El billonario pago a Portugal por los pasaportes queda en manos del Consejo de Estado: ¿qué cambia?
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la suspensión de los recursos y el Ministerio Público llevó el expediente hasta la alta corte.

El futuro de la plata para imprimir los pasaportes Colombia está ahora en el Consejo de Estado. Esta alta corte tiene que decidir si frena o aprueba un pago de $1,3 billones. Ese es el dinero que el Gobierno prometió entregarle a la Casa de la Moneda de Portugal por hacer las libretas. La Procuraduría General de la Nación pidió congelar la plata por considerar el trato ilegal. Un primer juez ya dijo que no y el caso subió de nivel.

Imprenta Nacional presenta nuevo modelo de pasaportes. Foto: Colprensa.
¿Por qué buscan frenar el pago de pasaportes Colombia?
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se negó a suspender el pago el pasado 27 de julio. El magistrado José Élver Muñoz explicó en un documento que frenar el dinero afectaría la entrega del documento a los ciudadanos. La Procuraduría apeló esa decisión.
El procurador Marcio Melgosa argumentó en un oficio de 14 páginas revelado por La FM que el servicio se debe garantizar cumpliendo la ley. El funcionario calificó el contrato con Portugal como presuntamente contrario a las normas. El expediente pasó el 20 de agosto al Consejo de Estado. El magistrado Nicolás Yepes Corrales tiene ahora la última palabra sobre el desembolso.
El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores defendió el pago. La abogada de la entidad, Alexandra Quintero Fajardo, presentó un recurso para evitar que congelen los recursos. El nuevo gobierno del presidente, Abelardo De La Espriella, todavía no anuncia su postura sobre este pleito judicial.
¿Qué pasó con el abogado del Gobierno sancionado?
El pleito judicial dejó una sanción económica. El Tribunal de Cundinamarca multó a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado con siete salarios mínimos. Es decir, poco más de doce millones de pesos. El castigo incluye al exdirector de la entidad, Mariano Ezequiel Barros.
Los jueces castigaron a Barros por usar de forma abusiva una recusación, el mecanismo legal para apartar a un juez de un caso. El abogado intentó sacar del proceso al magistrado Moisés Rodrigo Mazabel. Argumentaba que el juez ya tenía una posición tomada a favor de una de las partes.
"Se advierte un ejercicio abusivo y temerario", escribieron los magistrados en el documento de sanción. El tribunal envió copias del caso a la Comisión de Disciplina Judicial. Esta entidad investigará el comportamiento ético de los abogados involucrados.
¿Qué pasó con la antigua empresa contratista?
La empresa Thomas Greg & Sons dejó de imprimir las libretas en abril de este año. La compañía tuvo ese negocio de forma ininterrumpida desde el año 2007. El cambio de empresa generó un proceso penal contra el exministro Álvaro Leyva.

Álvaro Leyva a juicio por prevaricato en el caso de los pasaportes. Foto: Colprensa.
La Fiscalía General de la Nación acusó a Leyva ante la Corte Suprema de Justicia por prevaricato por acción. Este delito ocurre cuando un funcionario toma decisiones abiertamente contrarias a la ley. La Procuraduría ya lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos por este mismo tema.
La Imprenta Nacional asumió el trabajo de los pasaportes. Para esto, firmó un cuarto contrato con la Cancillería por $185.370 millones. La entidad oficial confirmó la entrega de 383.000 libretas bajo este nuevo sistema con apoyo del gobierno de Portugal.
