¿Hay suficientes cargadores para satisfacer el boom de carros eléctricos en Colombia? Expertos dicen
La falta de estructura para carros eléctricos como los cargadores en Colombia deja abierta la falta de centralización de este importante sector.
La carrera global por la descarbonización del transporte tiene en Colombia un escenario de profundas contradicciones.
Mientras las grandes ensambladoras aceleran sus planes de transformación industrial, la infraestructura física y la reglamentación del país parecen avanzar a una velocidad completamente diferente.
Durante la reciente presentación del plan estratégico futuREady del Grupo Renault, la compañía no solo reafirmó su posición como la única empresa del sector automotriz con una operación integral en el territorio nacional (abarcando desde la ingeniería y la fabricación hasta la comercialización), sino que también abrió un debate inaplazable sobre las verdaderas capacidades del país para sostener una transición energética masiva: el evidente y crítico déficit de infraestructura de carga pública.
Las alertas de la industria automotriz
Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Sofasa-Renault, fue el encargado de poner sobre la mesa las cifras que preocupan a los tomadores de decisiones de la industria automotriz. El directivo fue enfático al señalar que, bajo los estándares internacionales de movilidad sostenible, existe una métrica técnica ideal para garantizar la tranquilidad y viabilidad del usuario: debería operar, como mínimo, un cargador público por cada 10 vehículos eléctricos en circulación.
Al contrastar ese indicador internacional con la realidad de las capitales colombianas, el panorama resulta retador.
Bogotá, que es la ciudad más avanzada en vehículos eléctricos en Colombia, tiene un cargador por cada 125 carros. Eso deja en evidencia el nivel de infraestructura que tenemos en el país.
Juan Camilo Vélez, presidente y director general de RENAULT-Sofasa
El directivo aclaró que, bajo estas condiciones estructurales, la industria no puede simplemente proyectar o exigir que las 245.000 unidades que se comercializan en el mercado nacional migren de inmediato de forma exclusiva a tecnologías 100 % eléctricas. La red actual colapsaría.
Por esta razón, la estrategia de la marca le apuesta a una transición energética responsable y democratizada. Esto implica mantener un portafolio diversificado que incluya vehículos térmicos eficientes de última generación para regiones apartadas como Caquetá o Nariño, donde las realidades geográficas y de conectividad son radicalmente distintas a las de las áreas metropolitanas de Bogotá o Medellín.
No obstante, aseguró que la planta colombiana ya se prepara para un futuro inevitablemente electrificado, impulsado por las exigencias de exportación hacia mercados en crecimiento como el de Brasil.
La falta de cargadores para vehículos eléctricos en Colombia abre un gran debate entre usuarios y empresa. Colprensa.
¿Está mal calculado el déficit de cargadores?
Frente al llamado de atención, los especialistas en sostenibilidad y las comunidades de usuarios de movilidad eléctrica ofrecen una perspectiva significativamente diferente, aportando un matiz de optimismo técnico al debate.
Norman Darío Rodríguez, magíster en diseño sostenible y líder de la reconocida comunidad EV Viviendo Verde, cuestionó los análisis tradicionales que suelen alarmar a la opinión pública con cifras que apuntan a un rezago de hasta un conector por cada 125 vehículos a nivel nacional.
Para el experto, las métricas fallan en su metodología porque no reflejan el comportamiento real de los conductores en su cotidianidad.
El factor de la carga residencial: argumenta que la gran mayoría de los propietarios de vehículos eléctricos no dependen en absoluto de la red de carga pública para sus rutinas diarias. Al igual que ocurre con un teléfono celular, los usuarios conectan sus carros en sus hogares aprovechando las horas de la noche, lo que reduce drásticamente la presión real sobre las estaciones de las calles.
El dilema del huevo y la gallina: La infraestructura comercial ha respondido a una lógica de mercado. El verdadero auge de ventas de vehículos de nuevas energías explotó con fuerza en el país hace apenas dos años (alcanzando cifras cercanas a 48 % en reportes recientes de matrículas de tecnologías de transición). Antes de este fenómeno, los inversionistas privados no tenían incentivos económicos para instalar cargadores. Con el incremento de la flota, el despliegue de puntos en ciudades y carreteras comenzó a crecer notablemente.
El reto de las temporadas altas: si bien el Norman asegura que en es perfectamente factible viajar por las carreteras de Colombia planificando paradas estratégicas, reconoce que el sistema muestra su vulnerabilidad en momentos específicos del año. Durante temporadas vacacionales de alta congestión, como Semana Santa o el mes de diciembre, los puntos de las rutas nacionales sufren de saturación, lo que eleva significativamente los tiempos de espera y altera la experiencia del usuario.
Faltan leyes
Para los defensores de la movilidad eléctrica, el problema de fondo en Colombia no es el desinterés de las empresas privadas por invertir, sino un preocupante vacío normativo y burocrático que fatiga a los ciudadanos y desincentiva la adopción tecnológica. Rodríguez detalla tres problemáticas críticas de gestión que requieren la intervención urgente del Gobierno Nacional:
1. La propiedad horizontal
Intentar instalar un cargador privado en un edificio residencial construido hace 15, 20 o 30 años se ha convertido en una odisea que puede demorar más de un mes en obtener solamente la respuesta. Desde el punto de vista técnico, un cargador estándar demanda una potencia aproximada de 7 kilovatios, lo cual equivale al consumo simultáneo de cinco freidoras de aire. Aunque a nivel individual no representa una sobrecarga masiva, si múltiples residentes deciden cargar sus vehículos al mismo tiempo, la infraestructura de transformadores de los edificios antiguos colapsaría. La falta de normativas claras sobre cargas comunitarias inteligentes impide que las administraciones autoricen las instalaciones con agilidad.
2. 12 aplicaciones móviles sin control
A diferencia de las estaciones de servicio de combustibles tradicionales, donde un usuario puede pagar con cualquier tarjeta o efectivo sin importar la marca de la estación, el ecosistema de carga eléctrica pública en Colombia está completamente fragmentado. Actualmente, un conductor que transita por Bogotá puede verse obligado a descargar e instalar hasta 12 aplicaciones móviles diferentes en su teléfono para poder activar los cargadores de distintas empresas privadas. Esta falta de unificación no solo resulta incómoda y absurda en el día a día, sino que obliga a los usuarios a suministrar repetidamente sus datos bancarios y personales en plataformas poco confiables .
3. Errores de productividad en las flotas empresariales
El análisis del líder de Viviendo Verde identifica un grave error de estrategia financiera en las empresas privadas que adquieren flotas comerciales o camiones eléctricos. Muchas de estas compañías envían a sus operarios a recargar las baterías pesadas en puntos públicos (como las estaciones de Nicolás de Federmán o La Alhambra en Bogotá). Esta práctica detiene la productividad del negocio, hace perder tiempo valioso a los empleados debido a los prolongados tiempos de espera de los vehículos de gran tonelaje, y obliga a la empresa a pagar tarifas de kilovatio más costosas. Los expertos coinciden en que la verdadera rentabilidad y sustentabilidad de una flota comercial eléctrica exige que las empresas garanticen sus propios centros de carga rápida.
La encrucijada de la movilidad sostenible en el país demuestra que los esfuerzos de innovación de ensambladoras tradicionales como Sofasa-Renault deben ir acompañados de una ley unificada. El futuro del transporte limpio en Colombia no depende únicamente de cuántos vehículos eléctricos lleguen a las vitrinas, sino de la velocidad con la que el Estado elimine las barreras y estandarice las reglas del juego para los usuarios e inversionistas.
¿Cuánto vale 1 kW de luz en Colombia?
El valor de 1 kilovatio (kWh) de energía eléctrica en Colombia oscila entre $ 750 y $ 1.100, ya que no hay una tarifa única.
El costo exacto depende de tu estrato socioeconómico y de cada una de las regiones o empresa distribuidora como Enel, EPM o Afinia.
Los factores que determinan el precio se pueden determinar por el estrato social ya que los 1, 2 y 3 reciben subsidios gubernamentales. Por estrato 4 cancela la tarifa plena, mientras que los estratos 5, 6, comercios e industrias pagan un excedente para financiar dichos subsidios.
Cada región el costo de distribuir la energía varía drásticamente según la zona del país y el operador de red que te presta el servicio.
