Todo lo que quiere saber sobre la nueva emergencia económica decretada por el gobierno
Son varios los departamentos que se beneficiarán del dinero que recaude el gobierno durante la vigencia de la nueva medida.
El gobierno del presidente Gustavo Petro finalmente publicó el decreto de emergencia económica para atender a los departamentos afectados por la ola invernal de las primeras semanas del 2026. Esta es la cuarta emergencia decretada por el saliente presidente, pero, según expertos, es “el ejemplo más claro de lo que sí es una emergencia sobreviniente” que amerita la medida del Gobierno Nacional.
Durante el segundo consejo de ministros de la semana, el encargado de la cartera de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la medida principal en temas tributarios es un impuesto al patrimonio para las empresas más grandes del país, que se aplicará en rangos y únicamente sobre el patrimonio líquido.
Es decir, la medida añade una contribución fiscal a las empresas con base en los bienes, inversiones y ahorros que tienen, pero descontando sus deudas y dividendo a las corporaciones en dos grupos: aquellas con patrimonio líquido de entre $ 10.000 millones y $ 30.000 millones con una tarifa de 0,6 % y aquellas con patrimonios líquidos desde $ 31.000 millones pagarán una tarifa de 1,2 %.
¿A dónde se enviará el dinero?
En la justificación del decreto, el Gobierno Nacional no solo explicó el impacto de la ola invernal y el frente frío relacionado, sino que también expuso los frentes en los que estarán concentrados los esfuerzos públicos y, por lo tanto, a los que se destinarán los cerca de $ 8 billones que espera recolectar.
La medida de emergencia cobija a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
El gobierno entregará transferencias monetarias no condicionadas a las familias afectadas por la ola invernal. Es decir, los afectados tendrán un subsidio para enfrentar los costos económicos de la emergencia.
El decreto permite la flexibilidad presupuestal para aumentar la financiación del cuerpo de bomberos, asignar recursos a proyectos estructurales necesarios en las zonas afectadas, e incluso ampliar las capacidades financieras de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd).
{{RELATED_1}}
Según el decreto, en el presupuesto nacional de 2026 la Ungrd tenía una asignación inicial de $ 668.421 millones para atender las emergencias del año, pero la ola invernal es de tal magnitud que hace que esos fondos sean insuficientes.
El gobierno decretará incentivos tributarios a las empresas del sector energía para garantizar que en ningún momento se suspenda el servicio de electricidad en los departamentos y zonas afectadas.
La Agencia Nacional de Tierras se encargará de acelerar el proceso de deslinde de tierras de la Nación y recuperación de baldíos y bienes públicos para acondicionar la zona para la recuperación del espejo de agua en la Ciénaga Grande del Magdalena.
Finagro tendrá más recursos para mejorar su capacidad de respuesta a la emergencia y crear programas extraordinarios de alivio financiero a sus deudores afectados por la emergencia.
El gobierno asignará beneficios y alivios económicos a las mipymes de la región, así como a las empresas del sector turístico que operaban en las zonas afectadas.
La Corte Constitucional asignó al magistrado Miguel Polo Rosero como ponente del estudio de constitucionalidad del decreto de emergencia, ya que es obligación de la corte estudiar si estas declaratorias están o no dentro del marco legal del país.
{{RELATED_2}}
