Mercados de carbono: Primero las reglas, después el 100 %

Hace seis semanas, en esta columna, señalé que la reglamentación de los mercados de carbono había llegado a destiempo y que el nuevo Gobierno tenía que encontrar un punto medio entre derogar los decretos, que sería reiniciar una discusión de años, y dejarlos intactos, que sería arriesgarse a un marco que nunca llegara a operar. El 29 de septiembre, en la Medellín Climate Week, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, anunció que el Gobierno adelanta la revocatoria del Decreto 973, relacionado con el desarrollo, las condiciones, los criterios y el marco institucional requerido para los mercados de carbono en Colombia.

(...) el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, anunció que el Gobierno adelanta la revocatoria del Decreto 973 (...)

La decisión tiene argumentos. El Ministerio la justifica en fallas en el procedimiento de expedición y el ministro ha sido crítico del contenido técnico. Pero deja un vacío que hay que llenar rápido, porque en algo coinciden el Gobierno anterior, el actual y buena parte de los actores que estuvimos en Medellín en esa semana: el mercado de carbono necesita reglas. El propio Arjona lo planteó al anunciar la medida, cuando dijo que un mercado de carbono depende de la confianza en que las reducciones son reales y no se cuentan dos veces.

Esa confianza se ha erosionado. La ausencia de reglas claras permitió que algunos proyectos, en especial varios REDD+ orientados a frenar la deforestación, recibieran críticas serias por dudas sobre su adicionalidad y por fallas en la relación con comunidades indígenas, al punto de que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-248 de 2024, ordenó reglamentar. El decreto que se revoca tenía piezas que respondían a ese problema como criterios exigibles de adicionalidad, reglas de independencia para validadores y verificadores y un Registro Nacional de Reducción de Emisiones (Renare) que pasaba de declarativo a habilitante. La nueva regulación debería conservarlas. El ministro dijo que en tres meses tendrán listo un Renare que funcione y esa es una buena primera vara para medir.

El otro anuncio fue más llamativo. El Gobierno propondrá al Congreso eliminar el tope del 50% que fijó la reforma tributaria de 2022 a la no causación del impuesto al carbono, de modo que las empresas puedan cubrir con créditos la totalidad del impuesto. Sería un incentivo claro a la demanda y podría reactivar el mercado.

Pero la medida tiene un costo que conviene poner sobre la mesa. El 80% del recaudo de este impuesto va al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que en 2024 recibió cerca de $440.000 millones, como expliqué en febrero. Cada punto adicional de no causación es recaudo que deja de llegar a ese fondo. El ministro lo asume con claridad: "Para mí es mucho mejor que recaudar un impuesto hacer que el sector privado invierta", dijo en Medellín. Es un argumento válido, siempre que esa inversión privada genere reducciones adicionales. Ahí está el punto.

Cada punto adicional de no causación es recaudo que deja de llegar a ese fondo.

Según cifras citadas por La Silla Vacía a partir de información de Asocarbono, hoy existe un inventario de 41 millones de créditos disponibles, cada uno equivalente a una tonelada de CO₂, que con el tope actual se consumiría en unos dos años. Con el 100%, se agotaría más rápido. Muchos de esos créditos se emitieron bajo las reglas anteriores, incluidos algunos de los proyectos que generaron dudas. 

Si el tope se levanta antes de que existan reglas de integridad, el primer efecto no será financiar proyectos nuevos, sino liquidar inventario a cambio de recaudo público. Por eso la secuencia importa y es fundamental primero definir las reglas y solo después levantar el tope. Y la nueva regulación también deberá establecer qué pasa con los créditos ya emitidos, para que se alineen con los nuevos estándares.

La demanda internacional abre otras oportunidades que exigen lo mismo. Bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París, Colombia puede vender resultados de mitigación a otros países y a esquemas como CORSIA, el de la aviación internacional. En su primera fase (2024-2026), este esquema demandará entre 100 y 200 millones de créditos en el mundo y Colombia puede competir por una parte de la demanda en la siguiente fase. 

Pero esos créditos requieren una carta de autorización del país y un ajuste correspondiente; es decir, las toneladas vendidas salen de la contabilidad de nuestra meta climática. Esas autorizaciones requieren una infraestructura administrativa y la nueva regulación que prepara el Gobierno debe dejar claro, y pronto, quién autoriza y con qué criterios, si el país no quiere quedarse por fuera.

Esas autorizaciones requieren una infraestructura administrativa y la nueva regulación que prepara el Gobierno debe dejar claro (...)

Nada de esto va en contra de la apuesta del ministro. Los mercados de carbono pueden movilizar recursos importantes y Colombia tiene con qué volver a ser un referente regional. Para eso necesita créditos de alta integridad o ´gourmet´, no solo más créditos. 

Teniendo en cuenta que el ajuste en el límite de la no causación necesita aprobación del Congreso, el calendario puede ayudar. Mientras se discute la propuesta, el Gobierno tiene unos meses para definir, con los actores del sector, qué conserva del marco anterior, qué ajusta y qué construye de nuevo.

Usar bien ese tiempo es la diferencia entre reactivar un mercado y repetir sus errores. Lo que no nos podemos permitir es que la regulación vuelva a llegar tarde y que, mientras tanto, entren al mercado créditos que no cumplen criterios de integridad. Sería la forma más rápida de perder otra vez la confianza que se quiere recuperar.