La emergencia es el gobierno

Quería que mi columna de cierre de año hubiera sido de un tema no coyuntural pero que considero clave para el futuro de Colombia y apropiado para el periodo electoral, como lo es el del desarrollo de largo plazo y que está relacionado con los dos más recientes Premios Nobel de Economía, los de los años 2024 y 2025. Pero la realidad fiscal se impuso.

Sin embargo, cuando estaba a punto de terminarla me entero por un comunicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en X que el viernes 20 de diciembre había emitido deuda equivalente a $ 23 billones. Días antes se conoció que a los contratistas del Estado se les iba a pagar en enero lo correspondiente al mes de diciembre y en este último lo correspondiente a noviembre. Y la noticia se interpretó como la confirmación de la falta de caja del Gobierno Nacional para cumplir sus obligaciones.

Ese diagnóstico cobró fuerza cuando el equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá reveló que el Gobierno Nacional tenía en tesorería alrededor de $ 1,4 billones disponibles al 11 de diciembre. El mismo cuadro muestra que en 2024 el Gobierno Nacional contaba con algo menos de $ 10 billones: bajo frente al histórico, pero muy por encima de lo observado este año.

El cambio sí llegó, pero en forma de irresponsabilidad fiscal que hipoteca a los próximos gobiernos

Por si fuera poco, Fitch degradó la calificación de riesgo por el persistente déficit fiscal, que cerrará el año por encima del 7 % del PIB estimado a comienzos de año: el peor nivel sin pandemia. Y, en la rueda de prensa donde se esperaba hablar de la tasa de intervención del Banco de la República, el ministro de Hacienda deslizó la posible declaratoria de emergencia económica ante la no aprobación de la reforma tributaria (mal llamada “ley de financiamiento”). En su argumento, habría que aprobar impuestos sin debate en el Congreso y en plena vacancia judicial, mientras la Corte Constitucional define la exequibilidad. Mala señal.

Todo esto en el “gobierno del cambio”, elegido para desterrar prácticas que —se suponía— no volveríamos a ver. El cambio sí llegó, pero en forma de irresponsabilidad fiscal que hipoteca a los próximos gobiernos. Quien asuma en 2026 tendrá que ejecutar un ajuste que enfriará la economía. Si gana la “continuidad del cambio”, el castigo del mercado podría venir no solo por la vía externa, sino con paradas internas: el propio mercado doméstico negándose a prestarle al gobierno.

Los defensores del gobierno del presidente Petro sacan a relucir los datos de crecimiento, a los cuales se suman el del Indicador de Seguimiento de la Economía — el DANE reportó un ISE de 2,95 % interanual en octubre (y 2,83 % en serie ajustada)—, y el desempleo de un dígito. De inflación también hablan, pero es poco lo que tienen que celebrar pues, aunque es más baja respecto a la que se presentó al final del gobierno del presidente Duque, no logró acercarse al 4 % y por el contrario parece estancada en un poco más del 5 %.

En una columna reciente hablé del doping fiscal que está detrás de esos datos, que innegablemente son buenos pero que ocultan unas realidades que potencialmente saldrían a flote cuando venga el ajuste fiscal necesario y que se vislumbra doloroso para hacer sostenible nuevamente la senda fiscal. Claro, si el candidato del gobierno es elegido seguramente profundizará las políticas del actual gobierno, a pesar de haber anunciado un ajuste no creíble de las finanzas públicas.

Este gobierno del cambio es una emergencia en sí mismo.

En economía aprendemos que la vida está llena de disyuntivas y que escoger una u otra opción implica beneficios y costos directos, así como indirectos o no intencionados, y lo que está sembrando el gobierno actual es un conjunto de efectos ‘no intencionados’ que implicarán la manifestación de desbalances macroeconómicos.

El tono de esta columna es de alarma, y algo catastrófico, pero es importante alertar la necesidad de un ajuste. En Colombia no hemos vivido las desagradables consecuencias de las crisis macroeconómicas de gran escala, como las han padecido otros países latinoamericanos en la década perdida, Argentina muchas veces o Venezuela recientemente. El retroceso social que se vive no es solo un dato. Se sufre con desempleo y hambre. Lo paradójico en América Latina es que, aun así, muchos quieren que los causantes regresen, de otro modo no veríamos tantos deseando el retorno del kirchnerismo o la continuidad de Maduro.

Este gobierno del cambio es una emergencia en sí mismo. Es un pleonasmo leer anuncios de emergencia por parte de un gobierno que con sus decisiones la ha causado. Vivimos una desde 2022. Su declaración es solo una confirmación inicial de lo que se viene. Ojalá la Corte Constitucional se pronuncie pronto para que los efectos se acoten en el tiempo y el ajuste pueda hacerse con el menor daño posible.

Antes del 2022 no vivíamos en el paraíso, pero ciertamente luego de estos 4 años estamos más lejos de estar en uno.