¿Quiénes están detrás de la ofensiva jurídica contra el aumento del salario mínimo 2026?
Exmagistrados, economistas y gremios empresariales lograron que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que fijó el alza del 23%.
El incremento del 23 % al salario mínimo para 2026, anunciado por el Gobierno de Gustavo Petro a través del Decreto 1469 de 2025, no solo generó debate económico y político. También desató una ofensiva jurídica sin precedentes que terminó con la suspensión provisional de sus efectos por parte del Consejo de Estado.
Entre los solicitantes de medidas cautelares para suspender el decreto aparecen figuras con peso en el mundo jurídico y económico. Uno de los nombres más relevantes es el del exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, quien alegó que el Ejecutivo desconoció los criterios obligatorios establecidos en la Ley 278 de 1996 para fijar el salario mínimo. Según su planteamiento, el Gobierno sustituyó esos parámetros por el concepto de “salario vital”, basado en un estudio técnico de la OIT, lo que, a su juicio, constituye una extralimitación de la potestad reglamentaria.
También presentaron demandas los economistas y abogados Luis Guillermo Vélez Álvarez, Samuel Isaac Mendoza Pérez y Juan Esteban Gómez Bernal, quienes sostienen que el incremento debió calcularse sumando la inflación certificada (5,3%) y la productividad (0,91%), lo que habría dado un aumento cercano al 6,21%. Para ellos, el 23% decretado resulta desproporcionado y carente de sustento técnico verificable.
A la lista se suman ciudadanos como Hamilton Gutiérrez Torres, Germán Eduardo Castro Marín, Carlos Francisco Soler Peña, Esteban Gómez Manrique y otros demandantes que coincidieron en un argumento central: el Gobierno no explicó de manera clara cómo los indicadores macroeconómicos oficiales condujeron a un incremento que cuadruplica la inflación y multiplica ampliamente la productividad.
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Gremios también pidieron suspender el decreto
El frente gremial también jugó un papel clave. La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, y la Federación Colombiana de Entidades Autorizadas para Afiliar en Forma Colectiva a Trabajadores Independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, Fedecoltia, alertaron sobre posibles efectos inflacionarios, aumento de la informalidad y un impacto fiscal significativo en pensiones y nómina pública.
FENALCO ASEGURA QUE LA DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO QUE SUSPENDE EL DECRETO DEL SALARIO MÍNIMO PROTEGE LA CONSTITUCIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD DEL EMPLEO FORMAL#Comunicado l La decisión del @consejodeestado frena un incremento del 23,7 % que, según el gremio, generaba riesgos… pic.twitter.com/hDjzmILgZh
— Fenalco Nacional (@FenalcoNacional) February 13, 2026
En sus escritos, varios demandantes advirtieron que la aplicación inmediata del aumento generaría efectos irreversibles debido a la indexación automática de multas, tarifas, aportes a seguridad social y mesadas pensionales, lo que, según argumentan, podría comprometer la sostenibilidad fiscal.
Por su parte, el Gobierno defendió que el aumento buscaba cerrar la brecha entre el salario mínimo legal y el costo real de vida, avanzando hacia un ingreso “vital y digno”, en línea con principios constitucionales de protección al trabajo. Sin embargo, para los demandantes, esa finalidad no puede desarrollarse por fuera de los parámetros estrictamente fijados por la ley.
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La decisión del Consejo de Estado no resuelve aún el fondo del litigio, pero sí abre un debate de alto impacto: hasta dónde puede llegar el Gobierno en la interpretación de los criterios para fijar el salario mínimo y qué límites impone la ley frente a decisiones de fuerte contenido social y económico.
El proceso apenas comienza, pero ya dejó una señal clara: el aumento del salario mínimo de 2026 se convirtió en uno de los episodios jurídicos y económicos más controversiales de los últimos años.
