El contrato de $1 billón para la energía en la Costa: la Procuraduría investiga
La Procuraduría General de la Nación anunció un seguimiento preventivo al contrato.
El Ministerio Público anunció el inicio de un procedimiento de seguimiento preventivo a un contrato suscrito por la empresa de energía Air-e con una multinacional china, por un valor de $1 billón.
Según la compañía operadora de la red eléctrica de la Costa Caribe, actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el acuerdo tiene como objetivo financiar proyectos de infraestructura eléctrica en los departamentos donde presta el servicio.
La suscripción del negocio, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, adquiere especial relevancia debido a que las obligaciones contractuales de este tipo podrían comprometer el patrimonio de la empresa.
En el caso de Air-e, que opera el servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, este tipo de operaciones debe contar con autorización expresa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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¿De qué se trata el contrato?
La intervenida empresa de energía Air-e firmó el contrato con China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), una compañía estatal que manifestó su interés en invertir en las redes eléctricas de la Costa colombiana.
Según se conoció, el acuerdo fue suscrito por $1 billón y tendrá una duración de 60 meses.
Entre las condiciones pactadas se encuentra una tasa de financiación del 5,2 % efectivo anual, además de un periodo de gracia que comenzará una vez entren en operación las obras financiadas.
De acuerdo con la compañía, los recursos estarán destinados al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica de los departamentos atendidos por Air-e.
El plan de inversiones contempla trabajos en subestaciones de potencia, redes de distribución y sistemas de transmisión, componentes considerados necesarios para el funcionamiento de la red eléctrica regional.
Sin embargo, debido a la intervención de la empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la operación financiera generó la atención del Ministerio Público, que busca establecer las condiciones bajo las cuales fue acordada.
¿Qué requerimientos hizo la Procuraduría?
Una vez se conoció la existencia del contrato, el ente de control requirió tanto a Air-e como a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que informaran cuáles fueron las condiciones técnicas y jurídicas bajo las que se realizó la negociación.
Adicionalmente, fueron solicitados los estudios técnicos que respaldaron la decisión de suscribir el acuerdo, así como los documentos relacionados con las bases financieras y jurídicas de la operación.
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La Procuraduría también pidió información sobre los riesgos identificados, las garantías establecidas y las fuentes de pago previstas por la compañía.
A esto se sumaron los soportes de las autorizaciones y gestiones adelantadas ante la SuperServicios en relación con el contrato celebrado con la empresa china.
¿Qué busca verificar el seguimiento?
Además de establecer si la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios conocía previamente la suscripción del negocio, el Ministerio Público busca determinar cuál sería el impacto de las obligaciones adquiridas por Air-e y si estas podrían generar algún efecto sobre los usuarios del servicio de energía en el Caribe.
En ese sentido, también pretende analizar el detalle de los proyectos que serán financiados con los recursos, así como sus posibles efectos sobre la continuidad de la prestación del servicio y las tarifas.
El seguimiento preventivo busca establecer, además, si la operación se ajusta a las condiciones establecidas para una empresa que actualmente se encuentra bajo intervención estatal y si las decisiones adoptadas cuentan con los respectivos soportes técnicos, jurídicos y financieros.
Finalmente, la Procuraduría indicó que su actuación no pretende cuestionar la necesidad de las inversiones previstas para mejorar la infraestructura eléctrica de la región.
El propósito, según el ente de control, es verificar que la operación financiera suscrita con la multinacional china se encuentre dentro del marco de la intervención gubernamental, que las obligaciones asumidas sean respaldadas de manera adecuada y que se protejan tanto el patrimonio de Air-e como la prestación del servicio a los usuarios de los departamentos de la Costa Caribe.
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