"Como en la época chavista": Gobierno de Daniel Noboa interviene históricos periódicos de Ecuador
Lo que el Gobierno presenta como una medida para "supervigilar la marcha económica y financiera", es denunciado como presión a la prensa libre.
La intervención por parte del Gobierno de Daniel Noboa se formalizó el 18 de febrero de 2026, tras semanas de hostigamiento denunciadas por la empresa editora de dos de los periódicos más importantes del Ecuador: EXPRESO y EXTRA.
El detonante fue la negativa de GRANASA, editora de ambos medios, a entregar información que consideraba fuera del marco legal. La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), accionista minoritaria con apenas el 2,56%, solicitó un desglose de 25 puntos de información sensible, incluyendo detalles sobre asesores legales y estrategias de defensa.
Ante esto, Galo Martínez Leisker, presidente ejecutivo de GRANASA, se amparó en el artículo 15 de la Ley de Compañías, el cual faculta a no entregar información societaria cuando “existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales”.
La empresa sostiene que instituciones del Gobierno como la UAFE y el SRI han emprendido una "campaña agresiva de difamación" en su contra, lo que justifica la reserva de sus datos estratégicos.
Alarmas democráticas y comparaciones regionales
La severidad de la medida ha llevado a expertos a trazar paralelismos con procesos de deterioro democrático en la región. El abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz fue tajante al señalar que “lo que ocurre con Diario Expreso, equivale a lo que hizo Hugo Chávez con Radio Caracas Televisión”.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su profunda preocupación, recordando que “el control sobre empresas independientes no puede, en ninguna circunstancia, convertirse en un mecanismo indirecto de censura o presión editorial”. Martha Ramos, de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, calificó la intervención como un “acto intimidatorio que puede inhibir el ejercicio del periodismo libre e independiente”.
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La disputa por las acciones y la sombra del despojo
Un punto crítico en esta intervención es la controversia sobre el 40 por ciento del paquete accionario de la empresa. Según la defensa de GRANASA, la Superintendencia pretende que la compañía “adultere” su libro de socios para despojar a Ingrid Martínez Leisker de sus acciones en favor de una empresa en liquidación, sin que exista una orden judicial en firme.
Mauricio Alarcón, director de la fundación Ciudadanía y Desarrollo, comparó este escenario con los juicios sufridos por la prensa en el gobierno de Rafael Correa, concluyendo que la situación actual es incluso más grave: “Esto es apropiarse de un medio de comunicación de formas indirectas... No fue algo tan directo desde la Presidencia”.
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Un patrón de intimidación al periodismo independiente
Organizaciones como Fundamedios han rechazado la medida, calificándola de “desproporcionada y de alto riesgo para la independencia editorial”. Para analistas como Juan Carlos Calderón, exeditor de Expreso, el régimen de Daniel Noboa buscaría “periodistas domesticados” mediante una “política de intimidación permanente”.
A pesar de la designación de un interventor externo y las presiones administrativas, GRANASA ha asegurado que estas acciones “no podrán doblegar la independencia de la línea editorial e informativa de Expreso y Extra”. El caso queda ahora bajo la lupa internacional, mientras la sociedad civil ecuatoriana debate si esta intervención es un trámite societario o, como sugieren los críticos, el primer paso para silenciar a las voces que incomodan al poder.
