Cuidados intensivos

Artesanías de Colombia quedó en cuidados intensivos tras el paso del gobierno Petro.

Terminan cuatro años que dejan demasiadas preguntas sobre lo ocurrido dentro de una de las entidades más queridas, especializadas y respetadas del Estado colombiano. Una institución que durante casi 60 años representó la identidad y diversidad cultural del país, propició el encuentro entre culturas y el diálogo de saberes, y generó orgullo y compromiso alrededor de nuestro patrimonio, hoy está asociada, para muchas personas que la conocen de cerca, con politiquería, improvisación, despilfarro, maltrato, división y desconfianza.

La entidad que recibió el gobierno de Gustavo Petro no era perfecta. Pero tenía algo extraordinariamente difícil de construir en el Estado: conocimiento acumulado. Y algo más: confianza.

Equipos con décadas de experiencia habían aprendido a trabajar con comunidades indígenas, campesinas, rurales y urbanas; a comprender oficios, técnicas, materias primas y territorios; a acompañar procesos productivos, de desarrollo humano y asociativo; a organizar ferias de enorme complejidad; y a conectar la artesanía colombiana con mercados nacionales e internacionales.

También se había logrado construir una cultura institucional muy valiosa. En 2021, Artesanías de Colombia obtuvo la certificación de Great Place to Work. El 89 % de sus colaboradores decía que era un excelente lugar para trabajar y el 96 % se sentía orgulloso de pertenecer a la organización.

Dos años después, una investigación periodística de Casa Macondo encontró otro nombre para describirla: “La casita del terror”.

Durante dos meses, la investigación recogió testimonios de unos veinte funcionarios y contratistas que hablaron de gritos, humillaciones, amenazas, desconfianza y miedo. Documentó traslados abruptos de funcionarios con amplia experiencia, denuncias sobre la utilización de procesos disciplinarios como mecanismo de intimidación y un incremento dramático de las incapacidades laborales: de 81 durante todo 2022 a 165 en 2023. Algunos trabajadores presentaron colapsos nerviosos bien complejos y requirieron atención psiquiátrica y hospitalización.

Es difícil imaginar un deterioro institucional más dramático. 

Personas con conocimientos altamente especializados fueron apartadas de los procesos que conocían. Funcionarios y contratistas con décadas de trabajo con comunidades artesanas fueron despedidos o forzados a renunciar, mientras llegaron personas sin los perfiles y experiencia requeridos, lo que implicó la modificación de los manuales de función, estructuras y procedimientos.

El uso de los procesos disciplinarios alcanzó también a quienes habíamos ocupado cargos directivos en períodos anteriores. Varios terminamos investigados y señalados de haber hecho todo mal. En mi caso, tuve que afrontar un proceso originado en una denuncia anónima que cuestionaba que hubiera creado una consultora dedicada a temas de cultura y patrimonio —en los que trabajo desde hace 18 años— por una supuesta violación del régimen de inhabilidades. Mi proceso terminó archivado. También fueron cerrándose las demás investigaciones que no encontraron sustento para prosperar. Pero entretanto hubo que defenderse, explicar, contratar abogados y cargar durante meses con la sospecha. Es un costo personal y profesional que no debería normalizarse y que termina alejando del servicio público a muchos de los perfiles técnicos que el Estado necesita.

Ese es un costo devastador del sectarismo cuando se instala en el Estado: destruye capacidades públicas y expulsa el conocimiento que tanto tiempo tomó construir.

Ese es un costo devastador del sectarismo cuando se instala en el Estado: destruye capacidades públicas y expulsa el conocimiento que tanto tiempo tomó construir.

Y ahí aparece otra de las paradojas más indignantes del llamado Gobierno del Cambio y de la política del Amor: mientras afuera se hablaba de dignidad, felicidad y justicia social, adentro trabajadores con diez, quince o veinte años de servicio relataban miedo, humillación, intimidación y colapsos emocionales que, en algunos casos, terminaron repercutiendo también en la salud física.

El modelo de atención integral que la entidad llevaba décadas construyendo, ajustando y mejorando fue reemplazado por una nueva apuesta denominada Gestión Social Integral, presentada como el corazón de la estrategia de atención al sector artesanal. La gran promesa era poner en el centro el bienestar y la felicidad de los artesanos, bajo una premisa tan atractiva como difícil de controvertir: un artesano feliz será un artesano más productivo. ¿Quién podría estar en contra de la felicidad?

El problema es que la felicidad no se convierte en política pública por nombrarla. Si no existen criterios claros para definir qué significa, cómo se alcanza, mediante qué intervenciones y con qué indicadores se evalúa, una promesa de transformación se queda en narrativa barata.

Pero la infelicidad no se limitó a los colaboradores y ex colaboradores de la entidad. También llegó a los artesanos que habían comenzado muy esperanzados un cuatrienio que prometía ponerlos en el centro. Con el tiempo, varios empezaron a sentirse utilizados, engañados o maltratados. Las escenas de directivas regañando, gritando, amenazando y pidiendo rebajas a los artesanos difícilmente podían pasar desapercibidas. Y la relación construida durante décadas entre técnicos, comunidades y entidad empezó a contaminarse con una pregunta que no debería importar para recibir atención del Estado: quién es cercano a quién.

El desenlace de esta historia de deterioro de la confianza resulta difícil de digerir. Adriana Mejía, la gerente bajo cuya administración se produjo este deterioro y contra quien se hicieron públicas graves denuncias de maltrato laboral y politización de la entidad, no salió del Gobierno cuestionada ni llamada a responder políticamente por lo ocurrido. Salió de Artesanías de Colombia porque el presidente Gustavo Petro la designó notaria 35 de Bogotá, a pocos meses de terminar su Gobierno y mientras, según versiones conocidas posteriormente, Mejía tramitaba su divorcio con Verónica Alcocer.

Después de una administración que dejó profundamente fracturada la confianza dentro de Artesanías de Colombia, su gerente fue designada para ejercer una de las funciones que más dependen de ella: ser depositaria de la fe pública.

Otro deterioro doloroso para quienes conocimos la entidad fue ver cómo los artesanos desaparecieron del centro del relato institucional.

Durante años, Artesanías de Colombia había desarrollado un modelo de comunicación que mostraba al artesano, su comunidad, el oficio, la técnica, la materia prima y el territorio como partes inseparables de una misma historia, con una estética impecable que tenía el propósito de dignificar el quehacer artesanal y mostrar la enorme complejidad cultural que existe detrás de cada objeto. Ese modelo terminó siendo reemplazado por el protagonismo de las directivas, por los viajes, los eventos y los anuncios grandilocuentes.

Quedaron también grandes promesas pendientes. No llegó la anunciada ley del artesano, a cuya formulación se destinaron tiempo y recursos. Y tampoco se reglamentó la Ley de Oficios de la Cultura y el Patrimonio, que ya había creado instrumentos largamente esperados por el sector, entre ellos el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Actividad Artesanal, el Registro Único de Artesanos de Colombia y la Red de Pueblos Artesanales y de Oficios.

Hubo, eso sí, muchos más recursos. Pero esta historia nos recuerda que un presupuesto grande sin conocimiento institucional es como una película costosísima sin un buen guion.

La improvisación financiada sigue siendo improvisación, y abre la puerta al despilfarro y a zonas cada vez más grises en el manejo de los recursos.

La improvisación financiada sigue siendo improvisación, y abre la puerta al despilfarro y a zonas cada vez más grises en el manejo de los recursos.

Para cerrar estos cuatro años, Artesanías de Colombia merece una revisión seria de lo ocurrido. No para iniciar otra cacería de brujas, sino precisamente para recuperar estándares elementales de administración pública.

Habrá que mirar los indicadores que durante estos años sirvieron para anunciar cifras históricas: qué se entendió por beneficiario, cómo se midieron las ventas y los negocios facilitados, qué soportes existen detrás de los resultados divulgados.

Habrá que evaluar también decisiones de expansión comercial. La apertura de nuevos almacenes debería poder explicarse mediante estudios de mercado, costos, ventas y retornos verificables.

Y habrá que revisar con especial cuidado los inventarios: cómo se administraron los productos de almacenes, bodegas y ferias; qué controles existieron sobre las piezas trasladadas a eventos y viajes internacionales; cómo funcionaron las consignaciones, préstamos y ventas de bodega; quién podía modificar inventarios en los sistemas; y a quiénes y bajo qué criterios se compró producto.

No estaría de más revisar una de las pocas cifras realmente históricas que queda para la posteridad: la de la cantidad de viajes de sus directivas al exterior. Conviene revisar los criterios, los gastos y los resultados; quiénes viajaron y por qué; y qué seguimiento se hizo a potenciales compradores y aliados.

También sería necesario evaluar negocios y proyectos desarrollados durante este período, desde los seguros inclusivos, renovados hace poco para unos cuatro mil ¿artesanos?, hasta los llamados “Bancos de Trabajo Artesanal”, desarrollados en el marco de un convenio suscrito en 2023 con la UNGRD por $950 millones, en tiempos de Olmedo López.

Y revisar qué ocurrió con el Claustro de las Aguas, un maravilloso inmueble patrimonial que merece un manejo compatible con su valor y su condición y no debería seguirse alquilando para todo tipo de eventos sin los cuidados necesarios para evitar su deterioro.

Nada de esto debería entenderse como revancha. Las instituciones no se reconstruyen barriendo debajo de la alfombra.

Esta semana se anunció el nombramiento de Ángela Ramos como nueva gerente. Su llegada abre una ventana de esperanza. Su trayectoria como diseñadora ha estado vinculada durante años al trabajo con artesanos y a procesos de creación conjunta entre diseño contemporáneo y saber artesanal. Conoce el valor de los oficios, ha trabajado cerca de quienes los ejercen y entiende que detrás de una pieza hay conocimiento, territorio, relaciones de confianza y procesos que toman años en construirse.

Eso importa mucho. Pero la entidad que recibe necesitará bastante más. Ojalá tenga, además del conocimiento y la valoración por el sector, las capacidades gerenciales y, sobre todo, humanas para recomponer una institución maltrecha.

Tendrá que escuchar a quienes resistieron, acercarse a quienes se fueron, recuperar conocimiento y volver a poner los criterios técnicos por encima de las amistades, los parentescos y las afinidades políticas. Habrá que sacar las corbatas y recuperar los perfiles que necesita una entidad extraordinariamente especializada, que trabaja con procesos tan frágiles como fundamentales.

Tendrá, además, que reconstruir algo bastante difícil: la confianza. Entre los equipos; con los artesanos; con las organizaciones del sector; y con los aliados que durante décadas contribuyeron a hacer de Artesanías de Colombia un referente latinoamericano.

También tendrá que recuperar la excelencia. Artesanías de Colombia no puede ser una vitrina gubernamental. Su valor reside en el conocimiento especializado que ha acumulado sobre comunidades, oficios, técnicas, materias primas, patrimonio cultural, fortalecimiento productivo, comercialización y trabajo comunitario.

Y, sobre todo, tendrá que devolverles Artesanías de Colombia a los artesanos.

Que sean ellos quienes vuelvan a ocupar las fotografías, las comunicaciones y los escenarios. Que importen más sus historias que las de los funcionarios de turno. Que las ferias vuelvan a distinguirse por la excelencia de las piezas y de los montajes, y no por la cantidad de tarimas y discursos politiqueros de las directivas. Que la política artesanal se construya desde los territorios y no desde las afinidades políticas.

Hace unos meses terminé una columna sobre Expoartesanías recordando que, pese a todo, muchos artesanos seguían participando porque sentían que esa feria les pertenecía. Uno me dijo algo que no he olvidado: “¿Cómo no venir? ¿Cómo renunciar a procesos de tantos años y a esfuerzos tan grandes míos y de toda mi comunidad?”.

Artesanías de Colombia no pertenece al gobierno que llega ni al que se va. Tampoco a sus directivas.

Artesanías de Colombia no pertenece al gobierno que llega ni al que se va. Tampoco a sus directivas.

Pertenece a los miles de artesanos que durante generaciones han protegido oficios, conocimientos y territorios; y también a los servidores públicos que durante casi seis décadas han ayudado a construir una institución para acompañarlos.

El gobierno que prometió poner a esas comunidades en el centro tuvo cuatro años para demostrarlo. Las denuncias fueron públicas. Se habló de maltrato, intimidación, politización, despilfarro y deterioro institucional. Y, sin embargo, muchas personas dentro del Gobierno y del sector cultural que conocían lo que estaba ocurriendo prefirieron guardar silencio. Ese silencio también hace parte del balance.

Ahora viene una tarea menos grandilocuente que cambiarlo todo. Ahora urge reparar lo que el cambio destruyó.