Luego de que se revelara la carta que la Superintendencia de Industria y Comercio le envió a varias empresas para pedirles información sobre cómo fijan sus precios, el Consejo Gremial y la ANDI hicieron públicas sus preocupaciones por el movimiento. 

El gobierno le envió en diciembre un mensaje claro y directo al sector privado: que el salario mínimo suba 23,7 % no puede significar que los precios en la economía se incrementen en una proporción similar. La tesis de los ministros de Gustavo Petro es que los salarios representan una proporción pequeña de la estructura de gastos de las empresas.

Durante las semanas siguientes, la Superintendencia de Industria y Comercio enfocó parte de sus esfuerzos en una campaña para que los colombianos le reportaran los incrementos de precios que percibieran. 

Y un mes después de iniciar el 2026, la Superindustria envió la carta mencionada. Mediante redes sociales, el presidente Petro justificó la medida y la presidente del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, expresó su preocupación. 

Respecto a la solicitud hecha por la @sicsuper a empresarios de distintos sectores, con el objetivo de conocer información de los parámetros que usan las compañías para fijar sus precios y/o adoptar políticas de descuentos, me permito hacer algunas precisiones. Abro hilo 🧵…

— Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) February 5, 2026

La cabeza del gremio de gremios advirtió que “perseguir abusos no es lo mismo que vigilar la rentabilidad. Sancionar prácticas anticompetitivas probadas es válido y lo apoyamos. Pero fiscalizar cuánto gana una empresa o como adopta esta sus políticas de mercado, sin indicios de ilegalidad, no sólo es riesgoso sino que es inconstitucional”.

Gutiérrez le recordó al gobierno que, según la Constitución de 1991, el gobierno no puede “coadministrar empresas privadas” y estas tienen la libertad de fijar su estructura de precios sin que se afecte la función de vigilancia de los mercados que tiene la Superintendencia. 

Por su parte, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) emitió un comunicado en el que señala que “cuando no se actúa en desarrollo de una competencia expresamente atribuida a la Superintendencia de Industria y Comercio, requerir este tipo de información a actores privados puede vulnerar el derecho a la libre empresa, la protección de los secretos industriales y la confidencialidad de las estrategias comerciales”.

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Bruce Mac Master, presidente de la asociación, añadió que “las facultades para solicitar información no son una carta en blanco en un Estado de Derecho, en el que los derechos de los asociados, en especial el derecho al debido proceso administrativo, siempre han obrado como límite al poder del Estado”.

Es el turno de la gasolina

Sin embargo, este jueves cinco de febrero la Superindustria y el Ministerio de Minas y Energía anunciaron controles más estrictos a las estaciones de servicio (EDS) para asegurar que, en el quinto día del mes, todas hayan aplicado la reducción del precio de la gasolina. 

En un comunicado conjunto entre ambas entidades se revela que, “con corte al cuatro de febrero, se ha evidenciado que, en promedio, en cerca de 25 ciudades principales la reducción observada es de alrededor de $300 por galón, lo que indica un traslado parcial del ajuste. En contraste, en la mayoría de los más de 1.100 municipios del país no existiría una justificación económica para diferir la aplicación total de la reducción, por lo que esta debería reflejarse de manera inmediata”.

La superintendente, Cielo Rusinque, destacó: “después de una revisión inicial y transcurridos cuatro días, hemos evidenciado que esta medida no ha sido aplicada por todos los agentes del mercado. Por eso, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, adelantaremos acciones de verificación en el territorio nacional para comprobar que la reducción se refleje efectivamente en el precio final de la gasolina corriente”.

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