Proteger las cuencas desde la factura: Una segunda oportunidad

El IDEAM acaba de declarar un fenómeno de El Niño entre fuerte y muy fuerte, el segundo en tres años y en Bogotá sigue fresco el racionamiento que duró de abril de 2024 a abril de 2025. Sin embargo, seis años después de que la CRA permitiera a las empresas de acueducto cobrar en la tarifa la protección de sus cuencas, solo encontré documentado públicamente una que lo haya hecho.

En marzo de 2020 llegué a la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) como gerente ambiental con la idea de promover la aplicación de la recién expedida Resolución CRA 907 de 2019. La norma permite a los prestadores de acueducto hacer, de manera voluntaria, inversiones ambientales adicionales para proteger sus fuentes, como compra de predios, restauración o pago por servicios ambientales, y cobrarlas en la tarifa. Pero llegó la pandemia y pensar en alzas tarifarias se volvió imposible.

Hoy siento que el contexto es otro, con eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Invertir en las cuencas para reducir el riesgo de desabastecimiento es una necesidad.

Entiendo que la principal objeción es el costo para los usuarios. Sin embargo, como señaló en 2020 el entonces director de la CRA, Diego Polanía, el alza sería marginal frente a lo que las empresas invierten en plantas, redes y mantenimiento, aunque su magnitud depende de cada proyecto.

Hay evidencia de que estas inversiones pueden ser rentables para las empresas y los usuarios. En el caso de la EAAB, un estudio del WRI, del que es coautor el hoy ministro de Ambiente, Fabio Arjona, estimó que invertir USD 5,3 millones en sistemas silvopastoriles y restauración en 2.460 hectáreas de la cuenca alta del río Bogotá generaría beneficios por USD 44,6 millones en 30 años, por ahorros en el tratamiento del agua y menor deterioro de la infraestructura.

Hay evidencia de que estas inversiones pueden ser rentables para las empresas y los usuarios.

No obstante, qué tanto convenga aplicar el instrumento depende de la cuenca. Al respecto, el Instituto de Ambiente de Estocolmo (SEI) analizó con la CRA dos casos. En Chinchiná, que abastece a Manizales, la conservación acumulada explica más de un tercio del caudal en época seca, pero como el agua alcanza, cargar nuevas inversiones a la tarifa no se justifica por ahora. En Duitama y Paipa, que ya enfrentan déficit, la restauración sí reduciría el faltante en época seca, aunque no lo eliminaría. 

En todo caso, los estudios encontraron que estas inversiones no necesariamente eran la opción más barata ya que bajar el consumo resultaba más costo-efectivo. Por otro lado, para un usuario de estrato 4 la factura subiría cerca de 9% en Duitama y de 20% en Paipa, por lo que el impacto tarifario no sería menor. 

Por eso los estudios recomiendan combinar la protección de cuencas con la reducción de pérdidas y el ahorro de agua y, en vez de cargar todo el costo a la factura, sumar a otros beneficiarios de la cuenca a través de mecanismos como los fondos de agua. En Chinchiná, donde el fondo VivoCuenca reunía en 2019 a 27 socios, la hidroeléctrica CHEC ya ha cofinanciado la protección de la cuenca de la que también se beneficia.

(...) los estudios recomiendan combinar la protección de cuencas con la reducción de pérdidas y el ahorro de agua (...)

El único caso de aplicación efectiva que encontré documentado públicamente es el de Aguas Regionales EPM, filial del Grupo EPM, que desde 2022 cobra estas inversiones en Urabá y el occidente antioqueño. En todo caso, los montos son pequeños y, entre julio de 2022 y junio de 2023, invirtió unos $139 millones, de los cuales cerca de $38 millones fueron a convenios para proteger la Serranía de Abibe, en Urabá, y el resto a un esquema departamental de pago por servicios ambientales con familias campesinas del occidente antioqueño. En la factura, esto se tradujo en cobros de entre $0,30 y $126 por metro cúbico, según el municipio. Por su parte, la EAAB todavía no ha incorporado inversiones ambientales adicionales en su tarifa.

En la región, Perú va más adelante. Desde 2013, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), el regulador peruano del agua, incluye en las tarifas la retribución por servicios ecosistémicos, y a finales de 2025, 49 empresas de acueducto ya contaban con estos fondos para invertir en sus cuencas, incluido el uso de prácticas ancestrales para la recarga de acuíferos. Pero el reto ha sido gastar esa plata considerando que en el primer semestre de 2025 las empresas fuera de Lima ejecutaron apenas el 21% de sus inversiones programadas, y en enero de 2026 el gobierno expidió el Decreto Legislativo 1706, que obliga a transferir a entidades de conservación los fondos de las empresas que ejecuten menos del 25% de lo programado y acumulen más de un millón de soles sin gastar.

Colombia tiene ahora una segunda oportunidad. El nuevo marco tarifario de la CRA, expedido en marzo, obliga a las empresas con más de 5.000 suscriptores urbanos a formular en 2027 un Plan de Sostenibilidad Hídrica, con el que se reconocerán en la tarifa las inversiones ambientales obligatorias y adicionales. La protección de cuencas entra así en la planeación de las empresas, aunque las inversiones adicionales siguen siendo voluntarias.

Para que esta vez funcione, se debe buscar que el plan no sea un trámite y priorice las cuencas con déficit, donde la restauración tiene más impacto; que la tarifa sea un aporte estable a esquemas colectivos con otros usuarios de la cuenca, no la única fuente; y que se mida y publique la ejecución, porque, como muestra Perú, recaudar no basta. El Ministerio de Ambiente, que conoce bien esta evidencia, puede ayudar a que el sector la aproveche para que el nuevo marco no repita la historia de la 907: una buena norma que se quedó esperando quién la usara.