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¿Cuánto carbono hay en un crédito?

El primer paso es medir. El siguiente es que cada entidad publique sus emisiones financiadas y cómo evolucionan año a año.

Javier Sabogal Mogollón
Javier Sabogal MogollónFue asesor de los ministerios de Hacienda y Ambiente, ha trabajado en el Banco Mundial, la CAF, el PNUD, la WWF y en el Acueducto de Bogotá
17 NOV 2026 - 17:40Actualizado: 17 NOV 2026 - 22:41

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La semana pasada estuve en el lanzamiento del documento “Factores de intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero para actividades económicas en Colombia”, un estudio de Asobancaria (el gremio de la banca) realizado con el apoyo del Global Green Growth Institute (GGGI), el programa UK PACT del Gobierno británico y BID Invest. Sirve para que un banco que no tiene datos de un cliente pueda estimar sus emisiones a partir de sus ingresos, multiplicándolos por un factor que indica cuántas toneladas de CO₂ equivalente genera su sector por cada millón de pesos producido. 

Hasta ahora esos factores venían de bases internacionales que incluyen a Colombia en promedios regionales o completan la información con datos de otras economías. Los nuevos se construyeron con las cuentas nacionales del DANE y el inventario de emisiones del IDEAM, y cubren 498 de las 499 actividades de la clasificación industrial que usa el país. 

Entre las actividades más intensivas están la cría de ovejas y cabras (2,17 toneladas de CO2 equivalente por millón de pesos), la gestión de residuos (1,97) y la ganadería bovina (1,93), que sube a 2,83 si se le suman las emisiones por la conversión de bosque en potreros. La generación térmica (0,87) es cuatro veces más intensiva que la hidroeléctrica (0,21). En el otro extremo, la mayoría de los servicios está por debajo de 0,1, y casi tres de cada cuatro factores son menores a 0,3.

Vale la pena advertir que la extracción de petróleo y gas (0,26) y la de carbón (0,13) tienen factores bajos, menores que los de la ganadería o el transporte de carga, porque estos miden las emisiones de producir cada peso (incluida su cadena de suministro), pero no las que se generan cuando otro sector, u otro país, quema ese carbón o ese petróleo. Es decir, un factor bajo no los convierte en sectores limpios. 

En julio escribí en esta columna que el inventario del IDEAM mostraba un cambio de fondo en el que el sector energía (38,1% de las emisiones netas de 2024) superaba al uso del suelo y la deforestación (27,4%) como la principal fuente del país. Si se cruza ese diagnóstico con los nuevos factores, la pregunta es qué parte de la cartera de cada entidad está en la generación térmica, el transporte, la ganadería y los residuos. 

Este ejercicio importa porque por la banca pasa buena parte del crédito a las empresas del país y, según dice el informe de Asobancaria usando cifras del CDP, más del 99% de la huella de una entidad financiera corresponde a sus emisiones financiadas, es decir, a las de las empresas y los proyectos a los que presta o en los que invierte. Responder esa pregunta es indispensable para saber si el país va en camino de cumplir las metas de la contribución nacionalmente determinada (NDC), que compromete a Colombia a emitir como máximo entre 155 y 161 millones de toneladas de CO₂ equivalente en 2035.

Hay que reconocer el liderazgo de Asobancaria en sostenibilidad dentro del sector financiero. En 2012 impulsó, junto con el Gobierno Nacional, el Protocolo Verde, un acuerdo voluntario que abrió el camino a los productos financieros verdes y al análisis de riesgos ambientales y sociales en el crédito. En su renovación (2022), la banca se propuso financiar el 40% de las medidas de mitigación y adaptación de los objetivos climáticos del país a 2030, y desde 2024 cuenta con una calculadora Net Zero para medir la huella de carbono de sus carteras. Los nuevos factores alimentarán esa calculadora con datos colombianos.

El Protocolo Verde también sirvió para vincular a otros gremios financieros, primero con su versión ampliada, firmada por Fasecolda, Asobolsa, Asofiduciarias y Asomicrofinanzas, y más recientemente con la creación de la Mesa de Finanzas Sostenibles de Colombia (MFSC), que reúne a estos gremios, a Asofondos y a Colcapital. La Mesa busca coordinar esfuerzos público-privados para que las entidades incorporen criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y gestionen mejor sus riesgos climáticos. Por eso debería ser también el espacio para que los demás gremios sigan el ejemplo de Asobancaria, empezando por adoptar estos factores como referencia común para que sus cifras sean comparables.

Medir cobra especial relevancia por el énfasis que el nuevo gobierno le da a sectores asociados a combustibles fósiles. Las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 proponen recuperar el millón de barriles diarios de petróleo en 2030, impulsar los yacimientos no convencionales mediante fracking, el gas costa afuera y el gas asociado al carbón, y reconocen el carbón térmico como respaldo de la generación eléctrica. Al mismo tiempo, el documento ratifica la meta de reducir en 51% las emisiones a 2030 frente al escenario tendencial, así como la carbono neutralidad a 2050.

Conciliar ambas apuestas pasa en buena medida por el sector financiero, de donde saldrá parte de esos recursos. Es primordial que avance en su ruta de transición, amplíe la inversión en alternativas menos intensivas en carbono y, si crecen los portafolios dependientes de combustibles fósiles, debería poder decir cuánto aumentan sus emisiones financiadas y si eso es compatible con sus propias metas de descarbonización y con las del país. 

El primer paso es medir, y Asobancaria ya lo dio. El siguiente es que cada entidad publique sus emisiones financiadas y cómo evolucionan año a año. Solo así sabremos si el crédito que mueve la economía colombiana va en la misma dirección que sus metas climáticas.

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