Primicia | Gobierno sustenta ante la Corte Constitucional ocho hechos que habrían originado la emergencia económica
Minuto60 tuvo acceso a una carta con la que el Ministerio de Hacienda le dice a la Corte Constitucional por qué es viable el decreto 1390.
Mientras el Consejo Gremial Nacional le pidió formalmente a la Corte Constitucional que anule el Decreto 1390 de 2025, bajo el argumento de que la declaratoria de emergencia económica fue firmada ilegalmente por la ministra Irene Vélez, cuando ya no tenía permiso para ejercer el cargo y porque la crisis financiera actual es resultado de una mala administración del Gobierno y no de hechos imprevistos, el Gobierno Nacional le envió al magistrado Carlos Camargo Assis, integrante de la Corte Constitucional, los argumentos jurídicos que sustentan la cuestionada medida.
Rosa Dory Chaparro Espinosa, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en calidad de delegada del ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó las consideraciones de la cartera "respecto de las solicitudes de suspensión de los efectos del Decreto 1390 de 2025".
Según la postura jurídica del Ministerio de Hacienda, hay ocho hechos que originaron la emergencia, los cuales "conforman una coyuntura excepcional en dos sentidos":
Agravan de manera extraordinaria la situación fiscal
Impiden la garantía de derechos fundamentales de población vulnerable
Chaparro Espinosa sostiene en el documento conocido por Minuto60 que, conforme con la jurisprudencia constitucional, "la existencia de un fenómeno estructural no excluye que este pueda agravarse de manera sobreviniente y extraordinaria, cuando concurren eventos nuevos que alteran súbitamente su intensidad, alcance o exigibilidad, particularmente cuando dicha agravación se presenta de forma simultánea con otros factores críticos que afectan la capacidad ordinaria de respuesta del Estado".
La funcionaria argumenta que desde la Sentencia C-135 de 2009, la Corte Constitucional precisó que “la agravación rápida e inusitada de un fenómeno ya existente puede tener el carácter de sobreviniente y extraordinario, por ocurrir de manera inopinada y anormal”.
Desde esta óptica, en el Decreto 1395 de 2009 se advirtió la existencia de una crisis fiscal agudizada por hechos concurrentes y sensibles socialmente que están asociados al menoscabo de los derechos de la población más vulnerable del país.
Postura jurídica del Ministerio de Hacienda sobre la emergencia económica
{{RELATED_1}}
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expone ocho hechos que, de una parte, "agravan la actual crisis fiscal" y, de otra parte, "ponen en riesgo la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales".
Así las cosas, Rosa Dory Chaparro Espinosa sustenta que se materializa el agravamiento en la coyuntura fiscal excepcional que actualmente enfrenta la Nación.
A la luz de los argumentos que expone el Gobierno Nacional, en carta dirigida al magistrado Camargo Assis, estos son los ocho hechos por los cuales habría sido necesario decretar la emergencia económica, todos explicados ampliamente en la misiva:
Agudización de la situación referida a la equiparación de la UPC del régimen subsidiado y el régimen contributivo
Agudización de los problemas de seguridad ciudadana y orden público
Agravación de una situación estructural respecto de la no aprobación por parte del Congreso de dos proyectos sucesivos de ley de financiamiento para las vigencias 2025 y 2026
Agudización de la situación asociada a los desastres naturales y la variabilidad climática
Agudización de la situación asociada a las sentencias judiciales ejecutoriadas pendientes de pago
Agudización de la situación asociada al cumplimiento de obligaciones de origen legal y contractual. La cual tiene dos subtemas: El subsidio de servicios públicos eléctricos y combustibles; y las indemnizaciones a víctimas.
Agudización de la situación asociada al agotamiento de las alternativas de endeudamiento y a las restricciones derivadas de la Regla Fiscal
Agudización de la situación asociada a las restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación
{{RELATED_2}}
El Ministerio de Hacienda, en calidad de advertencia, le dice a la Corte Constitucional que los hechos que sirvieron para la declaratoria de la emergencia económica y social los informa el Gobierno bajo su responsabilidad y, dice el documento, "son los mismos que se han comunicado a la Contraloría General de la Nación" (sic).
El Gobierno Nacional agrega que fue la propia Contraloría General de la República la que "comprobó en ejercicio de sus funciones constitucionales de vigilancia fiscal, calificando la situación fiscal como crítica desde el punto de vista de la disponibilidad efectiva de recursos".
Este es el documento enviado a la Corte Constitucional
