Brazaletes en la mira: Galán cuestiona, Procuraduría investiga y Gobierno los defiende
El tiroteo en cercanías a la sede del CAN, en Bogotá, reabrió el debate sobre la efectividad del monitoreo electrónico a los condenados en el país.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lanzó duras críticas al sistema de brazaletes electrónicos en el país, luego del caso registrado en el CAN, este lunes, donde uno de los capturados por un intento de hurto portaba este tipo de dispositivo y pagaba una condena de 6 años en detención domiciliaria por el mismo delito.
Según el mandatario, lo ocurrido evidencia serias fallas en los mecanismos de control a personas que, pese a estar bajo medidas judiciales, continúan delinquiendo. "Esto demuestra que el sistema no está funcionando como debería", señaló, al referirse al uso de estos dispositivos como alternativa a la detención intramural.
Galán advirtió que este tipo de situaciones envía un mensaje negativo a la ciudadanía y a las autoridades, pues pone en duda la efectividad de las medidas adoptadas para prevenir la reincidencia delictiva. En ese sentido, insistió en la necesidad de revisar a fondo el funcionamiento del sistema y fortalecer los controles.
“El Ministerio nos tiene que decir si debemos seguir permitiendo que haya detenciones domiciliarias de personas de alta peligrosidad cuando no tienen capacidad, evidentemente, para controlarlos y para vigilar que no cometan a los crímenes. Así es, muy jodido, repito, enfrentar la delincuencia en Bogotá cuando hay delincuentes, condenados, detenidos, que pasan por el sistema judicial, y luego los dejan libres en medio del pago de su condena”, dijo Galán.
#Bogotá | El alcalde Carlos Fernando Galán criticó que uno de los delincuentes que protagonizó el tiroteo en el sector del CAN fuera sorprendido con un brazalete electrónico.
— Minuto60 (@minuto60com) April 13, 2026
“Es muy jodido enfrentar la delincuencia en Bogotá cuando hay delincuentes condenados, detenidos que… pic.twitter.com/sc4YzQp6WC
De acuerdo con el mandatario, en las últimas semanas en Bogotá se han presentado varios casos en los que han participado reincidentes y personas que portan brazalete.
"La semana pasada tuvimos el caso de un furgón donde trataron de robarlo y uno de los delincuentes también tenía brazalete y tenía papel aluminio para cubrir el brazalete. Y recuerden que en el caso de Diana Ospina, el conductor del taxi que la secuestró estaba en detención domiciliaria. Eso es completamente absurdo", agregó el mandatario de la ciudad.
El pronunciamiento del mandatario ocurre luego de que la Policía confirmara que uno de los presuntos delincuentes capturados en el intento de hurto en el CAN tenía brazalete electrónico, lo que ha reavivado el debate sobre la eficacia de estas medidas y el seguimiento a personas vinculadas a procesos judiciales.
El alcalde también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que tome medidas frente a este tipo de casos, señalando que se requiere una respuesta más contundente para garantizar la seguridad en la ciudad y evitar que personas con antecedentes sigan cometiendo delitos.
#ÚltimaHora | En una reacción en el #CAN, uniformados capturaron a dos hombres tras hurtar el celular de una ciudadana.
— Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 13, 2026
Uno de los capturados portaba un brazalete electrónico, violando su condena de 6 años de prisión; pintaban las motos para tratar de evadir los controles. pic.twitter.com/8227R3Lvv6
Procuraduría ya había emitido una alerta
El llamado del alcalde se suma a una alerta que ya había emitido la Procuraduría General en marzo del presente año. En aquel entonces, el ente de control abrió una indagación por presuntas irregularidades en el contrato de brazaletes electrónicos administrado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
De acuerdo con el Ministerio Público, el contrato, suscrito en 2025 habría sido adjudicado de manera irregular, con posibles ocultamientos de fallas técnicas y operativas en los dispositivos, pese a que se habrían realizado pagos millonarios.
Además, la Procuraduría investiga si hubo pagos cercanos a 1.500 millones de pesos sin que se cumpliera lo contratado, así como posibles conflictos de interés y manipulación de informes, lo que pone en duda la efectividad real del sistema de monitoreo electrónico.
La @PGN_COL abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la USPEC, para esclarecer posibles faltas disciplinarias en el contrato de brazaletes electrónicos de monitoreo para detenidos, adjudicado a la Unión Temporal Utefectiva.
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) March 4, 2026
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¿Qué respondió Uspec?
Frente a estos cuestionamientos, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) ha defendido el sistema y descartado fallas estructurales.
Por medio de un comunicado, emitido precisamente en marzo de 2026, la entidad aseguró que el monitoreo electrónico “no presenta afectación sistémica” y que opera de manera permanente en todo el país, con más de 5.154 personas vigiladas.
La Uspec explicó que las desconexiones reportadas no obedecen a fallas del sistema, sino principalmente a daños intencionales en los dispositivos por parte de las personas privadas de la libertad o a interferencias ambientales.
Además, subrayó que la decisión de imponer, mantener o retirar el brazalete no depende de la entidad, sino exclusivamente de los jueces de ejecución de penas.
La entidad también defendió que el sistema cumple su función al generar alertas automáticas ante posibles irregularidades, las cuales son reportadas a las autoridades judiciales. Incluso citó casos en los que, gracias al monitoreo, se logró documentar incumplimientos que terminaron en la revocatoria del beneficio.
No obstante, el contraste entre esta defensa institucional y hechos como el ocurrido en el CAN vuelve a poner en el centro del debate la efectividad real de estas medidas. Mientras el Distrito insiste en que el sistema no está cumpliendo su propósito de prevenir la reincidencia, el Gobierno Nacional y las entidades responsables sostienen que el problema no radica en la tecnología, sino en su uso y en las decisiones judiciales asociadas.
