión de la velocidad, este enfoque implica trabajar de manera diferenciada con motociclistas, conductores, peatones, ciclistas y demás actores viales. También exige articular la pedagogía con la infraestructura segura, la regulación, el control y la coordinación entre las instituciones responsables.

En la gestión de la velocidad, este enfoque implica trabajar de manera diferenciada con motociclistas, conductores, peatones, ciclistas y demás actores viales.

En este contexto, merece un reconocimiento la Universidad de los Andes por su curso en línea, abierto y masivo sobre formulación e implementación de Planes de Gestión de la Velocidad, liderado por el proyecto Conduce a 50 Vive al 100.

Esta iniciativa fortalece las capacidades de quienes participan en la formulación e implementación de estos planes. Me alegra aportar a este proceso con un capítulo dedicado a la Cultura Ciudadana, convencida de que la transformación de los comportamientos debe ocupar un lugar central en las estrategias para proteger la vida en las vías.

¿Cómo podemos construir una cultura vial en la que reducir la velocidad sea, ante todo, una decisión consciente de cuidado?