La JEP dejó en firme la condena contra las FARC: el castigo definitivo tiene nuevas condiciones
El tribunal revocó 36 puntos de la sentencia inicial porque las penas eran indeterminadas. Ahora los exjefes tendrán reglas más estrictas.
La condena contra los siete exjefes del último Secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros quedó en firme y de manera definitiva. La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, el órgano de cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), confirmó este miércoles la sanción de hasta ocho años que se les había impuesto en primera instancia, pero por el camino le cambió piezas de fondo al fallo original.
El caso arrastra nombres que marcaron el conflicto: Rodrigo Londoño (alias Timochenko), Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las Farc. La JEP los declaró máximos responsables de la política de secuestro que la extinta guerrilla ejecutó durante décadas para financiar la guerra, presionar el canje de prisioneros y controlar territorios.
Víctimas durante Audiencia Pública de Reconocimiento al Último Secretariado de las FARC por secuestros. Foto: Colprensa.
El cambio que más pesa: la Sección revocó la condena por el crimen de esclavitud. No lo hizo porque los hechos no ocurrieran, sino por una garantía procesal: a los exjefes nunca se les dio la oportunidad de aceptar o rechazar su responsabilidad por ese delito puntual. Aun así, esos hechos no quedaron impunes, pues fueron sancionados bajo otras categorías: tortura, tratos crueles y atentados contra la dignidad personal.
¿Qué había pasado en primera instancia?
Para entender la decisión de hoy hay que volver a septiembre de 2025. Ese mes, la Sección de Reconocimiento de Verdad emitió la primera sentencia restaurativa de la JEP y les impuso a los siete la pena máxima: ocho años de trabajos, obras y actividades restaurativas, sin cárcel. El fallo fue histórico, pero también polémico, y varias víctimas lo recibieron con rabia.
Contra esa primera decisión llovieron los reproches. Se formularon 52 cuestionamientos por parte de víctimas, sus organizaciones y el Ministerio Público, y 17 más por parte de los propios sancionados. La Sección de Apelación estudió todos y le dio la razón a buena parte de ellos: revocó 36 resolutivos de la sentencia original.
El presidente de la sección de apelación, el magistrado Eduardo Cifuentes, explicó que estas son las dos primeras condenas del "trámite dialógico" en segunda y última instancia, y las enmarcó como una brújula para lo que viene. Según dijo, son "precedentes decisivos y determinantes para las restantes sentencias que la JEP dictará en los 11 macrocasos que actualmente se encuentran abiertos".
Julián Gallo, Pastor Alape y Rodrigo Londoño; miembros del último secretariado de las FARC. Foto: Colprensa.
El eje del fallo: que la sanción sea "efectiva"
Si hay una palabra que atraviesa la nueva sentencia, es una: efectividad. La Sección concluyó que la condena de primera instancia era demasiado indeterminada y le faltaba "dientes", es decir, el componente que de verdad restringe la libertad de los condenados. En eso les dio la razón a las víctimas y al Ministerio Público, que habían apelado justo por ese punto.
En palabras del magistrado Cifuentes, una sanción propia se compone de tres partes que no pueden confundirse: "un componente restaurativo dado por los trabajos y actividades de contenido reparador, un componente retributivo que son las restricciones a la libertad de locomoción, de movilidad y de residencia, y un componente de supervisión". La crítica era que en el fallo original el castigo se diluía dentro del simple monitoreo de las obras.
Por eso la nueva sentencia ordena fijar con precisión horarios de trabajo, lugar de residencia y el municipio y departamento donde cada sancionado deberá cumplir. Para que no quede nada al azar, la JEP incorporó como anexo principal un cronograma territorializado: un mapa detallado de qué hará cada quien, dónde y en qué fechas.
La Sección de Apelación de la JEP revocó 36 resolutivos de la sentencia de primera instancia:
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 1, 2026
En primer lugar, dejó sin efecto los que imponían actividades restaurativas como parte de la Sanción Propia, porque, en su mayoría, correspondían a obligaciones del régimen de… pic.twitter.com/O97Uk0Jl1c
¿En qué van a trabajar durante ocho años?
El plan de trabajo es concreto y tiene calendario. Son siete fases que se despliegan entre el 15 de agosto de 2026 y febrero de 2034, repartidas en siete regiones del país, desde el Caribe hasta el suroccidente. La sentencia conservó una tercera parte de las actividades del fallo original y sumó las propuestas que las mismas víctimas fueron construyendo durante el proceso.
El grueso de las tareas apunta a reconstruir lo que la guerra destruyó. La línea más grande es infraestructura rural y urbana, con el 41,25% de las actividades, seguida de medio ambiente (16,25%), desminado humanitario (15%) y memoria histórica (15%). El resto se reparte entre búsqueda de desaparecidos y proyectos de vida económica.
Foto: Colprensa.
Otro ajuste de la segunda instancia tiene que ver con la justicia fina. La primera instancia les había puesto a los siete la misma pena máxima de ocho años, sin distinguir. La Sección de Apelación consideró que eso no era correcto y aplicó criterios de individualización: tres de los siete no recibieron la sanción máxima, por haber participado en menos políticas de secuestro o por no haber tenido mando directo sobre la tropa.
Ese matiz tiene una consecuencia práctica hacia el futuro. Como el tope para quienes reconocen responsabilidad en la JEP es de ocho años, solo a esos tres, que quedaron con una pena menor, se les podrá sumar una nueva condena, hasta ese límite, en los macrocasos que aún están pendientes de juzgamiento.
"Aplicamos total simetría": la respuesta a las críticas
El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, aprovechó la rueda de prensa para salir al paso de una idea que, dijo, se ha vuelto común: que el tribunal es más duro con la fuerza pública que con la exguerrilla. Lo negó de frente. "Aquí estamos aplicando total simetría. Total simetría. Aquí no tenemos preferencias por los de un lado ni por los del otro", afirmó.
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP. Foto: Colprensa.
Ramelli explicó que cada compareciente, sea exguerrillero o militar, escoge libremente si va por la vía restaurativa o por la adversarial, y que casi la totalidad de las Farc optó por la primera. También defendió los beneficios del sistema con una comparación: quien es hallado culpable en la JEP enfrenta un máximo de 20 años, "una pena muy inferior" a la de la justicia ordinaria, que aplica castigos de 40 a 50 años.
Sobre las víctimas, el magistrado fue enfático en que ninguna sentencia repara del todo lo perdido. "Esta sentencia jamás podrá devolverles el tiempo perdido. El tiempo del cautiverio, el tiempo de los vejámenes", dijo, y añadió que el objetivo fue construir el fallo de la mano de las víctimas para que, al leerlo, cada una "se sienta identificada".
Llega De la Espriella, que quiere acabar la JEP
Abelardo de la Espriella, presidente electo, que ha prometido eliminar la JEP. Foto: Colprensa.
Esta condena definitiva aterriza en un momento delicado para el tribunal. El 7 de agosto asume la Presidencia Abelardo de la Espriella, quien durante la campaña convirtió a la JEP en uno de sus blancos favoritos. La llamó "una farsa" y aseguró que, si dependiera de él, la eliminaría "con un plumazo".
De la Espriella ha sostenido que el tribunal "es un escenario para lavarle las manos sucias de sangre a los miembros de las Farc y perseguir a los héroes de la patria", y ha anunciado que a partir del 8 de agosto buscará el camino para suprimirla. Expertos advierten que eso no es sencillo: la JEP tiene blindaje constitucional e internacional, y desmontarla podría abrir la puerta a la Corte Penal Internacional.
Consciente de ese pulso que se avecina, Ramelli ya había tendido la mano. El 25 de junio dijo que la JEP está "presta" para reunirse con el equipo del presidente electo y sostener un diálogo técnico, aunque aclaró que hasta entonces no había recibido ninguna comunicación formal. Su mensaje fue directo: hay que "preservar la institucionalidad del Acuerdo de Paz". Precisamente por ese blindaje internacional, la JEP comunicó estas sentencias tanto al presidente como al fiscal de la Corte Penal Internacional.
Con el fallo en firme, arranca ahora la etapa de ejecución. Los siete exjefes de las Farc deberán empezar a cumplir sus sanciones a partir del 15 de agosto de 2026, ocho días después de que se posesione el gobierno que ha prometido borrar del mapa al tribunal que los condenó.
