La Ley 80, mediante la cual se rige la contratación transparente en el país, ha encontrado diversas formas de eludirla; por ejemplo, existen los Fondos Mixtos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, los Esquemas Asociativos, entre otros que se conforman jurídicamente y legalmente en el papel, pero en la práctica no son más que vulgares 'contrataderos' por donde se desvían recursos públicos.

Los organismos de control, que en ocasiones se han hecho los de la vista gorda, tienen bajo la lupa a algunos de estas entidades que se constituyen con recursos públicos y privados para poder recibir contratos o convenios interadministrativos de entidades nacional para luego tercerizar o subcontratar a dedo a empresas o contratistas corruptos.

#Investigación | Minuto60 revela el contenido del decreto que tiene en líos al exgobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins, porque le entregó cerca de $ 70 mil millones a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) sin cumplir los requisitos.

Los recursos, que… pic.twitter.com/ptY8J7rnxO

— Minuto60 (@minuto60com) December 7, 2025

La Asociación de Regional de Municipios del Caribe (Aremca) es un esquema asociativo que agrupa a 13 municipios del Atlántico. Se creo con el fin de prestar una serie de bienes y servicios que con el tiempo no se cumplieron y sí dejaron varias obras y varios contratos con enredos ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

San Andrés fue uno de los departamentos que realizó varios convenios con Aremca, durante la administración de Everth Julio Hawkins, los cuales consistieron en entregarle millonarios recursos para que los administrara. Es decir, si había una obra pública el departamento no contrataba mediante licitación o pliegos tipo, sino que mediante decreto le dejaba el dinero por el costo de la obra a Aremca para que esta los administrara contratando a los ejecutores de la obra.

Veedores ciudadanos de la isla de San Andrés cuestionaron esta práctica, aduciendo que Aremca no cumplía con los requisitos para administrar los recursos o ejecutarlos y que además las obras se retrasaron o no se cumplieron, dejando además un gravísimo daño patrimonial para la comunidad raizal.

Minuto60 obtuvo el Decreto 0449 de2022 mediante el cual se entregaron $ 69.481 millones a Aremca para que los administrara y contratara a los ejecutores de la obra que debía rehabilitar la carrera 13 y las avenidas Loma Barrack y Colón. El decreto en mención establece lo siguiente:

Artículo 1. Priorizar y aprobar el siguiente proyecto de inversión en cumplimiento de la etapa tres del ciclo de proyectos de inversión del decreto 1821 de 2020 y designar la entidad pública ejecutora.

Posteriormente, en un recuadro, se expone el valor del contrato, es decir, $ 69.481 millones, de los cuales $ 51.738 son de la asignación para la inversión regional y $ 17.742 millones de proyectos de infraestructura de transporte para la implementación del Acuerdo de Paz.

Artículo 2.  La entidad pública designada en el artículo anterior como ejecutora del proyecto aprobado, será responsable de la recolección, custodia y reporte al Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación de la información veraz, oportuna e idónea del proyecto, desde su aprobación hasta su cierre de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 2056 de 2020”, señala el documento.

Artículo 3.  El proyecto de inversión deberá ser ejecutado de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación.

Artículo 4.  Es responsabilidad de la entidad pública designada ejecutora, expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados, a más tardar dentro de los seis (06) meses contados a partir de la publicación del acuerdo de aprobación del proyecto de inversión que emita la entidad o instancia encargada, y será la responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el inicio de la ejecución del proyecto de inversión (Incluidos los correspondientes a permisos y licencias ambientales), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 37 de la Ley 2056 de 2020 y en el artículo 1.2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020.

Artículo 5. De conformidad con lo señalado en el parágrafo 3 del articulo 37 de la Ley 2056 de 2020 y en el artículo 1.2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020, si a los seis (06) meses contados a partir de la publicación del acuerdo de aprobación, el ejecutor no ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección, o acto administrativo unilateral que decreta el gasto a cargo de los recursos asignados, se liberarán automáticamente los recursos para la aprobación de nuevos provectos.

Procuraduría abre investigación

La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra el exgobernador del departamento de San Andrés, Everth Julio Hawkins, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en el contrato. Junto a él también vinculó a los exsecretarios de Infraestructura, Alfredo Alarico Escalona Peterson, y de Planeación, Nidia Angélica Hernández Vásquez, así como la representante legal, para la época de los hechos, de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), Emilia Álvarez Guerrero. 

“Al parecer, la Gobernación habría contratado a Aremca en 2022 como entidad ejecutora del proyecto, sin que cumpliera con el requisito de estar inscrita en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales -REAT-“, señala el Ministerio Público.

Entre otras pruebas se solicitó copia de la documentación relacionada con la inversión y aprobación del contrato, así como el listado de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR en los que fue designada como entidad ejecutora Aremca.

“Con la apertura de la investigación, la delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR busca verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria”, señala la Procuraduría.

El proyecto actualmente se encuentra suspendido, como medida cautelar, por orden del Tribunal Administrativo de San Andrés, que debe resolver una demanda que busca la nulidad del Decreto 0449 de 2025 y que fue interpuesta por la administración del Gobernador Nicolás Gallardo.