Emergencia económica: ¿qué pasa con los impuestos y qué le queda al Gobierno Petro?
Sin emergencia económica, el Gobierno Petro pierde ingresos clave y queda ante la disyuntiva de recortar gasto o agravar el déficit.
La suspensión provisional de los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica marcó un punto de quiebre para el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión de la Corte Constitucional no solo congeló nuevos impuestos, sino que desarmó la principal estrategia del Ejecutivo para tapar el hueco fiscal que dejó el hundimiento de la Ley de Financiamiento.
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La Sala Plena frenó la entrada en vigencia de los decretos 1390 y 1474, al concluir que el Gobierno no logró demostrar que la situación fiscal tuviera un carácter imprevisible, extraordinario y no atribuible a su propia gestión. Ese argumento, clave en la jurisprudencia constitucional, fue suficiente para dejar sin piso las facultades tributarias excepcionales.
El impacto fue inmediato. Los recursos que el Ministerio de Hacienda esperaba recaudar para cerrar el déficit fiscal ya no están disponibles. Y ahora, el ajuste debe venir por la vía menos popular: el recorte del gasto público.
#LaCorteInforma | La Corte suspende provisionalmente el Decreto 1390 de 2025 “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”, mientras se profiere una decisión de fondo.
— Corte Constitucional (@CConstitucional) January 29, 2026
Comunicado: pic.twitter.com/Ow6rC40Ixb
¿Qué pasa con los impuestos que ya se pagaron?
La suspensión de los decretos abrió una inquietud entre los ciudadanos: ¿qué ocurre con el dinero que ya fue recaudado, especialmente por conceptos como el IVA a licores y otros tributos creados durante la emergencia económica?
En términos jurídicos, la respuesta es poco alentadora para los contribuyentes. La Corte Constitucional ha sostenido históricamente que sus fallos producen efectos hacia el futuro, lo que en la práctica significa que lo cobrado mientras la norma estuvo vigente se considera legal.
Expertos en derecho constitucional coinciden en que una devolución masiva de impuestos es altamente improbable. No solo por el blindaje jurídico del Estado, sino por razones operativas. Procesar miles o millones de reintegros por montos pequeños colapsaría la capacidad administrativa de la DIAN.
Aunque existen precedentes excepcionales en los que la Corte ordenó devolver lo recaudado por razones de equidad, en esta ocasión el alto tribunal no estableció efectos retroactivos. Eso deja el debate más en el terreno político que en el judicial.
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Sin emergencia, solo queda la tijera
Con la caída de los decretos y sin una ley que respalde nuevos ingresos, el Gobierno quedó sujeto a una regla básica del Estatuto Orgánico de Presupuesto: si no hay plata, hay que ajustar.
Desde el sector empresarial advierten que el camino legal es claro. El presupuesto debe recortarse para alinearse con los ingresos reales. Mantener el Presupuesto General de la Nación más alto de la historia, sin fuentes de financiación suficientes, no es una opción viable.
Las críticas apuntan a un aumento sostenido del gasto, especialmente en la ampliación de plantas de personal y costos diplomáticos. Para varios analistas, el déficit no obedece a un choque externo inesperado, sino a decisiones de política pública que no produjeron los resultados esperados.
A esto se suma el deterioro en la relación del Gobierno con sectores productivos clave y los problemas en la gestión de empresas estratégicas del Estado, factores que, según juristas y economistas, terminaron agravando el desbalance fiscal.
Choque institucional y señales de alarma
La reacción del presidente Petro al fallo de la Corte elevó la tensión institucional. Sus señalamientos contra el alto tribunal y el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente encendieron las alertas en distintos sectores jurídicos.
Para expertos en justicia constitucional, el problema no es la crítica, sino el desconocimiento del rol de la Corte como árbitro del orden constitucional. La emergencia económica, recuerdan, no es una herramienta política, sino una figura excepcional con requisitos estrictos.
Además, el fallo dejó en evidencia una maniobra que ya había sido advertida: el intento de aprovechar el receso legislativo y la vacancia judicial para imponer medidas tributarias sin el debate propio del Congreso.
La Corte, al frenar los decretos, no solo cerró esa puerta, sino que reafirmó un precedente clave: las emergencias no pueden usarse para corregir errores de gestión.
