Para De La Espriella el recorte a la JEP no es asfixia ni venganza sino responsabilidad fiscal
El mandatario contrastó lo que el tribunal de paz solicitó para 2027 con lo asignado y cuestionó el tamaño de su planta de personal.
El presidente, Abelardo De La Espriella, le exigió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) explicar en qué gastó los más de $3 billones que recibió del erario desde 2018 y descartó respaldar un aumento de su presupuesto para 2027 sin un examen de sus resultados judiciales.
El pulso se juega en el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2027, donde quedó radicada una proposición del senador de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez para trasladar $100.000 millones del funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura.
"No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación", escribió el mandatario este domingo en su cuenta de X sobre el oficio PRS-239-2026, con el que el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, le informó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que hay una supuesta afectación a la independencia y al funcionamiento del tribunal de paz.
Las cifras con las que el presidente cuestionó a la JEP
El mensaje detalla, año por año, lo que la jurisdicción recibió y lo que pidió:
$777.069 millones le asignó el Estado a la JEP en 2025.
$744.659 millones maneja el tribunal en 2026.
$947.642 millones solicitó para 2027.
$821.803 millones le dejó el proyecto de presupuesto para ese año, $125.839 millones menos de lo pedido.
$404.477 millones se estimó la nómina de la jurisdicción para este año.
El mandatario sostuvo que el salario mensual del presidente de la JEP pasó de unos 32 millones de pesos en 2018 a más de $55 millones en el cargo actual, con ingresos acumulados de alrededor de $4.500 millones desde que llegó al tribunal, según cifras que, dijo, circulan en el debate público. Afirmó además que las primeras decisiones restaurativas del tribunal llegaron en 2025 y que el volumen de sus resultados judiciales no corresponde con el tamaño de su aparato burocrático.
"Eso no convierte en intocable cada cifra adicional que se solicita. Respeto la independencia judicial y la libertad de los jueces para decidir, pero no acepto que se pretenda volver inmune la gestión administrativa frente al control, la eficiencia y la rendición de cuentas", escribió. Y planteó una condición: "Antes de denunciar una 'asfixia institucional', exijo que la JEP explique cómo planea, cómo ejecuta, en qué prioriza sus recursos y por qué necesita más dinero cuando el país enfrenta una realidad fiscal estrecha".
Los 1.456 empleos de planta que enumeró la Presidencia
La Presidencia de la República sostuvo que la JEP tiene una planta permanente de 1.456 empleos, creada con el Acuerdo AOG 020 de 2024, y que ese número de cargos creció 62 % desde entonces. En el mismo balance calculó que la jurisdicción pretende $6,2 billones adicionales entre 2027 y 2033.
A esa planta se suman los contratistas. Según ese balance, la jurisdicción destinó $2,01 billones a contratos de prestación de servicios entre 2018 y 2026, y este año mantiene 1.218 contratistas, que equivalen al 25 % del costo total de la planta. Presidencia también detalló que cada despacho de magistrado de tribunal sostiene a 12 personas, entre ellas tres magistrados auxiliares y cinco profesionales especializados grado 33.
El otro reclamo del Gobierno es la productividad de ese aparato. De los 38 magistrados con rango de alta corte que tiene el tribunal, 20 pasaron casi cinco años sin imputaciones, apelaciones ni condenas, según Presidencia, que cuestionó el uso de la 'movilidad', el plan con el que la JEP rota a sus magistrados entre salas. El balance añade que los 18 magistrados de las Salas abrieron 11 macrocasos y que los casos 9, 10 y 11 se abrieron entre 2024 y 2025.
El pulso que se armó en el Congreso desde el 17 de septiembre
Gómez radicó sus dos proposiciones al presupuesto el 17 de septiembre y sustentó el traslado de recursos en los cerca de 2,2 millones de procesos represados en la justicia ordinaria.
"¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!", respondió De La Espriella ese mismo día en X. En el mensaje de este domingo agregó que el presupuesto de una entidad pública no se fija solo con base en lo que esa entidad pide, sino con los recursos que existen, las necesidades del Estado y las prioridades de los colombianos, y que la iniciativa "no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal". También formuló la pregunta que, dijo, tiene el deber de hacer en nombre del país: "¿qué se ha hecho con los recursos ya recibidos?".
¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 17, 2026
(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 https://t.co/yq1HYIviwI
Ramelli le contestó el 18 de septiembre, durante la rendición de cuentas de la jurisdicción. "Estas propuestas corresponden a una estrategia combinada de asfixia económica y de sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar, el más grave ataque que hemos sufrido a nuestra independencia y autonomía", afirmó el magistrado, que anunció que llevaría el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al relator de la ONU para la independencia judicial.
🎥En el marco de la Rendición de Cuentas de la JEP 2026, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, se pronunció sobre dos iniciativas radicadas ante el Congreso que, según señaló, evidencian una estrategia para impedir el funcionamiento de la Jurisdicción.… pic.twitter.com/zwbeOIj2dP
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 18, 2026
Lo que la JEP le pidió a la Corte Penal Internacional
El oficio del 18 de septiembre va dirigido a los fiscales adjuntos de ese tribunal internacional, Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang, y les pide tomar nota formal de la situación y valorar sus implicaciones frente a los artículos 1 y 6 del Acuerdo de Cooperación que Colombia firmó con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el 28 de octubre de 2021.
En ese documento, la JEP calculó que el traslado equivale al 62 % de sus recursos para bienes y servicios y que se sumaría a un desfase acumulado de $84.663 millones. La jurisdicción precisó que entre los rubros comprometidos están $62.478 millones de los convenios con la Unidad Nacional de Protección, con los que cubre la protección de víctimas, testigos y funcionarios, y $29.362 millones del funcionamiento de sus sedes.
La carta alerta también sobre la segunda proposición de Gómez, que plantea una reforma constitucional para que la Justicia Penal Militar revise de forma automática las sentencias que la JEP dicte contra miembros de la fuerza pública.
La Rama Judicial ordinaria en el mensaje del presidente
De La Espriella fijó como prioridad la justicia que está por fuera del sistema transicional. Afirmó que allí hay millones de procesos represados, que miles de ciudadanos esperan años por una decisión y que jueces, fiscales y empleados judiciales trabajan con despachos congestionados, infraestructura insuficiente y limitaciones tecnológicas.
"Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar", escribió. El mandatario añadió que no tiene una política de venganza contra la JEP, sino el deber de ordenar el gasto y exigir resultados, y cerró con una advertencia: "No permitiré que ninguna institución se sitúe por encima de esas reglas".
Las dos proposiciones quedaron radicadas en el trámite del presupuesto de 2027, que se discute en el Congreso.
