Gestión transparente, técnica y humana: lo que se necesita para responder a la tragedia

Hay tragedias que revelan, sin maquillaje, la verdadera capacidad de un Estado. Un terremoto no solo tumba paredes, quiebra vías o deja techos en el suelo. También desnuda la fragilidad de las instituciones, la distancia entre el discurso oficial y la vida real, y la tentación de convertir el dolor de la gente en propaganda. Por eso, frente a los municipios golpeados en el occidente colombiano, la palabra “reconstrucción” se queda corta.

Lo que el país necesita no es una feria de anuncios, ni una pasarela de funcionarios con chaleco y cámara al hombro. Necesita una gerencia seria del renacer: con responsables visibles, metas verificables, recursos trazables y decisiones técnicas por encima del cálculo electoral. El primer mes será decisivo porque ahí se sabrá si estamos ante una respuesta de Estado o ante otro capítulo de improvisación burocrática.

El país político suele mirar la tragedia desde las capitales, pero el desastre se vive en el municipio pequeño, en la vereda, en el hospital que opera a medias, en la farmacia sin energía, en el niño que pierde clases, en la familia que no puede dormir y en el tendero que no sabe si volverá a levantar la reja. Gobernar en serio es entender que la emergencia no termina cuando baja el volumen de las noticias.

El país político suele mirar la tragedia desde las capitales, pero el desastre se vive en el municipio pequeño, en la vereda, (...)

En salud, la negligencia puede ser tan peligrosa como el sismo. Donde hay cortes de luz debe existir vigilancia estricta sobre los medicamentos que dependen de refrigeración. Vacunas, insulinas y otros fármacos termosensibles no admiten discursos: si se rompe la cadena de frío, se pone en riesgo la vida de la gente. Y esa responsabilidad no puede diluirse entre comunicados, contratistas y excusas.

En educación, cada semana perdida golpea más duro a quienes menos margen tienen. Niños, niñas y adolescentes que apenas empezaban su vida escolar, jóvenes de grado once que se preparaban para pruebas nacionales e internacionales, universitarios que ven interrumpidos sus semestres: todos requieren un plan de contingencia. El Ministerio de Educación, el Icfes, las secretarías y las universidades deben actuar como sistema, no como islas defendiendo competencias.

La salud mental no puede seguir siendo el apéndice sentimental de las emergencias. Después de un terremoto, el miedo no desaparece con el último boletín. Se queda en los niños, en los adultos mayores, en quienes perdieron su casa, en quienes duermen con zapatos por si vuelve a temblar y en quienes, desde lejos, no logran comunicarse con sus familiares. Si el Estado llega con carpas pero no con acompañamiento psicosocial, llega incompleto.

Si el Estado llega con carpas pero no con acompañamiento psicosocial, llega incompleto.

En infraestructura, la discusión política de fondo es incómoda: Colombia no puede seguir aceptando que la seguridad dependa del estrato. Los parámetros de sismorresistencia, la calidad de los materiales y la supervisión técnica tienen que ser innegociables. Aquí también hay responsabilidades de alcaldes, curadores, constructores, interventores, facultades de ingeniería y arquitectura. Cada edificio mal diseñado, cada licencia débil y cada obra vigilada a medias son una deuda que tarde o temprano cobra la naturaleza.

Y está la economía, que suele aparecer tarde en el discurso público, cuando ya cerraron los negocios y se perdieron los empleos. Según Confecámaras, las zonas más afectadas concentran cerca de 270.000 empresas y 1,4 millones de empleos formales potencialmente impactados; además, 250.628 de esas empresas son microempresas, el 93 % del total. Si el Gobierno no entiende que detrás de cada micronegocio hay una familia, una deuda, una nómina y una comunidad, la reconstrucción será apenas una palabra bonita.

Por eso, la recuperación no puede convertirse en una suma de subsidios dispersos, contratos opacos, anuncios repetidos y fotografías oficiales. Requiere gerencia pública de alto nivel, pero también control ciudadano, veeduría, rendición de cuentas y datos abiertos.  Salvar vidas es la prioridad inmediata; proteger empleos, escuelas, hospitales, comercios y comunidades es la obligación política que viene después.

(...) la recuperación no puede convertirse en una suma de subsidios dispersos, contratos opacos, anuncios repetidos y fotografías oficiales.

Colombia necesita liderazgo, pero también sentido de realidad. Un gobierno que apenas empieza no puede ser juzgado como si llevara años administrando esta crisis; precisamente por eso, estos primeros días son una oportunidad para marcar un rumbo distinto: escuchar a los territorios, coordinar con alcaldes y gobernadores, convocar al sector privado, la academia, las iglesias, las organizaciones sociales y la cooperación internacional, y dejar claro que la reconstrucción no será un escenario de protagonismos, sino de responsabilidades compartidas.

El terremoto dejó una herida enorme y una prueba temprana para el país. La pregunta no debe formularse como condena anticipada, sino como exigencia democrática: ¿seremos capaces de convertir esta emergencia en una respuesta transparente, técnica y humana? No basta con reconstruir lo que se cayó. Hay que levantar confianza pública, instituciones que respondan, comunidades acompañadas y territorios que renazcan con dignidad. Esa será, más que una prueba contra un gobierno, una prueba para todos.