La Fiscalía General de la Nación presentó oficialmente ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). En el documento, el ente acusador asegura que las conductas atribuidas a González carecen de justificación legal y afectaron bienes jurídicos protegidos por el Estado. Por esto, la Fiscalía le imputará cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.

“El comportamiento desplegado puso en riesgo bienes jurídicamente tutelados por el Estado, afectando directamente la administración pública y el orden económico y social”, indicó la Fiscalía.

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Carlos Ramón González, imputado en el Caso UNGRD. Fotomontaje

¿Qué irregularidades se le atribuyen a González?

Según el escrito de acusación, González habría participado en varias actuaciones irregulares relacionadas con el manejo indebido de recursos públicos y la recepción de beneficios ilegales vinculados a su cargo. La Fiscalía asegura que estas acciones se ejecutaron aprovechando su posición dentro del Estado, lo que agravaría su responsabilidad penal y habría defraudado la confianza depositada por la sociedad.

El documento también señala que los dineros obtenidos irregularmente fueron objeto de maniobras para ocultar su origen, lo que sustenta la imputación por lavado de activos. Además, se destacan hechos en los que también resultaron salpicados Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Iván Name, expresidente del Senado (2023-2024); y Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara.

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La Fiscalía presentó la acusación formal contra Carlos Ramón González. Fiscalía

Audiencia de acusación y situación del acusado

La audiencia de acusación se realizará el 29 de enero a las 8:00 a.m. en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. En ella, el tribunal escuchará formalmente los cargos y definirá el rumbo del proceso judicial.

“El procesamiento de los dineros evidencia una estrategia para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilegal… Las pruebas recaudadas permiten inferir la responsabilidad penal del acusado. Los hechos investigados comprometen gravemente la confianza en las instituciones públicas”, se lee en el escrito.

Actualmente, González se encuentra en Nicaragua, país al que llegó tras solicitar asilo político. Según su defensa, no tiene intención de regresar a Colombia, incluso si se dicta una condena. A pesar de esto, el proceso continuará conforme a la ley, ya que la solicitud de asilo no suspende las actuaciones penales en Colombia.