En vísperas de las elecciones al Congreso que estará legislando entre 2026 y 2030 y de la próxima cabeza de la Casa de Nariño para el mismo periodo, los centros de pensamiento ANIF, Así vamos en Salud, CREE, Cerac, Consejo Privado de Competitividad y la Fundación para el Estado de Derecho presentaron su propuesta para impulsar el desarrollo económico y social de Colombia en los próximos años. 

El documento incluye tanto las propuestas desde cada centro de pensamiento como los documentos en el “lenguaje jurídico colombiano”, como explicaron José Ignacio López, director de ANIF, y Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe), de modo que las propuestas se puedan convertir rápidamente en proyectos de ley o de decretos y normas. 

López explicó que cada centro de pensamiento aplicó su propia metodología de diagnóstico de fallas y desarrollo de potenciales de mejora en el país para el documento unificado que denominaron “Estrategias para el desarrollo económico y social de Colombia 2026-2030”. 

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Ana Fernanda Maiguashca, directora del Consejo Privado de Competitividad (CPC), explicó que su propuesta está en favor del entorno competitivo pues “en Colombia tenemos una cultura normativa que lleva a una estructura de permisos muy densa, con características diferentes a otras estructuras normativas. Eso limita la innovación y no hay simplificación para hacer eficiente la producción”. 

Para superar esos cuellos de botella e incentivar el desarrollo productivo del país, el CPC propone, por ejemplo, usar procesos y estructuras de organizaciones internacionales a las que ya se unió Colombia como la OCDE y homogeneizar algunos criterios y medidas. 

Además, el Consejo destacó la facilitación de procesos como las licencias ambientales, trámites legales para las empresas y también agilizar y simplificar trámites para ciudadanos del común en procesos de oferta educativa y laboral. 

Por su parte, la FEDe presentó propuestas de regulación basadas en definición conjunta de bien común: regulación jurídica que funcione a lo largo del tiempo y no que deba ajustarse cada vez que algo sucede. 

En el sector salud, Augusto Galán, director de Así vamos en salud, destacó que al sistema de salud le faltan este año $10 billones para equiparar lo que gasta con lo que recibe por parte del gobierno por concepto de la unidad de pago por capitación (UPC), que es la cuota mensual por cada paciente que paga el Estado tanto en el sistema subsidiado como en el contributivo. 

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Galán añadió que, durante los últimos 12 años, el país ha discutido varios frentes del sistema de salud, que lleva a seis puntos de reforma:

• Estabilizar el sistema: inyectar liquidez, cumplir con el auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional sobre el cálculo adecuado de la UPC para darle suficiencia al sistema, pero sin solucionar la solvencia del sistema. 

• Mantener el sistema de aseguramiento, pero en modelo mixto de alianza pública privada y con mejoras. Galán agregó que “la gestión de riesgos necesita cambios porque la financiación no es suficiente para todos los beneficios que tenemos en el plan de salud y para eso, por ejemplo, se pueden hacer cambios en la gestión del riesgo financiero”.

• Sostenibilidad del sistema: atención a ineficiencias operativas del sistema, especialmente en prestación de servicios e incorporación de nuevas tecnologías de manera progresiva y equitativa.

• Prestación del servicio: según el director del centro de pensamiento, la atención primaria por parte del actual gobierno se concentra en el médico y la atención de la enfermedad, pero la propuesta es más bien que sea una herramienta que incluya los parámetros de actualización de la atención primaria que se hizo a comienzos de siglo y permita integración de procesos de descentralización y claridad en la asignación de competencias. 

• Oferta de prestación de servicios: el talento humano y la infraestructura no han crecido en la misma proporción que la demanda en los últimos 30 años. Para solucionarlo, proponen una política nacional de talento humano, infraestructura y oferta de servicios.

• Talento humano en Salud: una reforma para la pertinencia en la formación, distribución geográfica adecuada del talento y condiciones dignas de desarrollo del talento humano. 

A su vez, Tomás González, director del Centro Regional de Estudios en Energía (CREE), advirtió que “la energía será fundamental para el funcionamiento de los demás sectores y eso no era así antes”. 

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En ese sentido, González recordó que el apagón de la década de 1990 le costó a Colombia $60 billones a precios actuales. Además, la oferta del sistema eléctrico, igual que el de salud, tiene una oferta que crece a menor ritmo que la demanda y también hay deudas en el sector que generan una amenaza financiera a la vez que dificultan la legitimidad del sistema pues hay 1,4 millones de viviendas que todavía no tienen conexión eléctrica en Colombia. 

Por esa razón, el CREE propone que, para expandir la oferta rápidamente, se requiere de medidas de gerencia en los procesos públicos y acompañamiento tanto a las autoridades locales como a las empresas para acelerar procesos y papeleo con la meta de facilitar el inicio y ejecución de las obras de proyectos de generación y transporte de energía, pagar las deudas el dinero que libere el precio del petróleo y el diésel a costo internacional y reestructurar la transición energética.

La propuesta de ANIF se centra en la inclusión financiera y el desarrollo del mercado de capitales pues hoy Colombia tiene una inclusión crediticia de apenas 36 % de los adultos del país, que aunque es una mejora frente a años pasados sigue distante de lo que podría considerarse una inclusión financiera real, que expone a miles de colombianos al mercado de crédito informal. 

“Necesitamos esfuerzos en educación financiera, avances en datos abiertos y su arquitectura. Entre otras cosas, la tasa de usura viene de un propósito loable pero si es muy rígida o está mal calibrada se convierte en elemento de exclusión como está pasando en Colombia”, dijo López.

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Y añadió que el país necesita implementar la eliminación de retenciones a pagos con tarjetas, un avance que fue fruto de las discusiones del sector privado y la ciudadanía con el Gobierno Nacional cuando intentó imponer un impuesto a las transacciones con billeteras digitales y Bre-B. 

Además, ANIF propone eliminar el 4x1000 con una transición durante dos gobiernos y la posibilidad de que una reforma tributaria pueda acelerar el desmonte. Según el director del centro de pensamiento, “esa es una propuesta que cuesta $1 billón al año, que es algo lograble incluso con las cuentas apretadas”.

En cuanto al mercado de capitales, López agregó que el país invierte el equivalente a menos del 17 % del PIB, una cifra baja para impulsar el desarrollo del país, pero “el mercado de capitales es una alternativa de financiación para las empresas que quieran recursos para invertir y crecer”. En ese sentido, “se necesita una reforma con reducción de arbitraje, entre otras cosas, y reglas más claras sobre asesoría y que las SAS también puedan emitir valores y simplificar requisitos para que se acerquen al mercado por ejemplo con factoring”. 

En justicia, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) propone modificar la declaración de beneficiarios finales para encontrar a los beneficiarios de actividades ilegales, de modo que se les pueda aplicar la ley, y juicios más ágiles para cabecillas de grupos armados por las acciones de su propio grupo. 

Además, el centro propone invertir el proceso y la carga de la prueba en casos de lavado de activos y extinción de dominio, de modo que sea el implicado quien deba demostrar que su bien no es fruto de lavado de activos para eliminar incentivos y trabas.

Por otro lado, según el Cerac, la Policía no debería funcionar como secretarios judiciales en un contexto de inseguridad, así como reintegrar miembros de reserva a la Policía y Fuerzas Militares para que no se retiren a los 40 años para que sigan cumpliendo su labor y no trabajen para organizaciones legales e ilegales.

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