¿En qué va el desalojo en Bosa? Galán se pronuncia, la fecha y la incertidumbre se mantienen
La incertidumbre sigue en El Remanso I, en Bosa, luego de que Carlos Fernando Galán asegurara que explora alternativas al desalojo.
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La duda y la espera continúa para decenas de familias del barrio El Remanso I, en la localidad de Bosa, luego de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunciara públicamente sobre el proceso de desalojo que sigue programado para el próximo 14 de julio.
Aunque la diligencia judicial no ha sido suspendida oficialmente, las declaraciones del mandatario distrital abrieron una nueva posibilidad de concertación con la comunidad y reactivaron las discusiones sobre una eventual salida jurídica y humanitaria para las familias que habitan el sector desde hace más de una década.
“El Remanso, en Bosa, necesita y merece una solución estructural. Un juez ordenó el desalojo, pero he dado la instrucción de explorar alternativas que permitan encontrar una solución construida de la mano con la comunidad, reconociendo los derechos de los propietarios y protegiendo a las familias que hoy habitan el sector”, afirmó Galán.
El alcalde también recordó que el conflicto comenzó hace varios años, cuando múltiples familias habrían sido víctimas de ventas irregulares de terrenos. “La situación inició en 2010 cuando varios de los hoy ocupantes del predio fueron engañados y en 2011 los propietarios acudieron por primera vez a mecanismos judiciales para obtener una solución".
Durante estos años, muchas familias también han construido allí su proyecto de vida. Esa realidad exige que actuemos con responsabilidad y pensando en una salida de fondo.
Carlos Fernando Galán
Las declaraciones llegan en medio de un ambiente de tensión social y política por el futuro de las cerca de 94 viviendas que existen en el predio ubicado en la carrera 87C No. 74-70 Sur, escenario de la querella 6298 de 2011.
¿Qué pasará con el desalojo en Bosa?
El operativo continúa oficialmente programado para el 14 de julio a las 8:00 a. m., luego de que la Inspección Distrital 7A de Convivencia y Paz de Bosa reprogramara la diligencia tras la suspensión que se había dado en mayo.
La decisión revivió un conflicto que involucra a decenas de familias que aseguran haber comprado los predios de buena fe y que hoy temen perder las viviendas que construyeron durante años.
En medio de ese escenario, Galán aseguró que desde la administración distrital se vienen evaluando diferentes alternativas para intentar evitar una crisis humanitaria.
“Desde la Alcaldía hemos venido evaluando opciones para resolver esta situación de manera definitiva. Le he pedido al secretario de Gobierno y al alcalde local de Bosa que, durante este proceso, la comunidad esté siempre informada y participe activamente en la discusión de las alternativas que estamos construyendo”, expresó el mandatario.
El alcalde reconoció además la complejidad del caso y dejó claro que todavía no existe una solución concreta definida. “No es una situación fácil ni tiene soluciones simples. Pero nuestra tarea es encontrar un acuerdo que permita resolver la situación de manera definitiva”, agregó.
Las palabras del mandatario se conocen pocos días después de que en la Personería de Bogotá se instalara una comisión técnica para analizar salidas jurídicas, institucionales y sociales frente al caso de El Remanso I.
La comunidad de El Remanso, en Bosa, necesita y merece una solución estructural. Un juez ordenó el desalojo, pero he dado la instrucción de explorar alternativas que permitan encontrar una solución construida de la mano con la comunidad, reconociendo los derechos de los…
— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 27, 2026
Allí participó el concejal de Bogotá José Cuesta Novoa, quien ha acompañado a la comunidad y se ha convertido en una de las voces más críticas frente al posible procedimiento de desalojo.
¿Se frenará el desalojo en Bosa?
Durante la instalación de la comisión técnica, José Cuesta aseguró que las familias no pueden terminar pagando por un problema que, según dijo, se originó por años de omisión institucional frente a las mafias dedicadas a la venta irregular de tierras.
“El eslabón más débil no puede terminar pagando las consecuencias de años de omisión institucional. Aquí las verdaderas víctimas son las familias que compraron de buena fe y que durante años consolidaron sus viviendas y construyeron comunidad”, afirmó el concejal.
El concejal también cuestionó el papel de las autoridades en los años en que se realizaron las negociaciones de los terrenos. “Las ventas se hicieron a la luz del día, incluso frente a un CAI. La pregunta es dónde estaban las autoridades distritales y policiales cuando ocurrieron estos hechos”, sostuvo.
Cuesta advirtió que un eventual desalojo podría generar un impacto humanitario de gran magnitud. Según explicó, en el sector habitan cientos de personas, incluidos menores de edad y adultos mayores.
“Aquí no estamos hablando de lotes vacíos. Son 94 viviendas consolidadas, muchas de ellas de varios pisos, con vías pavimentadas y una comunidad construida durante años. Destruir eso sería una profunda injusticia social”, expresó.
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Cuesta reiteró además que existen mecanismos jurídicos para buscar una salida distinta al desalojo, entre ellos procesos de legalización y titularización contemplados en normas como la Ley 2044 y la Ley 388.
Uno de los puntos que más debate ha generado en los últimos días es el avalúo catastral conocido recientemente por este medio de comunicación, el cual establece un valor cercano a los $ 2.551 millones para el predio en disputa.
Esa cifra generó controversia debido a que anteriormente se había hablado de montos superiores a los $8.000 millones. Para Cuesta, el nuevo avalúo fortalecería la posibilidad de que el Distrito pueda estudiar mecanismos de compra o formalización.
Familias de El Remanso siguen esperando una solución
Mientras avanzan las mesas de diálogo entre el Distrito, representantes de la comunidad y los propietarios del terreno, la incertidumbre continúa entre las familias de El Remanso I.
De acuerdo con información conocida previamente, en el sector viven entre 91 y 98 núcleos familiares, con presencia de menores de edad, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad.
En los próximos días se esperan nuevas reuniones entre la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Vivienda, representantes de la comunidad y la firma Sotrandes para intentar definir posibles acuerdos antes de la fecha fijada para el operativo. Por ahora, el desalojo en Bosa sigue vigente para julio, aunque las recientes declaraciones de Carlos Fernando Galán y la presión política y social alrededor del caso mantienen abierta la puerta a una eventual negociación que evite una intervención forzosa.
