La justicia transicional en Colombia: ¿se llegará a la paz total?

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió el proyecto de ley de Paz Total y aseguró que la puerta de la justicia transicional no se cerró con la firma del proceso de paz durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, sino que en el país el conflicto armado perdura en el tiempo.

“El conflicto no acabó desafortunadamente con las negociaciones de la Habana. El conflicto armado se mantiene y la prueba de que se mantiene es que tenemos un poder desestabilizador de grupos como el ELN o el Clan del Golfo con más de ocho mil integrantes”, señaló el ministro de Justicia.

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Para el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, señaló que el proyecto de ley busca dar “grandes beneficios a grandes organizaciones criminales”, además de grupos de delincuencia común y extorsionistas.

“crea un anacronismo con todo el sistema colombiano. Piénsese no más a la JEP persiguiendo generales, mandándolos a la cárcel con penas bien grandes de privación de la libertad, mientras estos delincuentes comunes se van para la casa. Otros delincuentes menores condenados a penas de 10, 12 años por delitos que no son tan graves y no van a obtener beneficios, esto en el sistema colombiano crea una afrenta al principio de la igualdad”, señaló el exmagistrado Arrubla.

La presidenta de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Myriam Ávila Roldán, señaló que la alta corporación vota desfavorablemente el proyecto de ley después de la socialización que se hizo el ministro de justicia.

“En criterio de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el proyecto no contó con la suficiente deliberación al interior del Consejo de Política Criminal cuando se trata de un tema que requiere de un análisis reposado, ponderado por el acto impacto que genera para el país”, señaló la magistrada.

Advirtió que se van a utilizar recursos de la rama judicial, de la Fiscalía General y de la justicia penal ordinaria y que además no aparee una justificación suficiente acerca de las herramientas normativas vigentes no son suficientes para enfrentar el problema con las organizaciones criminales y la delincuencia común.  

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“Es altamente inconveniente que en una misma iniciativa legislativa se mezclen temas incompatibles como asuntos propios de la justicia transicional con temas propios de la jurisdicción ordinaria y adicionalmente con personas judicializadas en virtud de la protesta social”, manifestó la magistrada.

El abogado penalista Francisco Bernate, quien es integrante de la Comisión de Política Criminal, señaló que a lo largo de la historia el gobierno de turno ha adelantado negociaciones con grupos armados al margen de la ley y que estas deben estar rodeadas de un marco jurídico que define las reglas de juego.

"Esa es la propuesta que se ha presentado, en últimas lo que se observa es más o menos lo de Justicia y Paz. ha generado controversia el que haya penas de prisión entre cinco y ocho años, es lo mismo que establece Justicia y Paz que incluso fue validado por la Congreso y la Corte Constitucional", sostuvo el jurista.

Ministro de Justicia le salió al paso a los cuestionamiento

El ministro de justicia, Eduardo Montealegre, explicó que el proyecto de ley va dirigido a tres grupos. El primero, actores del conflicto armado y enmarcados en el Derecho Internacional Humanitario; el segundo, grupos de crimen organizado y el tercero, aquellos que hacen parte de la judicialización por la protesta social.

El ministro explicó que en el primero de los grupos se requiere además que tengan cierto control de mando, que tengan voceros y ejerzan cierto control sobre el territorio nacional, y que en tal sentido el Clan del Golfo podría encasillarse en este grupo y añadió que en este caso no se requiere tener el estatus de delincuentes políticos.

#AEstaHora | El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, lidera la rueda de prensa sobre el proyecto de ley que propone el 'Marco Jurídico para la #PazTotal', una iniciativa para desmantelar estructuras criminales y avanzar hacia una paz integral en Colombia. ⚖️🇨🇴

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— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) July 21, 2025

Otro de los puntos que ha sido objeto de cuestionamiento, es el relacionado con las penas que recibirían quienes se sometan a este mecanismo de justicia transicional y de paz total, el cual también se divide en tres grupos de sentencias.

• Para actores del conflicto, las penas serían entre los 5 y los 8 años de prisión.

• Para el crimen organizado se les otorgaría un beneficio de reducción en la pena que iría entre el 40 y 60 por ciento.

• Para los grupos de protesta social, las rebajas de la pena serían hasta de un 70 por ciento.

• En todos los casos, quienes se sometan se podrán quedar con el 12 por ciento de los bienes que hayan adquirido de manera ilícita.

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