Caso Chiquita Brands: víctimas advierten prescripción pese a fallo condenatorio

El Juzgado encargado de condenar a Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún a la pena de 11 años y tres meses de prisión, como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir, advirtió que el caso tardó 17 años.

El despacho judicial también cuestionó el hecho de que la Judicatura haya dado celeridad al caso del expresidente Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal y no se haya tenido en cuenta, en igual circunstancias, este proceso que involucra a la multinacional Chiquita Brands por nexos con grupos paramilitares.

Las víctimas también se sumaron a la advertencia de una eventual prescripción que podría darse en menos de dos meses, así lo señaló en diálogo con Minuto60 el abogado Sebastián Escobar del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

“La consideramos negativa en la medida en que el riesgo de prescripción aún se mantiene vigente y en poco tiempo podría quedar sin efectos o decretarse una prescripción de la acción penal”, señaló el abogado Escobar.

De acuerdo con el proceso penal, llevado bajo la Ley 600 de 2000, su decisión puede ser apelada por cualquiera de las partes, lo que implica una segunda instancia ante el Tribunal Superior de Medellín que tendría que definir si confirma o revoca la decisión del juzgado. Esto podría tardar algunos meses teniendo en cuenta que en otros casos las decisiones son demoradas.

Sin embargo, tanto el juzgado como víctimas, advierten que el caso debe tenerse en cuenta por su relevancia e importancia, al tratarse de connotación nacional y que, en tal sentido, de acuerdo con el abogado Escobar, se espera que sea una decisión divulgada y conocida que sirva para la no repetición de estos hechos.

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Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entidad que representa los intereses de las víctimas acreditadas en el proceso penal que se adelantó contra varios exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands, como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir, se trató de una decisión acertada.

El abogado Sebastián Escobar señaló que además es importante porque se logró judicializar a terceros que financiaron a grupos armados ilegales en el conflicto, y que en otras jurisdicciones se esperan similares resultados.

Escobar dijo que es una decisión que cobra valor porque refuerza la hipótesis que se ha tenido por parte de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos con relación a que la multinacional Chiquita Brands financió grupos paramilitares en la década de los 90´s.

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“Esta empresa y sus asociados financiaron tanto de manera directa como a través de las cooperativas de seguridad (Convivir) a estos grupos paramilitares, grupos que además son responsables, en este periodo, de crímenes de lesa humanidad y graves crímenes internacionales”, indicó el abogado.