Condenados: los nexos de exdirectivos de Chiquita Brands con paramilitares

El Juzgado Sexto Especializado de Medellín condenó a 11 años de prisión seis exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brands por presuntos nexos con grupos de Autodefensa en Colombia. Además se ordena la captura una vez quede en firme la decisión, que será resuelta en segunda instancia, si es apelada por alguna de las partes.

No obstante, el juzgado advierte que el proceso “lleva un trasegar por la justicia de casi 17 años, de los cuales surtió 11 años en la fiscalía y 6 en Juzgados especializados de Antioquia, siendo asignado a este último el 31 de marzo de 2022 cuando se dio su creación”, fecha en la que no se había surtido ni la etapa preparatoria ni mucho menos el juicio. Dicha advertencia la hizo en razón al riesgo de prescripción del caso.

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De otra parte, el juzgado cuestiona que se tenía bastante carga laboral y otros procesos por revisar y que pese a la solicitud de que se ayudara en este caso, no se contó con el apoyo, como sí lo tuvo el caso del expresidente Álvaro Uribe.

“Sorprende a la suscrita que a pesar de poner en conocimiento de la autoridad competente esta situación, no se hayan tomado medidas, cuando en otro proceso de connotación como es el que se adelanta en contra del expresidente Uribe Vélez, el Consejo seccional de la Judicatura en Acuerdo No CSJBTA25-13 del 28 de febrero de 2025 ordenó suspender temporalmente el reparto tutelas y procesos al juzgado que adelanta el caso para que la titular pudiera dedicarse exclusivamente a su estudio”, señala el juzgado.

Paso seguido en la decisión se recuerda que el surgimiento de la violencia en la región del Urabá coincide con la elección de Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia para el periodo entre 1995 y 1998, “y con ello la promoción de las Cooperativas de Seguridad (Convivir) que a pesar de haber sido creadas por el Gobierno Samper en 1994 mediante el Decreto 356, encontraron su mayor auge y expansión entre el 95 al 98”.

Añade que la justificación del gobierno, en esa época, para la creación de los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada (SEVSP) fue combatir la inseguridad en las regiones con poca presencia del Estado. Además, dice el documento, que la creación generó mucha controversia en algunos sectores.

“(…) empezaron a operar mediante autorización del Gobierno Nacional (a través del Ministerio de Defensa) y departamental (la gobernación expedía la autorización). Además, debían ser supervisadas por la Superintendencia de Vigilancia que expedía las licencias de funcionamiento, tras verificar los requisitos legales y como cualquier cooperativa debían pagar impuestos, presentar declaraciones ante la DIAN ante otros entes de control”, precisa el juzgado.

Par el juzgado se demostró que “estas organizaciones se armaron ilegalmente, colaboraron con paramilitares como es el caso del bloque bananero e incluso intervinieron en masacres como la del ARO de 1997”; es decir, que dichas organizaciones eran un hibrido entre vigilancia legal y paramilitarismo con respaldo estatal, “aunque fueron creadas como mecanismo de autodefensa civil, la falta de control Estatal y la permeabilidad de estas por las AUC las convirtió en el brazo armado y financiero de las AUC”, en hechos que aún son objeto de investigación de diferentes tribunales del país.

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En Montecasino se fraguó apoyo de multinacional

El juzgado, con base en lo manifestado por la Fiscalía y los testigos, exintegrantes de grupos de autodefensa, en Montecasino se “presentó el acuerdo voluntades entre Chiquita Brands y los paramilitares”, pese a que la defensa de los implicados manifestó todo lo contrario.

“La defensa alega que fue una reunión donde se convocó para una exigencia extorsiva. Para los que no lo saben, Montecasino era una finca bananera que se convirtió en el centro de operaciones de las AUC, era su cuartel general, su centro de entrenamiento y también de coordinación de masacres. Eso se supo para el año 2000, a partir de las denuncias de algunos desertores de las AUC y de campesinos víctimas del desplazamiento”, señaló el juzgado.

En dicha reunión estuvieron como testigos Raúl Emilio Hasbún, Irving Bernal, Charles Dennis Keiser y Reinaldo Escobar de la Hoz, los dos últimos exdirectivos de la multinacional y quienes hicieron parte del proceso penal que hoy fue dado a conocer.

Chiquita Brands era conocedora de que los dineros que pagaban a las Convivir por el supuesto servicio de seguridad tenían como destino los grupos de autodefensa.

“El señor Irving que era un bananero integrante del gremio empresarial AUGURA (Asociación de bananeros Urabá) les dijo a los de Banadex que habría una reunión de seguridad productores y estos manifestaron interés en asistir. Una vez allí, se encontraron con la presencia de Carlos Castaño quien los recibió amablemente y les explicó las razones de su movimiento, como funcionaba”, indica el fallo.

En 1997 ya había una sospecha de la ilegalidad de las Convivir, hasta el punto que uno de los implicados en el proceso, Reinaldo Elías Escobar· de la Hoz, afirmó que Chiquita corporativamente tenía una inquietud sobre la legalidad de los pagos a la Convivir, “pero que el entonces gobernador Uribe le dijo que estuviera tranquilo que todo era bajo un esquema de legalidad”.

Para el juzgado quedó claro, en este punto, que Chiquita Brands era conocedora de que los dineros que pagaban a las Convivir por el supuesto servicio de seguridad tenían como destino los grupos de autodefensa, y que así lo expuso su jefe de seguridad, Víctor Julio Buitrago Sandoval, quien ingresó a la empresa desde 1998 y en interrogatorio rendido a la Fiscalía explicó cómo era el pago.

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Los condenados

Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún a la pena de 11 años y tres meses de prisión como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir. Además ordenó la captura de los implicados una vez quede en firme la sentencia.

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