La contrarreforma pensional que propondría Abelardo: una oportunidad para replantear lo verdaderamente importante.

En Colombia se han dado dos grandes reformas pensionales en los últimos 33 años, y este asunto no pertenece a un presidente  ni a un partido político, sino que pertenece a millones de colombianos en el territorio y en el exterior que durante años cotizaron con la esperanza de llegar a la vejez de manera digna y con un ingreso económico que se ajuste a su mínimo vital y al esfuerzo realizado.

Actualmente la reforma pensional continúa bajo estudio de la Corte Constitucional. Lo cierto es que esta reforma promovió un traslado masivo de más de 1.033.000 de afiliados al sistema de seguridad social en pensiones; y sobre esto se han dado varias discusiones, sobre todo por el dinero que los mismos representan, cerca de los 25 billones de pesos que hace algunos días desataron una discusión por un decreto que ordenaba el traslado de estas sumas a Colpensiones y que en la actualidad se encuentra suspendido  por orden del Consejo de Estado.

Es precisamente en este escenario donde empieza a tomar forma la "contrarreforma" que ha anunciado Abelardo de la Espriella, y que merece analizarse con objetividad. En la mencionada propuesta se pretende abordar 3 grandes ajustes que buscan: en primer lugar,  restablecer la libertad de elección entre el régimen público y el privado, es decir, desmontar el hecho de que todos deben cotizar obligatoriamente en Colpensiones como fondo base y, al contrario de ello, permitir que cada afiliado escoja el fondo que más le favorezca, manteniendo el límite de cotización de 2,3 SMMLV para no permitir las megapensiones.  Sobre el particular, no hay cambios frente a lo que traía la Ley 100 de 1993 frente a la elección de fondo, y se mantiene de la actual reforma el límite de cotización  de 2.3 salarios.

En este punto es importante resaltar que  el 93% de los pensionados de Colpensiones reciben una mesada de menos de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes; por eso es importante que se replantee a qué hace énfasis el término “megapensiones”, porque las cifras muestran otra realidad y es la de la falta de cobertura, desinformación e informalidad, estos datos plantean una pregunta necesaria: ¿estamos concentrando la discusión en una excepción mientras ignoramos la realidad de la mayoría de afiliados pensionados? En mi opinión, ese es el verdadero desafío.

A esto se suma, en segundo lugar, otra propuesta: blindar constitucionalmente el ahorro pensional, de manera que los recursos que una persona construyó durante años de cotización conserven de forma exclusiva e inamovible su finalidad pensional, sin importar el gobierno de turno ni las tentaciones fiscales que puedan surgir en el camino. Y sobre este punto es necesario que este gobierno trabaje incansablemente en lograr este cometido, ya que son millones de colombianos empleadores, empleados e independientes quienes pagan mes a mes las cotizaciones a la seguridad social en pensiones, y debe quedar muy claro que estos aportes pertenecen exclusivamente al trabajador, sea dependiente o independiente.

En tercer lugar, la propuesta avanza también hacia el desmonte del pilar semicontributivo, devolviéndole al afiliado la decisión sobre el destino de su ahorro, ya sea una renta vitalicia o la devolución de saldos, en lugar de que el sistema le imponga una única ruta posible. Además de lo anterior, se propone la ampliación de las causales para acceder a la devolución de saldos o a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, planteando por un lado la posibilidad de que el afiliado acceda a su propio ahorro pensional en casos de enfermedad terminal, para financiar tratamientos de alto costo que no estén cubiertos por el plan básico de salud, y la posibilidad para los afiliados radicados en el exterior que logren demostrar debidamente esa condición y que requieren  de sus ahorros para su proyecto de vida fuera de Colombia.

Ahora bien, en la propuesta de la “contrarreforma” no se ha dicho nada sobre el aumento de la edad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido que Colombia tiene desafíos mucho más grandes: ampliar la cobertura, reducir la informalidad laboral, fortalecer y dar a conocer los incentivos para cotizar y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema frente al cambio demográfico. El debate sobre la edad no es la única alternativa; existen otros mecanismos, como ajustar gradualmente el  porcentaje de pensión, potencializar el ahorro complementario y proponer incentivos que permitan que más trabajadores coticen establemente durante su vida laboral.

Mientras millones de colombianos sigan en la informalidad, cualquier reforma seguirá enfrentando las mismas limitaciones. El verdadero reto es lograr que más colombianos puedan cotizar de manera continua durante su vida laboral, y esto requiere un cambio de mentalidad,  y es entender que la pensión ya no puede verse como el único ingreso para la vejez. La tendencia mundial apunta hacia sistemas de pensión que tengan un piso mínimo de protección complementado con ahorro individual, y fortaleciendo instituciones como Colpensiones para que pueda ampliar la cobertura, generar confianza y promover una cultura de ahorro con información clara y objetiva.

La reforma pensional no debería medirse por quién la propone, sino por cuántos colombianos protegerá, cómo mejorará la confianza en el sistema y qué tan sostenible fiscalmente resulta para las futuras generaciones.