La Universidad San José deberá entregar información académica relacionada con 1.276 funcionarios públicos, luego de que un juez constitucional fallara a favor de la congresista Jennifer Pedraza, quien interpuso una acción de tutela tras meses de espera por los datos solicitados.

El caso se convierte en un nuevo episodio de tensión entre la parlamentaria y la institución educativa, en medio de cuestionamientos sobre la forma en que fueron otorgados algunos títulos académicos a personas que hoy ocupan cargos en el Estado. La decisión judicial fue celebrada por Pedraza, quien ha insistido en que se trata de información de interés público.

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Un fallo que obliga a entregar la información

La Universidad confirmó, mediante un comunicado oficial, que fue notificada de un fallo de tutela proferido el 28 de enero de 2026, en el que un juez ordenó la entrega de la información solicitada.

“La solicitud se refiere a datos personales de la actividad académica de personas egresadas de esta casa de estudio, que de una forma u otra están vinculadas con el Estado”, señaló la institución.

Según explicó la universidad, la información requerida incluye datos de carácter público y semiprivado, de acuerdo con la normatividad vigente y la jurisprudencia constitucional.

Dudas sobre títulos académicos

El proceso judicial se originó tras conocerse varios casos que despertaron dudas sobre la legalidad de algunos títulos, entre ellos el de Juliana Guerrero, quien, según versiones conocidas públicamente, habría obtenido su diploma sin asistir a clases ni presentar la prueba Saber Pro.

Estos antecedentes llevaron a la congresista a solicitar información detallada sobre la actividad académica de servidores públicos que obtuvieron títulos en esta institución.

Jennifer Pedraza, congresista que impulsó la tutela contra la Universidad San José. Colprensa

La posición de la Universidad San José

En su pronunciamiento, la Fundación San José aseguró que acatará la orden judicial en los términos establecidos por el fallo. “En coherencia con nuestro compromiso con la educación, el respeto por las leyes y el acatamiento de las decisiones judiciales, procederemos a dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad competente”, indicó la universidad.

Además, señaló que informará individualmente a los egresados involucrados sobre las condiciones bajo las cuales se realizará la entrega de la información, garantizando el debido proceso y la protección de sus derechos.

“Se informará a cada uno de los egresados involucrados sobre las condiciones y circunstancias bajo las cuales se realizará la entrega de la información relacionada con su situación académica personal”, agregó la institución.

La universidad también anunció que solicitará el acompañamiento de la Personería de Bogotá, con el fin de proteger los derechos constitucionales tanto de la organización como de sus estudiantes y egresados.

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La reacción de Jennifer Pedraza

A través de su cuenta en la red social X, la congresista celebró la decisión judicial y aseguró que la información solicitada corresponde a 1.276 funcionarios públicos, de los cuales al menos 779 presentan irregularidades.

“¡Una vez más le ganamos a la San José en los estrados! Después de mucha lucha jurídica, un juez les ordenó entregarme la información académica (de interés público) que solicité desde noviembre”, escribió Pedraza.

La parlamentaria también aclaró que la acción judicial fue radicada en noviembre, cuando aún no estaba definida su actual coyuntura política, y cuestionó la demora en la entrega de los datos.

¡Una vez más le ganamos a la San José en los estrados! Después de mucha lucha jurídica, un juez les ordenó entregarme la información académica (de interés público) que solicité desde noviembre sobre 1.276 funcionarios públicos, dentro de los cuales al menos 779 tienen… https://t.co/mKJpuT4o4w

— Jennifer Pedraza #100 Ahora Colombia (@JenniferPedraz) February 5, 2026

Un caso que sigue abierto

Aunque el fallo ordena la entrega de la información, el debate sobre la validez de los títulos y las posibles responsabilidades apenas comienza. La decisión judicial abre la puerta a nuevos análisis sobre la relación entre instituciones educativas y funcionarios públicos, así como sobre los mecanismos de control y transparencia en el sistema de educación superior.