Borrar para reformar

No es cierto el argumento —hoy reiterado para impulsar la reforma a la Ley General de Cultura de 1997— de que el país no ha producido transformaciones sustantivas en tres décadas en el desarrollo normativo y de política cultural. Ese relato no solo desdibuja la premisa que ha orientado el proceso de reforma —la de construir sobre lo construido—, sino que invisibiliza avances normativos decisivos que han ampliado, complejizado y actualizado el campo cultural colombiano, y diluye conquistas construidas por el propio sector.

Desde la Ley 397 de 1997, que sentó las bases conceptuales e institucionales del sector —creación del Ministerio, Sistema Nacional de Cultura, principios de política pública y rol del Estado—, el desarrollo ha sido continuo.

La Ley 814 de 2003 marcó un punto de inflexión al crear un modelo exitoso de fomento a la producción cinematográfica mediante incentivos económicos y la creación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, uno de los instrumentos más exitosos del sector en términos de resultados medibles. Esta arquitectura se reforzó con la Ley 1556 de 2012, que posicionó al país como destino competitivo para producciones internacionales.

El impacto es contundente: antes de 2003, Colombia producía entre tres y siete largometrajes al año; hoy esa cifra se ha multiplicado varias veces, alcanzando cerca de setenta estrenos anuales.

El impacto es contundente: antes de 2003, Colombia producía entre tres y siete largometrajes al año; hoy esa cifra se ha multiplicado varias veces, alcanzando cerca de setenta estrenos anuales. Los resultados acumulados revelan que en menos de dos décadas, ha producido más de 360 películas, duplicando las 170 que se habían producido en toda su historia previa al 2003.

El país ha seguido desarrollando y diversificando sus incentivos financieros, tanto a través de modelos sectoriales como mediante instrumentos de alcance más transversal.

Entre los primeros, la Ley de Espectáculos Públicos de 2011, que transformó el ecosistema de las artes escénicas al crear una fuente específica de financiación para infraestructura y circulación, y la Ley 1379 de 2010 —Ley de Bibliotecas Públicas—, que fortaleció la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y consolidó un modelo sostenido de acceso a la lectura y la información en el territorio. Entre los segundos, la Ley 1834 de 2017, que introdujo el enfoque de economía creativa, y el Plan Nacional de Desarrollo de 2019, que desarrolló instrumentos como COCREA y las Áreas de Desarrollo Naranja.

La Ley 1185 de 2008, por su parte, desarrolló una importantísima reforma a la Ley General del 97 al integrar el campo del patrimonio inmaterial, ajustar el régimen de los Bienes de Interés Cultural (BIC), crear instrumentos como los PEMP y los PES, y desplazar el énfasis de la declaratoria hacia la salvaguardia activa y participativa, con un papel central para las comunidades.

El Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno retomó el Sistema de Formación Artística y Cultural (SINEFAC) y creó el Sistema Nacional de Circulación, aún por desarrollar. El SINEFAC, además de reglamentarse, fue refrendado en la Ley Artes al Aula, un logro ampliamente reconocido que hoy enfrenta un reto crítico del cual no se habla: la sostenibilidad financiera del programa Artes para la Paz. Todo indica que este programa no se entregará estabilizado ni en lo operativo ni en lo financiero.

Otro avance legislativo que vale la pena mencionar es la Ley de Canasta Básica Cultural, aprobada en 2024 y próxima a ser reglamentada.

Otro avance legislativo que vale la pena mencionar es la Ley de Canasta Básica Cultural, aprobada en 2024 y próxima a ser reglamentada. Esta ley recoge transformaciones profundas en la forma en que accedemos a la vida cultural e introduce la noción de mínimo vital en el ámbito de los derechos culturales, abriendo una pregunta de fondo muy estimulante: ¿cómo lograr que más personas —especialmente aquellas que hoy no participan— se vinculen a la vida cultural?

Por su parte, el artículo 41 de la reforma laboral se ha presentado como una transformación estructural del sector. Sin embargo, difícilmente incidirá de manera real en las condiciones laborales de artistas, creadores y gestores. Quizá por eso se ha anunciado un nuevo proyecto de ley específico desde el Pacto Histórico.

En curso y pendiente del último debate se encuentra el proyecto de ley de la música, que busca replicar parte del modelo de incentivos del sector audiovisual. En contraste, el proyecto de ley del gestor cultural representa un retroceso en un campo esencial para la vida democrática, razón por la cual muchos esperamos su archivo.

En contraste, el proyecto de ley del gestor cultural representa un retroceso en un campo esencial para la vida democrática, razón por la cual muchos esperamos su archivo.

Sobre la reforma a la Ley General de Cultura volveremos con un análisis más detallado ahora que se conoce el texto aprobado en Cámara. Lo revisado hasta ahora —especialmente en materia de patrimonio y bibliotecas, que en versiones anteriores tenía desarrollos acertados— confirma una advertencia conocida: no toda reforma mejora las cosas, y en algunos casos es preferible preservar lo alcanzado, no hace 30 años, sino a lo largo de estos 30 años, antes que retroceder en enfoques, paradigmas y conquistas.

Con aciertos y desaciertos, lo cierto es que el sector cultural ha estado en el centro de debates y desarrollos importantes en estas tres décadas. Hoy, sin embargo, se configuran al menos dos alertas.

Por un lado, la llamada bancada cultural, integrada por congresistas de distintos partidos, parece estar a punto de desaparecer: muchos de quienes impulsaban esta agenda, o sus relevos, no lograron llegar al Congreso, y tampoco lo hicieron nuevos liderazgos con la cultura como bandera.

Por otro, el escenario electoral abre riesgos distintos. Si se impone una opción de derecha, en un contexto de estrechez fiscal y pobres resultados en sectores como Igualdad o Deporte, no es descartable una maniobra similar a la intentada por el gobierno de Michel Temer en Brasil, que buscó suprimir el Ministerio de Cultura o, en el mejor de los casos, una fusión que sin duda debilitará las posibilidades de futuro. Y, en cualquier caso, la pregunta de fondo será cómo implementar las leyes aprobadas y sostener una agenda cultural ambiciosa en medio de las restricciones fiscales severas que deja este gobierno.