Contrato de cámaras de seguridad en Bogotá va a completar un año de retraso y solo se han instalado el 25%

La firma de un contrato para la instalación de 200 cámaras de seguridad con reconocimiento de placas tiene en aprietos a funcionarios de la Secretaría de Seguridad, un contratista, la interventoría, al ex secretario Óscar Gómez Heredia y al actual jefe de la cartera César Restrepo.

Denuncias ante la delegada distrital de la Procuraduría por los retrasos en el cumplimiento de un contrato prendieron las alarmas en el ente de control quien, a través de un requerimiento, evidenció posibles fallas en la planeación, firma y ejecución del contrato.

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Detalles del contrato

En el 2023, el último año de la administración de Claudia López, la Secretaría de Seguridad en cabeza del general retirado de la Policía, Óscar Gómez Heredia, abrió una licitación por $14.339 millones para la compra de 200 cámaras de seguridad con reconocimiento de placas. El contrato fue documentado con el número interno SCJ-1094-2023.

Entre las cláusulas se detallaba un tiempo de ejecución de 6 meses a partir de la suscripción del acta de inicio; un acuerdo de pago del 50% con la entrega física del total de las cámaras y dos pagos de 25% con la instalación del 50% y 100% de las cámaras en los puntos establecidos por el Distrito.

Dentro de las 12 obligaciones específicas el contratista debía, entre otras cosas, gestionar los Planes de Manejo de Tráfico ante las Secretarías de Movilidad y Ambiente; gestionar los residuos electrónicos; instalar las cámaras en los puntos asignados por la Secretaría; así como adelantar las labores para el funcionamiento del reconocimiento de placas.

En este punto la Procuraduría encontró la primera alerta. Dentro de la planeación del contrato no se habría tenido en cuenta las acometidas eléctricas necesarias para la instalación de dichas cámaras.

Prórrogas y suspensiones

Aunque el millonario contrato para las cámaras de seguridad había sido diseñado y adjudicado en la administración de Claudia López, fue con la llegada de Carlos Fernando Galán y su secretario César Restrepo, que se firmó el acta de inicio, el documento que da legalidad al convenio y con el cual empiezan a correr los términos establecidos. 

Fue el 6 de febrero de 2024, a poco más de un mes de la nueva Alcaldía, que se firmó el acta de inicio que entregaba un plazo de 6 meses para finalizar la instalación de las 200 cámaras. Es decir, el 5 de agosto de 2024, Bogotá debería contar con 200 nuevas cámaras, enlazadas al C4 y con reconocimiento de placas para labores de seguridad.

Sin embargo, de acuerdo con la respuesta que la Secretaría de Seguridad entregó a la Procuraduría, 21 días después de firmada el acta de inicio, el 27 de febrero, el contratista empezó a llamar la atención sobre un posible problema de planeación

El contratista formaliza su posición en la cual manifiesta que las obras constructivas de las canalizaciones para la instalación de la acometida eléctrica para cada punto NO están incluidas dentro del contrato

En este punto inició uno de los más comunes inconvenientes en la contratación pública: las controversias. El consorcio LPR SCC 2024 integrado por las empresas SKG Tecnología S.A.S, Cross Zlin AS, Inversiones Construcciones e Ingeniera CDJ Group S.A.S con Fredy Fernando López como representante legal, radica una proposición a la Secretaría de Seguridad buscando adición presupuestal, prórroga y/o suspensión del contrato.

Desde esa solicitud, hasta la fecha de esta publicación, la Secretaría de Seguridad ha tramitado 6 prórrogas y suspensiones, ampliando del 5 de agosto de 2024 hasta el 27 de mayo de 2025, la fecha final de ejecución del contrato.

Un año y 5 meses después de la firma del acta de inicio, el contrato tiene un avance del 65% según el Distrito, evidenciado en: la entrega física de 200 cámaras que ingresaron al almacén; la instalación de 50 cámaras y el pago del 50% del valor del contrato por el cumplimiento del primer acuerdo del contrato.

Las demoras en el proceso, también llevaron a que se terminara el contrato de interventoría, función que fue asumida por la misma Secretaría a través de la Jefatura del centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo y el director de Tecnologías y Sistemas de la Información.

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Posibles sobrecostos e investigación

De acuerdo con los registros de seguimiento del contrato, en la Secretaría de Seguridad, el contratista ha manifestado que podría existir un costo adicional de $2.045 millones para solucionar el problema de las acometidas eléctricas, una situación que sigue en discusión, dentro de la controversia del contrato.

Bajo este panorama, la procuradora Primera Distrital Martha Patricia Rincón, emitió el pasado viernes 4 de julio un auto de apertura de indagación preliminar a funcionarios por establecer. Es decir: se realizarán pruebas y seguimientos a las personas involucradas en la planeación, firma y ejecución del contrato, para establecer sus posibles responsabilidades.

El contrato en cuestión presentaría fallas graves en su planeación, ejecución y supervisión… con un desfase preocupante entre los avances físicos reportados y el uso de recursos.

En el documento conocido por Minuto60, la Procuraduría solicitará: información de 3 funcionarios de la entidad; el perfil de los secretarios entre 2023 y 2025; documentos de la interventoría Smarty Colombia SAS BIC, entre otros involucrados en el contrato.  Así mismo anunció que realizará una inspección en la sede de la entidad.

 Lea aquí el auto de apertura de indagación:

Minuto60 remitió un cuestionario al secretario de Seguridad, para conocer su posición sobre este anuncio de la Procuraduría, pero hasta el momento no ha sido resuelto.