MinJusticia les pidió la renuncia protocolaria a los integrantes de la Comisión de Política Criminal
El oficio salió de la Secretaría Técnica, se apoyó en el Decreto 2055 de 2014 y fijó el 28 de agosto como fecha límite.

El Ministerio de Justicia les pidió la renuncia protocolaria a los integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal y les dio dos días para enviarla por correo electrónico.
El oficio salió el 26 de agosto de 2026 desde la Secretaría Técnica de la Comisión y fijó el viernes 28 de agosto como fecha límite para remitir las cartas al correo consejosuperior@minjusticia.gov.co. Lo firmó Laura Nataly Castillo Garay, secretaria técnica de esa instancia y directora encargada de Política Criminal y Penitenciaria.
El documento atribuyó la solicitud al cambio de jefe en la cartera y sostuvo que Iván Cancino asumió el liderazgo del Ministerio en agosto. Con ese argumento pidió "la remisión de su renuncia protocolaria al cargo de miembro actual de dicha Comisión". En la renuncia protocolaria el miembro pone el cargo a disposición de quien lo nombró.
¿En qué norma se apoya la solicitud de renuncia?
El artículo 19 del Decreto 2055 de 2014 le entrega al ministro de Justicia la facultad de designar a los integrantes de la Comisión, y ese es el respaldo que invocó el oficio. La misma norma creó la instancia con carácter permanente, la fijó en 10 académicos y estableció que trabajan sin remuneración, por periodos de dos años que el ministro puede prorrogar.
Las funciones aparecen en el artículo 20 del mismo decreto. La Comisión adelanta los estudios que le encomiende el Consejo Superior de Política Criminal, examina los proyectos de ley y de acto legislativo que lleguen a su consideración y los confronta con los desarrollos científicos pertinentes antes de emitir un concepto, rinde informes de sus actividades y promueve con universidades investigaciones y tesis de grado sobre la materia.
El presidente de la Comisión entra a las sesiones del Consejo Superior de Política Criminal como invitado permanente, con voz y sin voto, según el parágrafo del artículo 5 del mismo decreto. Esas sesiones son reservadas y a ellas solo asisten los miembros del Consejo y las personas que invite su secretario técnico.
Los nueve expertos que designó Montealegre en 2025
La última designación completa que publicó el Ministerio se firmó el 24 de junio de 2025, con la Resolución 1175. Con ese acto, el entonces ministro Eduardo Montealegre nombró a nueve integrantes por dos años contados desde esa fecha.
Los nombres son Rocío del Pilar Peña Huertas, Yessika Hoyos Morales, Aura María Cárdenas Paulsen, María Camila Moreno Múnera, Julio César Ortiz Gutiérrez, Francisco Bernate Ochoa, Mauricio Cristancho Ariza, Sebastián Machado Ramírez y Martha Cecilia Abella de Fierro.
Sus perfiles cubren derecho penal, derecho constitucional, criminología, antropología, justicia transicional y defensa de derechos humanos, según la reseña que publicó el Ministerio al anunciar la resolución. Peña Huertas es profesora emérita de la Universidad del Rosario, Moreno Múnera es antropóloga con más de 30 años de trabajo en derechos humanos y procesos de paz, y Hoyos Morales litiga casos de graves violaciones a los derechos humanos.

