Los 'contrataderos': así se desvían recursos públicos en Colombia
El régimen de contratación pública en Colombia es un desastre y el erario se viene despilfarrando a través de una figura que permite norma.
La corrupción ha permeado varios sectores de la sociedad colombiana y sus tentáculos han llegado hasta el punto de utilizar la contratación pública para desviar recursos. Hay una norma legal para adelantar procesos contractuales; sin embargo, ya fue burlada y hasta ahora se están dando los primeros resultados en procesos penales.
Investigaciones periodísticas y denuncias de algunos sectores sociales dejaron en evidencia las irregularidades en millonarios contratos suscritos entre entidades públicas, generalmente municipios y departamentos, con la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), una entidad que hace parte de los llamados ‘contrataderos’.
El ingeniero Rodrigo Fernández, experto en contratación pública, en diálogo con Minuto60, dijo que la situación ocurrida con Aremca no es un nuevo ni tampoco un caso aislado, porque desde hace mucho tiempo se ha venido advirtiendo de la forma en que operan estas organizaciones para robarse el erario.
“(…) lamentablemente, y lo pudimos comprobar con datos concretos de 200 procesos que se celebraron, las convocatorias entre mayo del 2023 y mayo del 2024, por parte de Empresas Industriales y Comerciales del Estado o de economía mixta o Asociaciones de Municipios o Fondos Mixtos”, indicó Fernández.
Añadió que estas empresas tienen una particularidad especial y es su régimen especial de contratación, “pero además la participación del sector público permite que puedan celebrar convenios interadministrativos”.
¿Cómo se evade la Ley 80 de contratación?
Saltarse la Ley 80 de 1993 se ha vuelto paisaje en el país, como reza el dicho popular: “hecha la ley, hecha la trampa”, porque hasta los mismos organismos de control han mantenido engavetadas investigaciones contra estos ‘contrataderos’, incluso han suscrito procesos contractuales con estas organizaciones.
La contratación pública surge de una necesidad; por ejemplo, un municipio que requiere de una obra de infraestructura y para tal fin se adelantan los estudios previos y se asignan una partida presupuestal, es decir, la disponibilidad de recursos económicos para llevarla a cabo.
Celebrado el convenio interadministrativo, que tiene por objeto ser ejecutor de unos recursos, aparece la situación particular que es un ejecutor que no ejecuta, sino que terceriza.
Ingeniero Rodrigo Fernández sobre asociaciones de municipios
Posteriormente, viene la ‘jugadita’ para saltarse la contratación de manera legal y ante los ojos de los organismos de control, mediante la celebración de un convenio interadministrativo, un pacto normal que se da entre entidades públicas.
Volviendo al ejemplo, el municipio -o cualquier entidad pública- celebra un convenio interadministrativo con uno de estos ‘contrataderos’, sea una Asociación de Municipios, un Fondo Mixto o una E.I.C.E. En dicho convenio la entidad pública le da todos los recursos aprobados para que los administre y contrate la obra que se requiere.
Aprovechando que estas organizaciones cuentan, en su mayoría, con capital mixto (recursos públicos y privados) su régimen de contratación es especial, lo que les permite contratar bajo la modalidad privada, sin la obligación de realizar contratos mediante licitación púbica sino de manera directa o por incitación, dicho de otro modo “a dedo”.
“Celebrado el convenio interadministrativo, que tiene por objeto ser ejecutor de unos recursos, aparece la situación particular que es un ejecutor que no ejecuta, sino que terceriza. Y en esa tercerización pueden aparecer direccionamientos como los que ha encontrado la Fiscalía en los procesos 101 contratos de que habla el informe de esta entidad de control”, señaló el ingeniero Fernández.
El ingeniero Rodrigo Fernández, experto en contratación pública, le explicó a Minuto60 cómo, a través de las asociaciones de municipios, se tercerizan los procesos contractuales, dejándolos en manos de contratistas o empresas sin idoneidad.
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Esta manera de burla la contratación se ha denunciado en medios de comunicación, en el Congreso, ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Se han conocido entidades de capital mixto que han recibido millonarios contratos en actividades sin experiencia alguna y que luego tercerizan a empresas y contratistas que les retribuyen con un porcentaje del contrato, es decir un soborno.
¿Quiénes son los beneficiados en contratación?
Las empresas o contratistas, que finalmente ejecutan los recursos, hacen parte de una malla de contratación que se ha concentrado en varias regiones del país y que lleva más de una década recibiendo millonarios recursos públicos. Siempre son los mismos contratistas, las mismas empresas que acuerdan presentarse con unas diferencias de precios que les permite repartirse los proyectos a su antojo.
Las autoridades han evidenciado que en algunos de estos contratos no se cumple con el objeto de los mismos, ya sea por falta de experiencia de los contratistas o porque simplemente dejan la obra botada, convirtiéndose con el tiempo en elefantes blancos o en obras inconclusas y con sobrecostos.
¿Qué son las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (E.I.C.E.)?
Son empresas de capital mixto y han sido criticadas porque pueden contratar de manera directa, sin llevar a cabo procesos de licitación, es decir, también dejan los contratos en manos de terceros.
El abogado José Elmer Montaña, le dijo a mInuto60 que un caso de estos ha ocurrido enel Valle del Cauca, con la Imprenta Departamental del Valle del Cauca, que con el tiempo cambió su actividad económica -ampliando su portafolio de servicios- bajo el nombre de Impretics, hoy en día Inovatech, así como en otras entidades de las mismas características.
“(…)porque se está utilizando esta modalidad o estas empresas industriales y comerciales del Estado para crear realmente una especie de ‘contrataderos’, no solamente saltándose la Ley 80, sino cometiendo un saqueo a los recursos del Estado. ¿Y en qué consiste ese saqueo? En que estas empresas, además de contratar a dedo finalmente con quienes tienen el encargo de llevar o cumplir la tarea pactada, contratan por un precio menor con estas entidades”, señaló el abogado.
Como ejemplo, mencionó lo que presuntamente ocurrió con la Imprenta Departamental del Valle del Cauca, que contrató de manera directa con la Gobernación del Departamento de San Andrés y Providencia, “este es un hecho cierto, para que le realizara la digitalización de todo el archivo a esa Gobernación. La Imprenta Departamental no tiene realmente la capacidad instalada para llevar a cabo esa tarea, por lo tanto subcontrató”.
Estas empresas, además de contratar a dedo finalmente con quienes tienen el encargo de llevar o cumplir la tarea pactada, contratan por un precio menor con estas entidades.
Abogado Elmer José Montaña sobre las E.I.C.E.
El abogado Montaña agregó que, en este caso, “la Imprenta Departamental contrató con la Gobernación por 2 mil millones de pesos, cobró el cinco por ciento por administrar ese contrato y en el mismo día en que llevó a cabo el contrato interadministrativo con la Gobernación del Departamento de San Andrés y Providencia, subcontrató con unas empresas de Bogotá para que ellas fueran las encargadas de realizar esa digitalización, pero ya no contrató por los 1.900 millones de pesos que le quedaron, ellos cobraban el 5%, es decir, 100 millones de pesos, sino que subcontrataron por 1.400 millones de pesos, es decir, se echaron al bolsillo 500 millones de pesos que no se sabe dónde fueron a parar. Esa es realmente la forma como saquean los recursos del Estado”, explicó el abogado.
Por su parte, el abogado Elmer José Montaña le explicó a Minuto60 cómo entidades públicas, a través de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (E.I.C.E.), se saltan la Ley 80 para contratar bajo una figura legal en el papel, pero irregular en la práctica.
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Aseguró que algunas de estas empresas se comprometen a realizar actividades que aparecen en el papel, pero que realmente en la práctica no están en capacidad de realizar, lo que podría evidenciar una serie de delitos, empezando por una falsedad y un engaño al Estado.
“Muchas de ellas están prácticamente integradas a estructuras delincuenciales en todo el país, como ha ocurrido en el Valle del Cauca, vienen realizando el saqueo de los recursos del Estado y lo peor de todo es que se amparan en la misma ley y utilizan las mismas entidades del Estado para protegerse, porque cuando se inician investigaciones de alguna naturaleza, lo primero que sacan es el certificado de la Cámara de Comercio en donde se acredita que estas empresas están en capacidad de llevar a cabo la labor y muchas, en muchas ocasiones, los encargados de realizar las investigaciones no ahondan en las mismas y por lo tanto no se dan cuenta que eso es mental, que esas empresas nunca estuvieron realmente en capacidad de cumplir por sí mismas con la labor”, indicó Montaña.
¿Qué son los Fondos Mixtos?
Estas son otras de las empresas estatales que utilizan recursos de capital mixto, tal como su nombre lo indica, para constituirse. Actúan al igual que las asociaciones o las E.I.C.E. para suscribir contratos, es decir, firman un convenio interadministrativo con una entidad del orden nacional y luego subcontratan o tercerizan.
Estos Fondos Mixtos tienen un régimen de contratación privado, lo cual hace muy atractiva la contratación a través de ese mecanismo, pues no tienen que cumplir con todos los preceptos que trae la Ley 80.
Abogada Marcela Pabón, experta en contratación
La abogada Marcela Pabón, experta en contratación, le dijo a Minuto60 que los Fondos Mixtos son entidades privadas sin ánimo de lucro, conformadas con recursos públicos y también con aporte de capital privado.
Aseguró que fueron creadas a través de la Ley 397 de 1997 que buscaba unos esquemas flexibles de gestión para incorporar otras fuentes de financiamiento para actividades culturales y artísticas, pero que este propósito inicial de la norma fue modificándose con el tiempo y actualmente, a través de los convenios que realizan las entidades públicas con estos fondos mixtos, se está contratando una gran variedad de obras, bienes y servicios.
La abogada y experta en contratación Marcela Pabón explicó cómo, a través de los fondos mixtos, también se está burlando la contratación pública en el país.
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Señaló que estas entidades aprovechan su constitución con recursos públicos y privados para operar bajo un régimen… pic.twitter.com/eLdmpppoxD
“Estos Fondos Mixtos tienen un régimen de contratación privado, lo cual hace muy atractiva la contratación a través de ese mecanismo, pues no tienen que cumplir con todos los preceptos que trae la Ley 80 para la contratación pública”, puntualizó la abogada experta.
¿Una exgobernadora en apuros por un ‘contratadero’'?
La Fiscalía General de la Nación informó que avanzan las investigaciones por parte del Grupo de Tareas Especiales del Sistema General de Regalías con relación a los casos de corrupción que se habrían dado a través de contratos suscritos entre entidades públicas y la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), asociación conocida como un ‘contratadero’.
El ente acusador informó que la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó solicitud de audiencia de imputación de cargos contra la exgobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, como presunta responsable de irregularidades en la aprobación y ejecución de tres proyectos relacionados con obras de protección, alcantarillado pluvial y adecuación del relleno sanitario Brisas del Cravo, en los municipios de Arauca y Tame.
Los proyectos tuvieron un valor que superaron los $ 91.542 millones y fueron financiados con recursos de regalías. Además, y según la investigación, la entonces mandataria designó como ejecutora de los recursos a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), pese a que no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar recursos de regalías.
La exmandataria departamental tendrá que responder como presunta responsable por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros agravado por la cuantía y prevaricato por acción.
