Perfil de Sandra Ortiz: ¿cómo llegó al gobierno y terminó en el caso UNGRD?

Sandra Ortiz, quien fue la primera alta ficha del círculo cercano al Ejecutivo en ser privada de la libertad dentro del escándalo por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, recuperará su libertad tras una decisión judicial que acogió los argumentos de su defensa. El juez consideró que se superaron los tiempos legales sin que avanzara la etapa de juicio, lo que configuró una vulneración al debido proceso.

El caso de Ortiz se ha convertido en uno de los más mediáticos dentro de las investigaciones por presuntas irregularidades en la UNGRD, entidad encargada de la gestión de recursos para la atención de emergencias en el país. Su nombre ha estado vinculado a uno de los capítulos más sensibles del proceso judicial, en el que también aparecen otros exfuncionarios y actores políticos.

Según las investigaciones, Ortiz habría sido señalada de participar en la entrega de cerca de $ 3.000 millones de pesos a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, quienes permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota desde hace aproximadamente un año. Estos hechos estarían relacionados con presuntas gestiones para facilitar el trámite de reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.

Por estos señalamientos, la exfuncionaria enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, dentro de un proceso que continúa en etapa de audiencias preparatorias, fase en la que se definen las pruebas que serán presentadas en el eventual juicio.

Le puede interesar: En libertad Sandra Ortiz, exconsejera presidencial señalada de llevar maletas con $ 3.000 millones

Momentos de la audiencia preparatoria en el caso de Sandra Ortiz. Redes sociales

Su llegada al entorno del poder

Sandra Ortiz construyó su trayectoria en escenarios políticos y administrativos que la llevaron a ocupar espacios cercanos a estructuras de poder regional y posteriormente nacional. Su llegada al entorno del Gobierno se dio en medio de un contexto en el que el Ejecutivo integró diferentes perfiles para fortalecer su equipo en áreas estratégicas del Estado.

Con el tiempo, su presencia en círculos institucionales la fue acercando a entidades de alto nivel, donde participó en dinámicas administrativas relacionadas con la gestión pública. Ese recorrido la situó en un escenario de mayor visibilidad política, previo a su vinculación con el caso que hoy enfrenta.

El caso UNGRD y las investigaciones

El centro de la investigación es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad responsable de coordinar la atención de emergencias y la administración de recursos destinados a la prevención y manejo de desastres en el país.

Las autoridades investigan posibles irregularidades en la gestión de contratos y decisiones administrativas, así como el posible desvío de recursos públicos. En ese contexto, el nombre de Sandra Ortiz fue incluido dentro del expediente judicial como parte de las indagaciones sobre el funcionamiento interno de la entidad.

El caso ha generado amplio impacto político y mediático debido a la sensibilidad de los recursos involucrados, lo que ha elevado la atención pública sobre el avance del proceso judicial.

Sandra Ortiz enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias en el caso UNGRD. Redes sociales

La decisión del juez y la libertad de Ortiz

La libertad de Sandra Ortiz fue ordenada por un juez tras considerar que el proceso ha superado los términos legales establecidos sin avanzar a la etapa de juicio. La defensa argumentó que han transcurrido más de 400 días desde la radicación del escrito de acusación sin que se haya iniciado la fase correspondiente.

“El despacho se ha pronunciado por un término de 473 días, contados inclusive desde la fecha de presentación del escrito de acusación, la cual se corresponde con el acta de reparto mediante la cual se asignó el conocimiento al Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Bogotá”, señaló el juez en su decisión.

El togado explicó que durante el proceso se presentaron distintos periodos que contribuyeron a la demora. Entre ellos, un lapso de 63 días entre el 10 de abril de 2025 y el 11 de junio de 2025; además de 14 días por licencia de la jueza entre noviembre y diciembre de 2025.

También se incluyeron 61 días entre febrero y abril de 2026, mientras se resolvía una solicitud de preclusión, y otros 6 días asociados a una recusación presentada por la defensa, ambas situaciones consideradas como maniobras dilatorias por el despacho.

“Lo anterior arroja un total de 144 días. Al descontar esos 144 días de los 173 inicialmente contabilizados, se obtiene un guarismo de 329 días, término que evidentemente supera los 240 días que establece la ley”, concluyó el juez.