Reconstrucción

Nunca había experimentado algo tan aterrador como el terremoto del pasado lunes. Fueron segundos interminables, en los que la tierra dejó de ser el suelo firme que damos por sentado y pareció succionar toda la fuerza de las piernas que nos sostienen. Después supimos que el terremoto, con epicentro en San José del Palmar, había sacudido el resto del Chocó, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y parte de Antioquia. Y, pasado el estupor inicial, empezamos a conocer la dimensión de sus impactos.

Por supuesto, ante un desastre de esta magnitud la primera obligación es atender la emergencia humanitaria: salvar vidas, atender a los heridos, garantizar albergues, restablecer servicios, proteger a quienes quedaron en situación de riesgo y acompañar los duelos y los miedos que quedan instalados después de que la tierra deja de moverse. 

Teniendo clara esa prioridad, aparece otra emergencia que tampoco puede esperar: la del patrimonio cultural afectado.

Teniendo clara esa prioridad, aparece otra emergencia que tampoco puede esperar: la del patrimonio cultural afectado.

Nuestra legislación utiliza una expresión tomada del lenguaje de las emergencias para referirse a lo que debe hacerse en ese momento: los “primeros auxilios” del patrimonio. Estos comprenden obras urgentes sobre inmuebles en peligro de ruina, en riesgo inminente o afectados por agentes naturales o humanos: apuntalamientos, sobrecubiertas, cerramientos provisionales, acciones para evitar el colapso o el saqueo e incluso el desmonte controlado de elementos cuyos anclajes hayan fallado.

Los primeros auxilios no son la cura definitiva. Su propósito es evitar que una situación crítica empeore mientras llega el tratamiento adecuado. Con el patrimonio ocurre exactamente lo mismo: no hay que esperar a tener formulado y financiado un proyecto integral de restauración para empezar a protegerlo.

Pero para prestar primeros auxilios hay que saber primero dónde están las heridas y cuáles son las más graves. Por eso, la tarea inmediata debería ser una evaluación rápida, sistemática y técnicamente calificada de los daños: identificar los bienes afectados, determinar cuáles presentan riesgo de colapso o de pérdidas adicionales y establecer prioridades de actuación. Las preguntas urgentes que deben orientar este primer momento son: ¿qué puede caerse?, ¿qué puede seguir deteriorándose?, ¿qué necesita protección inmediata? y ¿qué puede perderse de forma irreversible si no actuamos pronto?

Lo mismo vale para el patrimonio mueble. Archivos, colecciones, obras de arte, objetos religiosos y otros bienes pueden quedar expuestos al agua, la humedad, el polvo, el saqueo o nuevas afectaciones. Inventariarlos y documentar su estado es indispensable, pero no suficiente: cuando sea necesario habrá que estabilizarlos, protegerlos o trasladarlos temporalmente a lugares seguros.

Entre el terremoto y la restauración definitiva pueden transcurrir meses o años. Y es precisamente durante ese intervalo cuando una parte del patrimonio que sobrevivió al sismo puede terminar perdiéndose por abandono, exposición a la intemperie, intervenciones inadecuadas o falta de decisiones oportunas. La emergencia patrimonial consiste, en buena medida, en impedir que eso ocurra.

La emergencia patrimonial consiste, en buena medida, en impedir que eso ocurra.

En esa evaluación, los centros históricos deberían recibir un tratamiento absolutamente prioritario. No solamente porque concentran un número importante de bienes, sino porque suelen reunir edificaciones antiguas que arrastran condiciones previas de deterioro o vulnerabilidad, de manera que un terremoto puede agravar patologías existentes y aumentar el riesgo de pérdida. Y sobre todo porque, a diferencia de lo que a veces imaginamos cuando hablamos de patrimonio, no son piezas de museo: son lugares vivos.

En sus casas vive gente. En sus locales funcionan comercios. Hay iglesias, plazas, instituciones, restaurantes, talleres y lugares de encuentro. Un terremoto que afecta un centro histórico golpea simultáneamente una arquitectura, una memoria colectiva y una forma de habitar el territorio. Por eso, proteger esos conjuntos no supone escoger el patrimonio por encima de las personas. En muchos casos significa justamente proteger a las personas que viven, trabajan y construyen su cotidianidad dentro de él.

En esta primera fase, entonces, se debería priorizar la evaluación detallada de los centros históricos y conjuntos patrimoniales ubicados en el Eje Cafetero, como Salento y Filandia en Quindío, y Roldanillo y El Cairo en el Valle del Cauca. Allí debería hacerse cuanto antes un barrido sistemático, inmueble por inmueble, que permita clasificar daños y niveles de riesgo y determinar dónde se necesitan primeros auxilios. Después habrá tiempo —y será indispensable— para formular proyectos de restauración, conseguir recursos y emprender procesos largos de recuperación. La evaluación deberá extenderse muy pronto a centros históricos como Jardín, Jericó, Abejorral, Santa Fe de Antioquia y Marinilla, donde ya se reportan afectaciones e incluso el colapso de algunos inmuebles.

Con la misma lógica de poner siempre a las personas en el centro, la respuesta del Gobierno Nacional deberá prestar especial atención a las comunidades indígenas que habitan los territorios afectados. Allí están, entre otras, comunidades de los pueblos Emberá Chamí, Emberá Dóbida, Emberá Katío y Wounaan, con presencia en Chocó y distintos territorios del Eje Cafetero, además de otros pueblos y comunidades cuya afectación deberá identificarse a medida que avance la evaluación de daños. 

Y aquí habrá que prestar especial atención a la reconstrucción de las viviendas destruidas. Colombia cuenta hoy con la figura de la Vivienda de Interés Cultural, incorporada por la Ley de Vivienda y Hábitat Sostenible de 2021, que permite pensar la vivienda no desde soluciones estandarizadas, sino desde el reconocimiento de las formas de habitar propias de las comunidades, sus características culturales y territoriales y sus materiales y técnicas constructivas tradicionales. La emergencia puede exigir reconstruir con rapidez, pero esa rapidez no debería traducirse en reemplazar arquitecturas y saberes propios por modelos ajenos al territorio. Reconstruir una vivienda indígena supone también preservar una forma de habitar, unos conocimientos y una relación particular con el entorno. La reconstrucción no debería terminar convirtiéndose en una segunda forma de pérdida cultural.

La emergencia puede exigir reconstruir con rapidez, pero esa rapidez no debería traducirse en reemplazar arquitecturas y saberes propios por modelos ajenos al territorio.

El Gobierno Nacional prepara los instrumentos extraordinarios con los que enfrentará las consecuencias del terremoto. Si entre ellos se encuentra la declaratoria de un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, sería importante que el patrimonio cultural aparezca expresamente reconocido desde el decreto que la declare como una de las dimensiones afectadas por la calamidad.

Los desastres no destruyen solamente viviendas, carreteras, hospitales o infraestructura productiva. También pueden borrar lugares en los que una sociedad ha depositado memoria, identidad y vínculos colectivos. Ese reconocimiento permitiría que, en desarrollo de la emergencia, se adopten medidas extraordinarias para el sector Cultura dirigidas a impedir que los daños iniciales se conviertan en pérdidas irreversibles y a movilizar con rapidez recursos y capacidades para la evaluación, estabilización, protección y posterior recuperación del patrimonio afectado. Equipos técnicos que puedan desplazarse a los territorios; diagnósticos estructurales y patrimoniales; protección de archivos y colecciones; obras urgentes en inmuebles en riesgo; asistencia a municipios que difícilmente cuentan por sí solos con especialistas o recursos suficientes.

Nuestro sistema de protección patrimonial distribuye competencias entre la Nación y las entidades territoriales según el ámbito de declaratoria de los bienes, y los propietarios, poseedores, custodios y tenedores también tienen deberes de conservación. Pero la escala de la emergencia le impone al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes un rol insustituible de coordinación que permita convertir esas responsabilidades dispersas en una respuesta común. El Ministerio deberá entonces orientar técnicamente, ayudar a consolidar el diagnóstico, establecer prioridades, movilizar conocimiento especializado y articular fuentes de financiación. Los departamentos y municipios, por su parte, son fundamentales para identificar los daños y actuar en territorio junto con las autoridades de gestión del riesgo. Y los propietarios tienen que formar parte de la solución.

En momentos como este, proteger el patrimonio exige menos compartimentos institucionales y mucha coordinación.

En momentos como este, proteger el patrimonio exige menos compartimentos institucionales y mucha coordinación.

Colombia tampoco tiene que enfrentar sola este desafío. Existe una experiencia internacional considerable en la protección del patrimonio después de terremotos, inundaciones, incendios y conflictos. Organismos y redes como ICCROM, UNESCO y Blue Shield cuentan con metodologías y capacidades especializadas para la evaluación rápida de daños y riesgos, la estabilización de bienes y la salvaguardia de colecciones. Activar esa cooperación permitiría no solo movilizar recursos, sino aprender de quienes ya han tenido que responder a emergencias patrimoniales de enorme complejidad.

Poner a las personas en el centro supone también mirar a quienes hacen posible el patrimonio vivo. La suspensión del Festival Petronio Álvarez, inevitable en medio de la emergencia, encontró en Cali a músicos, agrupaciones, cocineras tradicionales, artesanos y otros portadores que habían viajado desde distintos lugares del Pacífico para participar y que contaban con el Festival no solo como espacio de encuentro y reconocimiento, sino también como fuente de ingresos. El Ministerio de las Culturas, en articulación con la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca y Propacífico, debería disponer un paquete extraordinario de apoyos que permita atender las pérdidas y necesidades de quienes resultaron afectados por la suspensión y garantizar que las agrupaciones y portadores seleccionados puedan participar cuando sea posible reprogramarlo. Y habría que abrazar al Petronio mismo con mucha fuerza: ayudar a que su trigésima edición pueda celebrarse cuando las condiciones lo permitan y convertir ese reencuentro de las culturas del Pacífico en un símbolo de resiliencia, esperanza y reconstrucción colectiva.

En medio de tanta destrucción y tanta tristeza, también ha emergido una solidaridad conmovedora. La de los rescatistas y organismos de socorro que llevan días trabajando sin descanso; la de los funcionarios públicos y empresas de servicios básicos volcados a atender la emergencia; la de voluntarios, vecinos y familias que reciben, transportan y acompañan; la de personas y empresas que donan recursos, alimentos, medicamentos; la de quienes organizan centros de acopio y redes de ayuda para hacer llegar lo necesario a las personas. A todos ellos, gracias.

Venimos de unas elecciones presidenciales que dejaron al país profundamente agrietado. Durante meses parecimos empeñados en reducir al otro a una etiqueta, una amenaza o un adversario irreconciliable. Resulta doloroso que tenga que ser una tragedia la que nos recuerde algo mucho más elemental: antes que nuestras diferencias políticas están los vínculos que nos hacen parte de una misma comunidad. Cuando alguien necesita ser rescatado de los escombros, cuando una familia pierde su casa o un pueblo entero necesita ayuda, importa bastante poco por quién votó cada uno.

(...) antes que nuestras diferencias políticas están los vínculos que nos hacen parte de una misma comunidad.

Ojalá no necesitemos otra tragedia para recordarlo. Ojalá de esta podamos salir no solo reconstruidos, sino un poco más unidos. Habrá que levantar viviendas, recuperar centros históricos, proteger archivos y colecciones, acompañar a las comunidades y volver a llenar de música el Petronio. Pero quizá también podamos reconstruir algo de la confianza que hemos perdido entre nosotros. Al final el patrimonio que más importa es ese: los vínculos, las memorias y los lugares que nos permiten reconocernos como parte de algo común.