Archivos cifrados y carpetas vacías frenan la audiencia del juicio a Bonilla y Velasco por la Ungrd
El magistrado Jorge Emilio Caldas ordenó a Fiscalía y defensas revisar juntas el expediente. La fiscal negó haber ocultado material.

El magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, suspendió este lunes la audiencia del juicio contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior. Le dio tres semanas a la Fiscalía General de la Nación y a las defensas para reunirse y revisar juntas todas las pruebas del caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La orden llegó después de que la Fiscalía y las defensas reconocieran en la diligencia que varias de las pruebas entregadas tienen contraseñas o medidas de seguridad que impidieron verlas. Sin ese material no pudo avanzar la audiencia preparatoria, que es la etapa en la que se definen las pruebas que se usarán en el juicio.
Hubo dos aplazamientos antes de esta diligencia. Estaba citada para el 30 de junio, pero la defensa de Velasco pidió tiempo para estudiar el material de la Fiscalía y el magistrado la movió al 12 de agosto. Ese día Caldas la volvió a aplazar porque la defensa del exministro del Interior pidió más plazo para revisar más de cuatro terabytes de información y miles de folios.
¿Qué pruebas no pudieron revisar las defensas?
Un blu-ray con la extracción de un buzón que no se pudo copiar, carpetas que la Fiscalía y la defensa constataron vacías y documentos "sin carpeta de texto" que la propia Fiscalía ofreció escanear de nuevo forman parte del material que está incompleto, según Alejandro Carranza, abogado de Bonilla. "Que la copia sea fiel no significa que la evidencia esté completa", dijo Carranza en la audiencia. "¿Para qué descubría la Fiscalía elementos que no puede permitirle acceso a la defensa?", preguntó.
"Siento a la Fiscalía inundándonos de información de la que, tal como lo acaba de decir el abogado Carranza, mucha no tiene ningún sentido, pero lo que quiere es inundarnos y reducir la capacidad de la defensa", dijo Bonilla, quien asistió a la diligencia.
"¿Por qué están escondiendo las extracciones del celular de Sneyder?, ¿Qué hay ahí?", preguntó Velasco. Se refería a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd y uno de los principales testigos de la Fiscalía. El exministro agregó: "¿será que si la Corte, en particular, y el país en general conocen esa información, se evidenciará cómo la Fiscalía no quiso investigar el inmenso robo de la Ungrd?".
¿Qué respondió la Fiscalía?
La fiscal del caso calificó de "equivocada" la interpretación de las defensas sobre un supuesto ocultamiento de pruebas. "Ningún elemento fue ocultado, sustraído, reservado o deliberadamente excluido del conocimiento de la defensa. Por el contrario, dentro del descubrimiento efectuado se incluyeron, incluso, aquellos archivos digitales que se encontraban protegidos mediante mecanismos de seguridad que impedían su apertura, precisamente para garantizar la máxima transparencia posible con relación a todo aquello que hacía parte del expediente investigativo", dijo en la audiencia.

Magistrado Jorge Emilio Caldas dio tres semanas a Fiscalía y defensas en el caso Ungrd. Foto: Corte Suprema de Justicia.
En julio, los abogados de Velasco le informaron a la Corte que habían firmado con investigadores de la Fiscalía varias actas de verificación que mostraban archivos incompletos y con fallas técnicas. Lo hicieron para pedir que el tiempo del primer aplazamiento no se descontara del máximo que el exministro podía pasar detenido sin juicio.
Caldas negó esa solicitud. El magistrado recordó que, según la Sala de Casación Penal, el tiempo que la defensa pide para preparar su estrategia no cuenta a favor de la libertad del procesado.
¿De qué acusa la Fiscalía a Bonilla y Velasco?
La Fiscalía sostiene que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, los dos exministros habrían dirigido una "empresa criminal" que comprometió $612.237 millones en proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Ungrd. Según la Fiscalía, esos proyectos se les prometieron a congresistas a cambio de votos para las reformas pensional y de salud y para aprobar operaciones de crédito público del Gobierno. De ese total, $571.701 millones correspondían al Invías y $40.536 millones a la Ungrd.
El 30 de abril, la Corte los declaró formalmente acusados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los dos niegan los cargos. La acusación se apoya en las declaraciones de Pinilla, de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.
Velasco estuvo recluido desde el 18 de diciembre de 2025 en una guarnición militar en Cali (Valle del Cauca). En agosto, la Corte le revocó la detención al resolver una tutela, y esa libertad le quitó por ley la prioridad al proceso. Bonilla salió libre el 7 de abril, cuando el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que la Fiscalía radicó la acusación seis días después del plazo legal, que vencía el 31 de marzo.

